Los contratos de un exfuncionario perjudican los derechos de trabajadores del IMSS

Por PODER/MéxicoLeaks

Dos empresas, Sistemas CBT¹ y Centro de Productividad Avanzada, S.A, de C.V., utilizan la marca “Corporativo CEPRA²” para vender principalmente talleres al Gobierno de México. Y no habría nada inusual, de no ser porque a esa marca la registró un extrabajador de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se le otorgaron contratos millonarios mientras él aún era funcionario público.

La Marca CEPRA y sus empresas han acumulado más de 87 contratos por 280,889,705.7 de pesos y al llamar por teléfono a cualquiera de las compañías, una secretaria recoge pedidos a nombre de Raúl de Jesús Pichardo García (el exfuncionario en cuestión) aceptando que es uno de los dueños de las mismas. También comparten dirección fiscal, información en sus avisos de privacidad y el dominio @cepra.com en sus correos electrónicos. Según su perfil público, las empresas en su conjunto cuentan con 70 trabajadores y se encuentran ubicadas en Avenida Insurgentes Sur #800³.

Pichardo García entró a la SFP durante la presidencia de Vicente Fox. El año 2003 determinó el futuro de sus negocios. Tras la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que implementó áreas de capacitación en todas las dependencias públicas, Pichardo García aprovechó sus conocimientos en el área y vínculos con el Partido Alviazul para consolidar sus relaciones políticas y sus negocios.

Sistemas CBT comenzó a licitar con el gobierno en el mismo año que Pichardo García entró a la función pública. Asimismo, la empresa consiguió que algunos de sus contratos fueran bajo la figura de adjudicación directa, mecanismo de contratación que con el tiempo se volvió progresivo para la firma.

Las dependencias que otorgaron licitaciones a las empresas relacionadas con Pichardo García son: Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Cultura Económica (FCE). Igual daba que solicitaran asesoría para ejercer un taller de feminismo, que comprar grasas y lubricantes, la empresa Sistemas CBT tenía de todo. Pero existen pruebas de que algunas cosas salieron mal. Tal es el caso de Trabajadores del IMSS, que vía Méxicoleaks denunciaron haber tenido que solucionar proyectos incompletos.

Su mayor negocio lo realizó para la implementación de programas de aprendizaje denominado e-learning. Sin embargo, los contratos no están adjuntos en la Plataforma de Obligaciones de Transparencia (POT). Sólo se registró el gasto, la fecha y el monto que se pagó, de 4 a 14 millones de pesos por taller.

Así fue que el Servicio Profesional Nacional, que surgió con la Ley del Servicio Profesional de Carrera -impulsada desde la silla presidencial-, se convirtió en un negocio millonario para las empresas como CBT. Tan a favor de dicha política pública estaba Pichardo García, que se le puede leer haciendo proselitismo a favor de Vicente Fox: “La política de Buen Gobierno es un elemento clave de los compromisos que el Presidente Vicente Fox ha hecho para consolidar la democracia en México. Una de las estrategias de la Agenda de Buen Gobierno, es formar un Gobierno Profesional”⁴, dijo durante el discurso que presentó frente al Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, en Santiago de Chile en 2005.

Desaparece su declaración y aparecen las empresas

Cuando inició su gestión en la SFP, Pichardo García, el dueño de CBT y ahora exfuncionario, publicó su primera declaración patrimonial y de intereses, el mismo año de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. En esa ocasión el funcionario registró perfectamente ambos documentos, y como cualquier ciudadano, registró sus deudas en tarjeta de crédito y pocos bienes.

Según ese primer documento, que se encuentra público en la sección de declaraciones de funcionarios, Pichardo García, había trabajado en Grupo Salinas como director de capacitación antes de entrar a la SFP, contaba con un patrimonio de 36 mil pesos, una sala comedor, 2 televisores, una computadora, mil pesos en una tarjeta de incorporación bancaria y una deuda de 53 mil pesos en créditos con tarjetas.

Pero algo ocurrió tres años después, en 2006, que fue la última vez que Pichardo García haría pública su declaración patrimonial y de intereses. En ese último documento, el exfuncionario, había aumentado estrepitosamente sus pasivos, eliminado la sección de propiedades y ocultado sus posibles conflictos de interés. Reportó una deuda de 205,400 pesos sólo en tarjetas de crédito. Los años siguientes, se limitó a publicar sus antecedentes laborales.

PODER solicitó entrevista con los altos ejecutivos de ambas empresas. No obstante, al momento del cierre de esta edición, ninguna de las empresas respondió.

Trabajar en el IMSS sin tener IMSS y otras irregularidades

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron vía Méxicoleaks, entre otras cosas, que la empresa Sistemas CBT, S.A de C.V., de Pichardo García, ganaba licitaciones que no podía cumplir. También dieron pruebas de explotación laboral e incumplimiento de contratos.

Las contrataciones a Sistemas CBT emergían del Área de Gestión del Conocimiento del instituto de salud pública, con el objetivo de diseñar talleres con los que los médicos se acreditaran en diferentes áreas. Pero mientras el exfuncionario del periodo panista se llenaba los bolsillos, los trabajadores por honorarios tenían que arreglar los trabajos mal hechos o incompletos de esas adjudicaciones.

En la función pública, son los trabajadores con contratos más vulnerables quienes pagaron por estos malos negocios y su condición como prestadores de servicios profesionales, en lugar de estar contratados como personal de base, fortaleció la impunidad ante la explotación. Violentar los contratos de los trabajadores del IMSS se volvió una práctica habitual (y solapada desde los más altos puestos del instituto).

Pese a que algunos directores de área, como Israel Villegas Pérez, Tomás Arrieta Pérez, Ricardo Mora o Priscila Montealegre, quienes sí gozan de las prestaciones y beneficios que otorga trabajar para el Estado, conocen perfectamente las condiciones en que se encuentran los trabajadores más vulnerados de ese escalafón burócrata (prestadores de servicio, honorarios y salarios asimilados), no están dispuestos a seguir la Ley.

PODER recibió pruebas de que el instituto de salud pública violenta sus propios contratos. Pese a que el artículo décimo cuarto de las contrataciones por honorarios, estipula claramente que los trabajadores contratados bajo ese esquema no están obligados a: “Registrar asistencia, asistir a un área determinada, tener horario ni jornada, atender ordenes giradas por escrito, presentarse como personal, ni sujetarse a la dirección o subordinación de algún servidor público”.

En cambio, por escasos 18 mil pesos mensuales y sin derecho a ninguna prestación, los trabajadores por honorarios del Área de Gestión del Conocimiento del IMSS, sí tienen que cumplir con un horario laboral de ocho horas diarias y en caso de llegar tarde, deben pagar sus retardos con horas extra de más trabajo; también están obligados a asistir a las instalaciones. Un ejemplo de esto es el ocurrido en la Unidad del Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el que por lo menos tienen a 40 personas trabajando en un sótano bajo estas mismas condiciones.

Todos ellos están bajo la dirección de la titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del IMSS, Ana Carolina Sepúlveda-Vildósola, quien declaró para PODER ostentar ese cargo desde 2016.

La máxima autoridad a cargo del departamento de Educación e Investigación, Sepúlveda-Vildósola, es una persona que desconoce el horario de trabajo de sus subordinados, pese a que aparece como firmante de los contratos con los empleados. La servidora tampoco sabe bajo qué argumentos se invitó a licitar a la empresa Sistemas CBT o por qué no termina los trabajos para los que se le paga. También reconoció desconocer las cláusulas de los contratos que se están violentando todos los días desde que ella ocupa el cargo. Sepúlveda-Vildósola fue incapaz de completar la entrevista con este medio de comunicación.

Sin embargo, sí intentó acercar a la persona que debería ser el o la responsable directa de estas irregularidades, pero una persona a la que identificaron como Alicia Cárdenas Ceja, titular de la Unidad de Comunicación Social, adscrita a la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, negó la entrevista con PODER, argumentando que este medio sólo tenía derecho a hablar con Carolina Sepúlveda-Vildósola.

Según fuentes a las que tuvo acceso Méxicoleaks, también en el área que dirige Sepúlveda-Vildósola, ocurre la explotación. Trabajadores que pidieron anonimato, revelan las mismas inconsistencias: Jornadas que superan las 8 horas diarias, falta de prestaciones por Ley y asistencias obligatorias.

Este caso es un claro ejemplo de como los contratos mal hechos no solo perjudican al erario público, sino también violenta a los trabajadores más vulnerables, quienes no gozan de los derechos laborales por ley, la pagan.