Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommmedina (X) /@FranciscoMacias (TG)
En plena época de la guerra contra el narcotráfico y del sexenio de Felipe Calderón, al mismo tiempo en que la violencia invadía la vida de las comunidades, surgieron voces de mujeres valientes que reclamaron y exigieron la aparición con vida de sus hijos e hijas, la justicia necesaria y el cambio en la seguridad ciudadana.
Aunque comenzaron a surgir iniciativas legales e instituciones, su construcción, intenciones y liderazgos fueron entrampándose por múltiples intereses y una demanda cada vez creciente por la emergencia humanitaria.
Entonces las necesidades de las familias de las personas desaparecidas de buscar y encontrar a sus hijos e hijas, encontró su impulso en el grito en la calle para reclamar como derecho que nadie fuera desaparecido, en las reuniones informativas públicas y en salones de clases e iglesias, así como con la solidaridad de personas, organizaciones, algunas universidades y la cooperación internacional, hasta dar pasos en la creación de grandes movimientos, ninguno homogéneo.
El camino fijado por ellas era claro: si no se organizaban desde su autonomía para la búsqueda, la lentitud y actitud francamente omisiva del Estado lo impediría por la inoperancia de sus fiscalías, para lo cual buscaron información, aprendieron de coordinadas, mapas, manejo de drones y de técnicas que les permitiera fijar sitios que en realidad representan la esperanza.
Su imagen y lo que representan permitieron que regresara la confianza, tan perdida en muchos de los muros grises de fiscalías, comisiones de búsqueda y de “ombudsperson” perdidos en sus mandatos y preocupados por controlar simbólicamente las violencias a las que deberían de responder con acciones.
Las colectivas en familiares de desaparecidos en cambio, se forjaron un nombre, abrieron oídos y canales para recibir información, porque lo más importante es encontrar de cualquier manera, ya que la justicia se muestra lenta y ajena.
Encontraron fosas, algunas de ellas se reencontraron sus tesoros, por lo que cada localización era permitir que alguien más pudiera tener consuelo.
La construcción de institucional desde las omisiones y la insistencia de controlar información para evitar “daños” a quienes se encuentran en el poder, llevó al gobierno federal pasado a negar la realidad y la participación de las familias en la construcción de las decisiones.
En Jalisco, en el sexenio pasado se favorecieron las “mesas de trabajo” que aunque favorecieron la escucha y la construcción de novedosos marcos legales, no se construyeron rutas para dar pasos de cumplimiento en la justicia y verdad ante los responsables de las instituciones de seguridad, de procuración y administración de justicia, por lo que terminaron siendo mesas de contención más que de garantizar sus derechos.
Esas dinámicas impulsaron que desde el poder se impulsaran sospechas sobre su trabajo, ataques al mismo, al grado de generar incluso reglas en protocolos para garantizar la seguridad institucional pero no de las colectivas.
La falta de reconocimiento a su labor como buscadoras y defensoras de derechos humanos, propicia que actores privados o integrantes de la propia delincuencia van amenazados sus intereses territoriales. Se han documentado múltiples casos en donde se restringe el acceso a su labor, lo cual incluso ha llegado a amenazas por realizarlo.
Todas las personas que integran los colectivos de búsqueda realizan su labor con sus propios recursos y tiempos, lo que significa que tienen que regresar a sus actividades cotidianas, sus labores de cuidados y trabajos, para en los otros tiempos seguir pegando fichas o buscando.
Aunque se ha insistido en el contexto de las desapariciones se ha evitado profundizar en los contextos de riesgo, muchas de las personas buscadoras se ven obligados a portar dispositivos, sin embargo, otras ellas lo afrontan los riesgos solo desde su trabajo colectivo.
El asesinato de María del Carmen Morales y de su hijo Ernesto Julián Ramírez, es un grito de justicia que debe de impulsar una respuesta más allá de las condolencias, no solo para realizar una investigación rápida e independiente, sino parta reestructurar de inmediato los mecanismos de protección de las buscadoras, defensores de derechos humanos y periodistas en la entidad, lo cual implica reconocer la gravedad de la situación e informar del contexto que está ocurriendo en su labor.
La inacción, el silencio o la elaboración de boletines de prensa, como el realizado por la Fiscalía de Jalisco, que evitan el reconocimiento, implica una revisión exhaustiva de los mandatos y de quienes los están operando, porque simplemente favorecen la impunidad.
Si son reales los espacios de diálogo ofrecidos por el gobierno federal y el estatal, es urgente una respuesta que evite y garantice de forma proactiva un asesinato más a las personas defensoras.
Justicia y consuelo, no debieron morir.
