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Por AlanDJHM / @alandjhm / Somos El Medio
Integrantes de la colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad ofrecieron una conferencia de prensa el 10 de septiembre en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde exigieron que el Poder Judicial de la Federación conceda el amparo y protección de la justicia a Jaime Jacob Betanzos Cepeda, defensor comunitario mazateco desplazado desde 2014, así como a otros 14 defensores que no han podido regresar a su comunidad.
En el encuentro participaron familiares de Betanzos, entre ellas su esposa Marisol Fernández, su madre Euselia Cegueda y sus hermanas Sara y Argelia Betanzos. Las voceras recordaron que el defensor enfrenta una audiencia constitucional en el Juzgado de Distrito de Boca del Río, Veracruz, y que la resolución será clave para definir si podrá regresar a su comunidad o si continuará la persecución judicial en su contra.
“Estamos a 24 horas de la audiencia constitucional, la cual será un parteaguas en el caso de mi hermano. Después de diez años de desplazamiento, es el momento de que la justicia federal demuestre si está realmente del lado de los pueblos originarios”, señaló Sara Betanzos.
Por su parte, Marisol Fernández, esposa del defensor, leyó fragmentos de una carta que Jacob escribió en 2022 a la ONU:
“Nuestro sueño es la libre determinación que ya está garantizada por la Constitución. Queremos vivir y ver a nuestros familiares fuera de las cárceles, transitar y caminar libremente y poder regresar al pueblo de donde somos originarios”.
Euselia Cegueda, madre de Betanzos, agregó:
“Llevamos más de una década esperando justicia. Hemos ganado amparos, pero las autoridades de Oaxaca los han desacatado una y otra vez. Es hora de que el Poder Judicial ponga un alto a esta persecución”
Durante la conferencia, las participantes denunciaron que las acusaciones contra los 14 defensores forman parte de una estrategia de criminalización impulsada desde 2011, cuando la comunidad de Eloxochitlán denunció la imposición de autoridades municipales ajenas a sus usos y costumbres. Señalaron que en este contexto se fabricaron más de 200 órdenes de aprehensión contra hombres y mujeres de la comunidad, lo que derivó en desplazamientos forzados, prisión política y violaciones sistemáticas al debido proceso.
Los familiares de Betanzos expusieron que, a pesar de múltiples amparos ganados en tribunales federales, los jueces locales de Oaxaca han reiterado actos que ya habían sido declarados ilegales, prolongando la persecución y el exilio de los defensores. Recordaron que en varios casos se revocaron libertades ya obtenidas de manera arbitraria, lo que consideran una muestra de la falta de garantías para un juicio justo en esa entidad.
Como parte de la conferencia se compartieron fragmentos de videos documentados por el propio Jaime Jacob Betanzos, en los que se observa la presencia del Ejército Mexicano en cateos ilegales a viviendas y testimonios de agresiones contra pobladores durante los tequios comunitarios. Las voceras señalaron como responsables de la represión al ex presidente municipal Manuel Cepeda Cortés, su hija Elisa Cepeda y otros actores locales, a quienes acusaron de operar con el respaldo de los gobiernos estatales desde 2011 para desarticular la organización comunitaria y facilitar el saqueo de recursos naturales, en particular del río Xangá Ndá Ge.
Las voceras advirtieron que el fallo del Poder Judicial, cuya audiencia se llevará a cabo este 11 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, será clave para demostrar si en México se respetan los derechos de los pueblos originarios y para garantizar que no se repitan casos de desplazamiento forzado como el de Eloxochitlán.
