La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
El día de ayer, desde temprano, comenzó a circular el anuncio con el que Pablo Lemus daba a conocer que: 1, las personas pagarán parejo 11 pesos por usar el transporte público, y no 14 como se había anunciado; 2, deja de ser obligatoria la tarjeta única para ejercer la tarifa de 11 pesos; 3, se mantiene la tarifa de 5 pesos para el estudiantado de todos los niveles educativos; 4, no habrá más aumentos en los que resta de su administración. Todo esto, ya saben, luego de “haber estado muy atento a las voces…” blablablá. Lo que no dijo es qué va a pasar con la rifa de los viajes a Nueva York.
Aunque la noticia es buena, no hay que echar las campanas al vuelo. Sabio como es, el refranario afirma que “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, entonces habrá que esperar a que se haga oficial la medida, es decir, que la pongan por escrito y se emita el decreto o el acuerdo o lo que sea que se tenga que emitir antes del 1 de abril. Por otra parte, también hay un dicho que afirma que “el diablo está en los detalles”: el anuncio hecho por el gobernador se refiere a la “universalización” del subsidio, no a una reducción de la tarifa, que no es lo mismo ni es igual: que quiere decir que el pulpo camionero va a recibir más dinero sin verse obligado a mejorar el servicio, como siempre. En una primera lectura todos ganan: la gente porque va a pagar 11 pesos parejo —o 5, en el caso del estudiantado—; el gobernador, que posiciona un discurso conciliador, “abierto” al diálogo y reculero —o sea, que puede recular, digo, corregir una mala decisión— y el pulpo camionero, que recibirá más dinero. Y este último factor es el que mancha todo: al hacer el subsidio universal sin reducir la tarifa, en realidad la ciudadanía va a terminar pagando vía impuestos, porque los recursos que podrían invertirse en otros rubros terminarán en los bolsillos de los concesionarios del transporte público.
Y todo esto sin mencionar las dudas sobre lo que va a pasar con los otros servicios que, se ha dicho, van a estar vinculados a la tarjeta única de la que, por cierto, tampoco se ha dicho qué va a pasar con los millonarios compromisos adquiridos con Broxel. Tampoco se ha dicho qué pueden hacer las personas que ya habían caído en la extorsión, digo, que ya habían contratado la tarjeta pensando en el subsidio al transporte, ni se ha brindado orientación para que las personas ejerzan sus derechos ARCO —Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales— y puedan proteger los datos personales que la dieron a la entidad bancaria.
El anuncio es una buena noticia, claro que deja una sensación de victoria, pero todavía hay demasiadas aristas que no fueron atendidas en el video de Lemus (del que también podría decirse que es la manera más chafa —por no escribir cobarde— de hacer un anuncio tan importante: con un mensaje unidireccional y cerrando la posibilidad de que alguien haga preguntas).
Ahora bien, que el anuncio se haya hecho a primera hora del 5 de marzo no me parece una casualidad. Me pace que fue, más bien, una estrategia —muy miserable, por cierto— para desviar la conversación: ayer se cumplió un año del hallazgo del rancho Izaguirre, lugar de pesadilla en el que, se ha dicho, operaba un campo de entrenamiento del crimen organizado y donde se exterminaba a personas y sobre el que se ha escrito mucho, pero sobre el que poco o nada se ha resuelto.
Ayer hace un año, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al rancho ubicado en Teuchitlán y arrojó luz sobre una de las tantas pesadillas del país en la era reciente. Se supo que el lugar ya había sido descubierto meses atrás y que nada había pasado; se supo que habían encontrado ropa y pertenencias personales abandonadas; se supo que habían encontrado indicios que apuntaban a que había habido asesinatos múltiples en el lugar e incineraciones; se supo que el lugar había sido escenario de muchos horrores. Después, poco se supo: las autoridades se apuraron a desacreditar la información que apuntaba al campo de exterminio, se realizó la detención del entonces presidente municipal de Teuchitlán y poco más.
Mientras toda la atención estaba puesta en el volantazo de Lemus, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un comunicado en el que se informa que la dependencia “dirigió la Recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble conocido como ‘Rancho Izaguirre’, ubicado en el municipio de Teuchitlán”.
Luego de las investigaciones realizadas, “la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la FEJ y el IJCF”. En el documento se realiza una relatoría de los hechos relacionados con el rancho desde el 18 de septiembre de 2024, evidenciando la negligencia de las autoridades estatales en lo referente, entre otros temas, a la preservación del lugar, el procesamiento de los indicios y la cadena de custodia. En virtud de todo esto, la CNDH solicita una disculpa pública tanto de la FEJ como del IJCF, así como procedimientos administrativos contra personal de la Fiscalía y otras medidas que involucran al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Ya por la tarde, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado donde informa que después de un año “se cuenta con avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral” del rancho, así como que se ha detenido a 47 personas; menciona que no se han podido identificar los restos óseos encontrados, que corresponden “a una persona del sexo masculino”; además de reiterar el uso del lugar como campo de adiestramiento pero sin mencionar el exterminio.
¿Qué informaron las autoridades locales en el contexto del aniversario del hallazgo del rancho Izaguirre? Yo, al menos, no encontré nada: ni del gobierno del estado, ni de la Fiscalía, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sólo silencio. En contraparte, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer que un año después siguen encontrando indicios en los alrededores del rancho.
Al final del día, resulta imposible no sospechar que el anuncio de Lemus tenía por objetivo desviar la atención del aniversario del rancho Izaguirre y de la recomendación de la CNDH que señala de manera clara y directa a la Fiscalía y al IJCF, instituciones que, al momento de redactar esto, nada han dicho.
Fue una estrategia miserable, si me lo preguntan. O una de esas coincidencias tan extrañas de la vida.
