El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, anunció que se están desarrollando “una serie de acciones” para investigar sobre la presunta responsabilidad de servidores públicos en el caso de abuso sexual infantil cometido por Luis Alonso “N”, ex funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco.
Según advirtió, se buscará revertir a través de un recurso de apelación, la decisión del Juez de Control y Oralidad, Jorge Luis Solís quien, el pasado 14 de agosto, decidió no vincular a proceso a Luis Alonso “N” por el delito de corrupción de menores.
Además de la apelación, se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco contra dicho juez y se dio vista tanto a la Fiscalía Anticorrupción, como a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado para que ambas revisen las actuaciones de los funcionarios implicados en el caso.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Ilustración de portada: Ximena Fouget.
Este martes, el Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, en rueda de prensa informó que han desarrollado una “serie de acciones para tratar de revertir la decisión del Juez Jorge Luis Solís Arana, así como para revisar la actuación de servidores públicos”.
Y es que, tras la decisión del juez de Control y Oralidad, Jorge Luis Solís Arana, sobre no vincular a proceso a Luis Alonso “N”, exfuncionario de Puerto Vallarta por el delito de corrupción de menores, la Fiscalía del Estado anunció que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que “existe una inexacta aplicación de la ley”, así mismo, precisó que se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco contra dicho juez para que se analice su proceder en la decisión tomada respecto al caso:
“Derivada de la decisión emitida por el juzgador el viernes, de inmediato comenzamos a elaborar una serie de proyectos relacionados, con: en primer término, relacionados con una apelación, esto con la finalidad de que el asunto sea revisado por una sala y se determine la pertinencia del ministerio público; y dos, se trabajó en una queja que el día de ayer se presentó ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez por su forma de resolver el presente caso”.
Habrá que advertir que, el Gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció el pasado domingo que, tras una reunión con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, el Juez fue separado del cargo.
Respecto a la actuación del Ministerio Público a cargo del caso en la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, el Fiscal aseguró que se dio vista al Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría Interna de la dependencia para que éstas investiguen la responsabilidad de los servidores involucrados. Según advirtió, ambas podrán actuar con “amplitud de jurisdicción” para señalar al funcionario o funcionarios que puedan estar involucrados tanto en la obstrucción de la justicia, como en otros delitos:
“En el momento en que se corre traslado a la fiscalía anticorrupción y al momento de que se corre traslado a la contraloría interna es con amplitud de jurisdicción para que se revise lo que se considere, se obtengan los documentos que fueran necesarios y en su oportunidad se determine con esa libertad de jurisdicción. Ya ellos decidirán si van en contra de una persona determinada o, en su defecto, quieren o desean ampliar a otro servidor público”.
Es importante recordar que diversas colectivas, organizaciones y mujeres a título personal, ya habrían denunciado “omisiones y graves faltas” cometidas por la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta en la integración de la carpeta de investigación sobre el caso (2712/2020).
En ese sentido, señalaron que la Fiscalía Regional fue omisa en “no perseguir más de dos agravantes; al no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio”; puesto que, precisaron, fue el propio Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, el encargado de asegurar que los peritos no habían encontrado huellas de abuso sexual ni maltrato.
Por ello, manifestaron su preocupación sobre el proceder de ambas autoridades: la del Ministerio Público y la del Juez.
Entre otras fallas documentadas por las organizaciones, se encuentran:
- El no aseguramiento del teléfono celular del imputado.
- No existe dentro de la carpeta la declaración del padre de la menor y tampoco se han realizado y/o integrado los testimoniales del lugar donde la niña fue forzada a subir al vehículo.
- No se recabó la ropa que traía el imputado (el short y el calzoncillo para determinar la existencia de fluidos).
- No se realizó prueba al vehículo en cuanto a los fluidos en el asiento del copiloto y en el piso del mismo lado.
Al mismo tiempo, Sandra Quiñones, representante legal de la niña víctima y de su familia, informó que, hasta la mañana del lunes 17 de agosto, dichos elementos no habían sido incorporados a la carpeta de investigación; mientras que, las autoridades regionales le habrían informado ésta se encontraba en Guadalajara “para trabajar el tema de la apelación”.
Mientras tanto, el Fiscal aseguró que “se siguen recabando datos de prueba en la zona”.
Finalmente, es importante señalar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo un llamado a las autoridades de Jalisco, entre ellas, a la Fiscalía del Estado, al Consejo de la Judicatura y a las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, para “juzgar el caso conforme a la ley y convenios internacionales suscritos por México”.
La Conavim, recalcó en el comunicado emitido el lunes 17 de julio que, es fundamental que se juzgue con perspectiva de género y se vele por el interés Superior de la Niñez; al mismo tiempo que consideró necesario tomar como agravante que el agresor se desempeñaba como servidor público.
