La red #NosotrasTenemosOtrosDatos en su conferencia semanal analizó las implicaciones contextuales, culturales y la relación entre el alza de feminicidios, la trata de personas y el crimen organizado en México.
Para ellas parte del problema es que la actual administración federal no modificó la política de seguridad nacional, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en territorios controlados por el crimen organizado, donde ambas son víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Las ponentes fueron Patricia Olamendi, investigadora; María Salguero, científica de datos; Verónica Caporal, antropóloga, y Alma Cuevas, abogada.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
“Vivimos en un país donde las mujeres estamos expuestas a la desigualdad salarial, donde tenemos limitado acceso a la justicia; donde las agresiones cometidas contra una mujer quedan impunes, y lo normalizamos como sociedad, al punto de verlo como algo cultural, lo que nos lleva a pensar que las mujeres debemos estar ajenas a la defensa de nuestros derechos humanos”, precisó Patricia Olamendi, investigadora y especialista en derechos humanos, quien agregó que esto se agudiza cuando las mujeres habitan en un territorio controlado por el crimen organizado.
Entre los diversos escenarios en los que se gesta la violencia de género a causa del crimen organizado son: concepción de las mujeres como mercancía destinada para la esclavitud sexual: “esto es el segundo negocio más redituable, después del tráfico de drogas”, señaló Olamendi.
Dentro de las mismas familias de los integrantes de cárteles, las hijas, madres, esposas y/o abuelas son obligadas, muchas veces, a participar en el traslado y resguardo de sustancias o a participar en secuestros; las niñas, adolescentes y mujeres que viven en territorios controlados por el crimen organizado; las mujeres que están involucradas directamente en algún grupo delictivo están sujetas al orden patriarcal que designa los roles y las expone, muchas veces, a actividades degradantes, y que atentan contra su seguridad y su dignidad.
En 2015, México se comprometió a participar en el cumplimiento e integración en su agenda de seguridad pública, la Resolución 1325: Mujeres, Paz y Seguridad; sin embargo, “para que México pueda participar debe comenzar por reconocer que hay lugares donde cotidianamente se vive un conflicto armado permanente”, reafirmó Patricia Olamendi.
Estas zonas que han sido tomadas por grupos del crimen organizado se han convertido en lugares sin ley, donde las principales afectadas son niñas y mujeres, quienes son víctimas de abusos, secuestros, violeaciones embarazos no deseados, prostitución y, lamentablemente, feminicidios, todo como resultado de violaciones por parte de los integrantes de estos grupos; incluso, puntualiza Olamendi, “en varias ocasiones las autoridades están en complicidad con estos grupos”.
La doctora en derecho además explicó que la razón por la que ellas no denuncian esta serie de abusos y violaciones a sus derechos humanos es porque las amenazan, o porque “simplemente son ignoradas por las autoridades correspondientes”.
Patricia Olamendi finalizó remarcando la urgente necesidad de integrar, como parte de la agenda de seguridad pública, el tema de la creciente violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres en México, así como asegurar y garantizar el acceso a la justicia para ellas:
“Se requieren medidas de fondo, donde la impunidad no se convierta en una característica de cada carpeta de investigación que se abre y, después, sólo queda en el olvido. Medidas de fondo, no una banderita blanca”.
Las situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres
La científica en datos, María Salguero, presentó las características de los contextos donde se genera un mayor número de feminicidios, precisando que en México se ha venido dando un nuevo patrón de violencia hacia las mujeres generado por el crimen organizado, situación que el Estado Mexicano no quiere reconocer, y mientras esto siga así es imposible elaborar estrategias y acciones para erradicarlo.
La investigadora ha generado sus propios criterios para medir la creciente violencia de género; uno de éstos es la presencia de signos de agresión y violación con los que son encontrados los cuerpos de mujeres. Otros criterios que emplea para elaborar el mapeo de las zonas con mayor número de feminicidios es el modus operandi, el calibre de las armas y los llamados “narco mensajes”.
“Entonces, ¿cómo son los feminicidios en contextos de violencia armada? Estos se pueden presentar por varias razones: por un acto de venganza cometida contra otro hombre, la cual se ejerce sobre terceras personas, que son las mujeres; por cuestiones de lucha por el territorio, lo que se ve reflejado en cobro de piso, extorsión y trata de personas; y está el hecho de que las mujeres son vistas como ‘arma de guerra’, y se utilizan para hacerle ‘daño’ a sus rivales”.
Salguero también puntualizó el creciente número de casos donde el cuerpo de la víctima es expuesto en un espacio público.
Para finalizar con su participación, afirmó que los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
“sólo dan fe de la apertura de carpetas de investigación, y eso cuando son adecuadamente clasificados como feminicidios, ya que quedan fuera los casos donde se dice que ‘no presentó la denuncia’, los casos que fueron desestimados o erróneamente clasificados”.
La inseguridad en la que laboran las académicas, defensoras de derechos humanos y periodistas en México
Verónica Caporal, antropóloga y directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política, centró su exposición en la inseguridad en la que laboran las académicas, defensoras de derechos humanos y periodistas en México en las zonas controladas por el crimen organizado. La antropóloga puntualizó que los estados más peligrosos para ser activista y defensora de derechos humanos son: Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y la Ciudad de México:
“En estos estados, documenté, (mediante un monitoreo de la agenda de ciertos medios nacionales) que entre enero de 2018 y febrero de 2019 hubo un aumento significativo en los homicidios de mujeres defensoras de derechos humanos”.
Caporal mencionó que, en el actual panorama de violencia que se vive en todo el país, ha aumentado la cantidad de las llamadas “’zonas silenciadas’, en las que las periodistas e investigadoras reciben constantes amenazas cuando quieren documentar el creciente número de feminicidios, violaciones y secuestros en las áreas controladas por grupos delictivos.
Caporal concluyó que ser mujer y activista implica un gran peligro, y produce que sus derechos sean violados en cualquier momento; sin embargo, añadió que:
“es de suma importancia seguir documentando la violencia hacia las mujeres en determinadas zonas donde no hay justicia para ellas. Se debe seguir documentando, porque el Estado sigue tolerando estas constantes violaciones a la integridad y la seguridad de niñas y mujeres en México”.
El fenómeno de la trata de mujeres en Tlaxcala y las acciones para su erradicación
La participación final estuvo a cargo de la abogada y académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Alma Carina Cuevas, quien señaló que su estado cuenta con las cifras más altas de trata de personas con fines de explotación sexual. En el caso particular de Tlaxcala, puntualizó sobre la urgente necesidad de “situarnos en el contexto local para atender la prevención, erradicación y sanción del fenómeno”.
En Tlaxcala, el fenómeno de explotación sexual se sigue presentando de forma “rutinaria”, al estar presente en 35 de sus 60 municipios. De 2011 a 2016 se presentaron 200 denuncias, de las cuales sólo 13 llegaron a sentencias condenatorias; es decir, que el 93.5% quedaron impunes.
En cuanto a las acciones que la sociedad civil puede gestar para la erradicación del fenómeno están:
“la visibilización del fenómeno, la tipificación del delito y, así, estar más cerca de ver esto reflejado en políticas públicas. Como parte de la academia, reconocer la existencia de una cultura machista institucional, y, desde ahí, construir un marco teórico y conceptual del fenómeno para su documentación y su estudio”.
La abogada expuso algunas de las propuestas del Programa Estatal contra la Trata de Personas 2018-2021, en el que, no sólo se reconoce la implicación y la culpabilidad de los proxenetas, sino que también se marca la participación de los prostituyentes, o mal llamados clientes.
Para finalizar, Cuevas remarcó la necesidad de “reconocer la existencia de un sistema proxeneta, en el que se incluyan a los varones consumidores o prostituyentes como unos de los principales responsables en la prevalencia y aumento del fenómeno”.
