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Por Poder / @PoderLATAM
En junio de 2023, Bank of America (BofA) participó junto con otras instituciones financieras en el primer «campanazo» por la diversidad y el orgullo LGBTQ+ organizado frente a la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México1. La ceremonia fue presentada como una muestra del presumible compromiso del sector financiero con la inclusión.
Dos años después la institución volvió a aparecer en un espacio relacionado con estas causas. En mayo de 2025 y ocurrió en la Alcaldía Coyoacán. El trato fue acordado vía convenio de colaboración, cuya representación corrió con el encargo de Desirèe Guadalupe Navarro López en representación del ayuntamiento en cuestión y en su calidad de municipio; y José Alberto Arriaga Aguilar director general de Zombusiness S.A. de C.V., una organización configurada por aproximadamente 15 empresas y conocida comercialmente como Pride Connection México, de la cual forma parte Bank of America.
El acuerdo, en aquella ocasión, contempló (según se signa en el documento) el uso de espacios públicos, personal institucional y recursos administrativos para desarrollar actividades de inclusión laboral dirigidas a grupos de atención prioritaria. La escena podría parecer rutinaria. Gobiernos, empresas y organizaciones civiles celebran convenios similares todos los años.
Sin embargo, el caso adquiere relevancia pues coincide con una discusión cada vez más presente en los estándares internacionales sobre derechos humanos (DD.HH) y en quienes trabajan socialmente con población de la diversidad sexual. Es decir, la obligación de evaluar no sólo los beneficios de una alianza, sino también los riesgos asociados a quienes participan en ella.
“Desde esa perspectiva, el Pride no puede quedarse únicamente en un espacio simbólico o comercial, es, ante todo, una manifestación política, histórica y de lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, por ello, sí considero que debemos avanzar hacia exigir mayor coherencia a las marcas que buscan participar”, explica Karina Velazco Michel, directora general de Guadalajara Pride.
Es decir, mientras la alcaldía respaldaba esa colaboración con BofA en el marco del día del orgullo LGBTIQ+, en tribunales de Estados Unidos avanzaba uno de los procesos de revelación documental más complejos en la historia norteamericana: los relacionados con el financiero imputado por tráfico de personas, Jeffrey Epstein. Es decir, se promocionaba desde una tribuna pública a una empresa financiera señalada por el proceso contra Epstein.
Los documentos de Casa Blanca
El caso comienza a ser mencionado en medios de comunicación luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó la liberación de más de tres millones de páginas de documentos, registros, imágenes y miles de videos vinculados a las investigaciones federales sobre la red de tráfico sexual atribuida al financiero. La entrega derivó de la Ley denominada «Epstein Files Transparency Act«, aprobada por el Congreso y promulgada en noviembre de 20252.
Para entonces habían transcurrido seis años desde el inicio del proceso judicial contra el financiero Jeffrey Epstein y apenas unos meses desde que una red empresarial de la que forma parte BofA México había celebrado actividades conjuntas con una institución pública mexicana.
Lo que conecta ambos episodios, la denuncia penal en contra del magnate estadounidense y la firma de convenio entre México y el banco acusado por presuntamente ser el vehículo por el cual se realizaron operaciones ilícitas, es una pregunta más amplia y corresponde en gran medida a los mecanismos de debida diligencia que deberían utilizar gobiernos, organizaciones civiles y redes empresariales para decidir con quién se asocian y bajo qué condiciones lo hacen.
La discusión resulta especialmente relevante en el caso de Bank of America pues la institución financiera figura entre las corporaciones con mayor presencia en iniciativas de inclusión LGBTIQ+3y opera junto a organizaciones como Pride Connection México.
Demanda VS BofA
La controversia escaló en octubre de 2025, cuando un grupo de víctimas presentó una demanda colectiva en Nueva York argumentando que Bank of America proporcionó servicios financieros a Epstein y a personas de su entorno mientras presuntamente ignoraba señales de alerta relacionadas con actividades de trata de personas con fines sexuales.
En enero de 2026, el juez federal Jed Rakoff permitió que avanzaran diversas reclamaciones, incluidas aquellas que sostienen que la institución pudo haberse beneficiado económicamente al mantener esos servicios pese a indicios que, según las demandantes, debieron activar mecanismos internos de supervisión y control.
Dos meses después, en marzo de 2026, Bank of America acordó pagar 72.5 millones de dólares para resolver el litigio sin admitir responsabilidad. El acuerdo no cerró el debate. Por el contrario, reactivó una discusión sobre los criterios utilizados para evaluar la conducta corporativa.
(Descargue aquí: DEMANDA_BOFA)
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establecen que la responsabilidad empresarial no se limita a evitar prácticas discriminatorias dentro de los centros de trabajo. También comprende la obligación de identificar, prevenir y corregir impactos negativos sobre los derechos humanos en el conjunto de sus operaciones y relaciones comerciales4.
Una parte de esa discusión, de hecho, ya comenzó a instalarse dentro de las propias organizaciones del orgullo en México. Por ejemplo David Adrián García, integrante del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, considera que las empresas no deberían limitarse a desplegar campañas de diversidad durante junio.
A su juicio, cualquier compañía que busque presentarse como aliada de la comunidad LGBT+ tendría que demostrar políticas de no discriminación, protocolos contra el acoso y mecanismos permanentes de supervisión. La revisión, sostiene, no debería terminar en los centros de trabajo. También tendría que alcanzar a proveedores, contratistas y socios comerciales.
La exigencia no es extraña al mundo empresarial. García señala que las grandes corporaciones suelen imponer controles estrictos a quienes integran sus cadenas de suministro en materias como seguridad industrial, cumplimiento regulatorio o combate a la corrupción.
Sin embargo, cuando se trata de inclusión y derechos humanos, esos filtros rara vez son visibles. El problema, reconoce, es que los organizadores de las marchas carecen de herramientas para verificar por sí mismos la información que reciben de las compañías.
Denuncias internas, conflictos laborales o investigaciones regulatorias suelen permanecer fuera del alcance de organizaciones ciudadanas con recursos limitados.
Por ello propone trasladar parte de esa responsabilidad a las instituciones públicas. En lugar de convertir a los colectivos LGBT+ en auditores corporativos, plantea la creación de mecanismos de certificación respaldados por autoridades laborales, organismos públicos de derechos humanos y entidades reguladoras con capacidad para evaluar prácticas empresariales.
GDL Pride también comienza con esta discusión
La misma discusión se desarrolla en Guadalajara. Karina Velasco Michel, directora general de Guadalajara Pride, sostiene que las empresas deben acreditar con hechos lo que afirman en sus campañas. Entre los criterios que considera indispensables menciona políticas explícitas de no discriminación, protocolos contra la violencia y el acoso, mecanismos efectivos de denuncia, información sobre inclusión dentro de las plantillas laborales y acciones concretas para garantizar oportunidades a poblaciones históricamente excluidas, particularmente a las personas trans.
Velasco retoma además uno de los principios centrales desarrollados por Naciones Unidas: la debida diligencia. Desde su perspectiva, una empresa no puede asumirse como aliada de la diversidad mientras mantiene proveedores, filiales o relaciones comerciales que reproducen prácticas discriminatorias o vulneran derechos humanos.
La evaluación, sostiene, debe abarcar toda la cadena de valor y no limitarse a las campañas que aparecen durante el Mes del Orgullo.
La activista tampoco plantea la exclusión automática de empresas involucradas en controversias. Considera que las compañías con antecedentes de discriminación o de apoyo a discursos contrarios a los derechos de la diversidad podrían participar siempre que reconozcan esos antecedentes y acrediten cambios verificables, sostenidos en el tiempo y acompañados por mecanismos de reparación.
Permitir su presencia sin esas condiciones, advierte, enviaría el mensaje de que cualquier historial puede resolverse mediante un patrocinio o una campaña publicitaria.
Las posiciones expresadas desde Chihuahua y Guadalajara coinciden en un punto esencial. El problema no es la participación empresarial en las marchas del orgullo ni el financiamiento de actividades relacionadas con la inclusión.
El problema surge cuando no existen mecanismos capaces de distinguir entre un compromiso verificable y una estrategia de posicionamiento reputacional. El llamado rainbow washing (el uso de símbolos y causas LGBT+ para mejorar la imagen de una empresa sin cambios sustantivos en sus prácticas) se ha convertido en una preocupación creciente dentro de los movimientos de diversidad.
En Guadalajara, esa conversación ya comenzó a traducirse en acciones concretas. Velasco señala que la organización trabaja en la elaboración de un código ético inspirado en estándares internacionales de derechos humanos. El objetivo, explica, no es construir listas negras ni excluir empresas de manera automática, sino establecer criterios que permitan evaluar compromisos reales, acompañar procesos de mejora y elevar el nivel de responsabilidad de las compañías que buscan vincularse con el movimiento.
El convenio firmado por la Alcaldía Coyoacán con una organización vinculada a Pride Connection México ilustra precisamente esa zona gris. La facilidad con la que espacios públicos, infraestructura gubernamental y legitimidad institucional pueden ponerse al servicio de organizaciones empresariales sin que exista una evaluación pública sobre los antecedentes, litigios o controversias que rodean a las corporaciones que terminan beneficiándose de ese respaldo.
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https://poderlatam.org/2026/08/caso-epstein-marchas-derechos-humanos-y-empresas/
Referencias
1Grupo BMV. Grupo BMV e instituciones financieras encabezan campanazo por la diversidad.
2Office of public affairs (2026). Departament of justice publishes 3.5 millon responsive pages in compliance whit the Epstein files transparency act.
3BofA (2026). Awards & recognition.
4ONU (2026). Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Aplicación del marco “Proteger, respetar y remediar” de las Naciones Unidas.
