#8M2026
Desde La Mejorada hasta el Monumento a la Patria, miles de mujeres, niñas, personas trans, familias de víctimas de feminicidio, ciclistas, defensoras del territorio, y colectivas diversas tomaron las calles de Mérida, Yucatán este 8 de marzo bajo la consigna “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”.
La marcha reunió denuncias contra la violencia feminicida, la impunidad institucional, la deuda alimentaria, la transfobia, la violencia sexual contra las infancias, el despojo territorial y el genocidio en Palestina.
Entre tendederos de agresores, pañuelos morados, vallas intervenidas, cantos, batucada y testimonios de quienes siguen esperando justicia, la protesta volvió a convertir la ciudad en una superficie de memoria, rabia y resistencia.
Textos y fotos por Aletse Torres / @aletse1799
A las cuatro de la tarde, asistentes y colectivas feministas comenzaron a reunirse en los alrededores del parque La Mejorada, en el centro de Mérida, para alistarse antes de la marcha de este 8 de marzo. La acción todavía no arrancaba, pero el espacio ya estaba lleno de movimiento; había mujeres buscando con la mirada a la amiga con la que habían quedado de encontrarse, niñas caminando entre carteles casi tan grandes como ellas, jóvenes que, frente a un espejo improvisado, terminaban de pintarse los párpados o las mejillas de morado; otras se acomodaban pañuelos verdes, rosas o violetas en el cuello, la cabeza o la mochila.
En el suelo, sobre bancas, jardineras y bordes de concreto, se escribían las últimas consignas; poco a poco, el parque se llenaba de carteles, voces y miradas cómplices entre quienes sabían que, en unos minutos, caminarían juntas por las calles de la ciudad. Este año la consigna fue directa: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”.
En una ciudad donde el propio gobierno estatal reconoce que la zona metropolitana enfrenta una creciente fragmentación territorial asociada al crecimiento urbano, y donde los instrumentos de planeación advierten un patrón de expansión disperso que compromete la funcionalidad urbana y profundiza desigualdades, como lo señala el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán, esa frase no sonaba abstracta.
Nombraba, a la vez, el cuerpo, la tierra, la vivienda, el derecho a la ciudad y los despojos que se experimentan en la vida cotidiana. Esa relación entre violencia patriarcal y disputa por el territorio no era un añadido teórico a la marcha: estaba en el centro de su lenguaje político.
Entre las asistentes estaba Cora, acompañada de su mamá. En sus manos llevaba un cartel con un “termómetro” que ilustraba distintas formas de violencia sexual. Al final, una pregunta quedaba escrita como denuncia y reclamo: ¿Hasta dónde tiene que llegar un abusador para que sea denunciado?
Era la primera vez que marchaba. Durante años quiso venir, pero el miedo terminaba imponiéndose, alimentado también por la forma en que la protesta suele narrarse desde fuera, reducida al escándalo o al destrozo. Sin embargo, decidió salir, el coraje y la exigencia de justicia por una historia cercana “la empujo”.
“Días antes de la marcha, una maestra le escribió para contarle que el año pasado abusaron de su hija pequeña. Han pasado doce meses, y es nuevamente marzo, pero la justicia no ha llegado” expresó la joven.
Cora no habló de tierra ni de vivienda. Habló de otro tipo de despojo: el de la identidad. Contó que, después de casarse, comenzaron a aparecer comentarios que parecían pequeños, pero que con el tiempo fueron marcando un límite sobre su vida: que debía dedicarse por completo a su esposo, que eso era “lo que le tocaba”, que así debía ser una mujer. Su esposo —aclaró— nunca le exigió nada de eso.

“Las presiones vinieron de fuera, de la familia extendida y de esas voces que convierten una expectativa social en destino. Lo que al inicio había sido una decisión propia comenzó a sentirse como un encierro”. Ahí, dice, empezó a reconocer el despojo: cuando una deja de elegir porque todo alrededor insiste en decidir por ella.
En el centro del parque, las organizadoras comenzaron a desplegar un hilo que atravesaba de lado a lado La Mejorada. Entre árbol y árbol lo tensaron con cuidado: ahí colocarían un tendedero para exhibir nombres de agresores, pero también de instituciones que han violentado, omitido o revictimizado a mujeres y niñas que buscan justicia.
Poco a poco comenzaron a aparecer hojas sujetas con pinzas: nombres escritos a mano, denuncias breves, fechas, deudas alimentarias, acusaciones de abuso, de violencia sexual o de agresiones que, en muchos casos, siguen sin respuesta institucional. La intención del tendedero era clara: visibilizar públicamente aquello que con frecuencia queda encerrado en expedientes, trámites interminables o silencios forzados.
Así, el parque comenzó a transformarse en un espacio de memoria y denuncia colectiva. Cada hoja colgada en el hilo recordaba que detrás de cada nombre hay una historia, una carpeta abierta, una deuda pendiente o una búsqueda que continúa.
Luego llegó la música. La yucateca Wera Rapera, personaje creado por la actriz y comediante Addy Teyer, tomó el espacio frente a las asistentes y comenzó a rimar. Entre versos habló de la libertad de caminar sin miedo, de salir de casa sin pensar en la posibilidad de no volver, de vestir como se quiera y habitar la ciudad sin que ser mujer se sienta como una desventaja.
Mientras el ritmo avanzaba, una niña se acercó a bailar a su lado. La escena fue sencilla, pero esperanzadora: dos mujeres moviéndose entre risas y goce.
Después, las organizadoras tomaron el micrófono para leer el pronunciamiento. Sus palabras comenzaron invocando a las ancestras, a las brujas perseguidas, a los elementos de la tierra, el aire, el fuego y el agua; a las fuerzas que, dijeron, acompañan a quienes buscan restaurar un equilibrio roto por generaciones de violencia. Hablaron de salir de las sombras, de recuperar las calles, de usar la fuerza colectiva no sólo para sanar y proteger, sino también para dignificar la furia acumulada durante décadas.
Pero pronto la lectura aterrizó en el presente. El archivo nombró los agravios que siguen marcando la vida de mujeres y disidencias: el retroceso en derechos humanos, la precariedad económica, la desigualdad laboral y la carga desproporcionada del trabajo de cuidados que continúa recayendo sobre ellas.
Las cifras lo confirman, acorde con datos del INEGI, al tercer trimestre de 2025, la participación económica de las mujeres en México fue de 45.7 %, frente a 75.1 % de los hombres; además, casi la mitad de las mujeres ocupadas percibe hasta un salario mínimo y más de la mitad trabaja en la informalidad.
También se insistió en que el aborto legal y seguro es un derecho, no una concesión ni un delito. La exigencia se sostiene en un precedente jurídico claro: en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y que el Estado debe garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
La lectura continuó señalando otras violencias que atraviesan la vida cotidiana: la violencia sexual contra las infancias, la revictimización institucional, la impunidad frente al feminicidio, la violencia transfeminicida, la criminalización de las trabajadoras sexuales y la ausencia de un sistema de cuidados que no dependa exclusivamente del trabajo de las mujeres.
En Yucatán, además, los propios registros oficiales dan cuenta de la magnitud del problema: en 2024 se documentaron 484 casos de violencia feminicida en el Banco Estatal de Datos y un informe de 2025 señaló que 11.7 % de las mujeres de 15 años o más reportó haber vivido violencia sexual durante su infancia.
Hacia el final, las organizadoras dirigieron el mensaje a las autoridades del estado. Exigieron respuestas frente a los casos de violencia que continúan acumulándose y denunciaron el silencio institucional que, expusieron, sigue dejando a las víctimas sin justicia.
También llamaron a las asistentes a no abandonar las calles, a seguir ocupando el espacio público y sosteniendo la exigencia colectiva. El pronunciamiento cerró con la consigna que atravesó la movilización de este año:
“Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista” se escuchó al unísono en el centro de la ciudad.

Poco después, Violetas Rebeldes entonó “Vivir sin miedo” mientras una compañera acompañaba con un performance que terminó mostrando la espalda con una frase escrita sobre la piel: “Mi territorio, mi defensa”. La escena condensó buena parte del sentido político de la jornada: el cuerpo como lugar de disputa, pero también como espacio de resistencia.
Cerca de las seis de la tarde, los contingentes comenzaron a avanzar por las calles del centro de Mérida. Lo hicieron organizados, uno detrás de otro:
- Defensoras del territorio y campesinas.
- Familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes.
- Madres autónomas.
- Niñeces, personas adultas mayores y grupos vulnerables.
- Mujeres trans.
- Colectivas diversas, incluidas las que marchaban por Palestina, Irán, Venezuela o Colombia.
- Comunidad LGBT.
- Trabajadoras sexuales.
- Quienes avanzaban en ruedas, sobre patines, bicicletas u otros medios.
La disposición misma de la marcha decía algo: no era una sola demanda ni una sola historia. Era una constelación de luchas que, al avanzar juntas por las calles de Mérida, terminaban por convertirse en una sola voz.
Entre esos cuerpos se encontraba Luna, cargando al frente, en un fular, a su bebé de siete meses. Para ella no era la primera vez marchando, pero sí la primera vez haciéndolo con su bebé.
La madre ,mencionó que volvía, sobre todo, por su mamá, por una carpeta de investigación que lleva años sin avanzar, por un agresor que sigue libre y por un caso en el que se descartó el intento de feminicidio aún cuando, explicó, sí lo fue. Lo penal, contó, quedó reducido a violación y violencia doméstica. Lo demás parece suspendido en la lentitud y el desgaste. Su testimonio habló de una justicia que también puede ser arrebatada: el despojo no sólo de la seguridad, sino de la posibilidad de confiar en las instituciones.

En Yucatán, si bien no existe una cifra pública, clara y actualizada que desglose cuántas carpetas de violencia feminicida siguen sin resolverse específicamente, sí hay registros oficiales que muestran la persistencia del problema: en 2024 se registraron 484 casos de violencia feminicida en el Banco Estatal de Datos.
Luna habló también de otro frente de violencia: que su bebe tenga un padre deudor alimentario y, después, vivir algo similar respecto del padre de sus hijas. Dijo que muchas veces el proceso se vuelve tan cansado y revictimizante que una termina cediendo, no porque deje de necesitar la pensión, sino porque la batalla legal consume tiempo, energía, dinero y salud mental.
Yucatán cuenta ya con un Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, un reconocimiento institucional de que el incumplimiento de pensiones no es excepcional, sino un problema sostenido que afecta de manera directa a mujeres, niñas y niños.
A unos metros atrás marchaba otra madre, Carolina Villalobos, con un cartel donde aparecía el nombre de Alejandro Márquez Cornel, denunciado como deudor alimentario y padre ausente desde 2023. Existe una vinculación a proceso en su contra y una medida que le prohíbe salir del estado; sin embargo, ninguna de esas resoluciones ha garantizado el pago de la pensión.
Su hijo tiene nueve años. Aunque la responsabilidad fue acreditada, la deuda continúa acumulándose, dejando en indefensión sus derechos. En el camino legal, Carolina también ha pagado otro costo: el del tiempo y la estabilidad. Las citas constantes en fiscalías y juzgados, los trámites y las comparecencias terminaron por costarle el empleo, en procesos como este, la búsqueda de justicia también exige un precio: horas, ingresos, tranquilidad y vida cotidiana.
“A mi me despojaron de vivir con tranquilidad, de que mi infancia tenga una vida sin preocupaciones, de la justicia y de tener que luchar por obtenerla” expresó Carolina.

La marcha siguió avanzando entre consignas. Algunas eran ya conocidas, otras nacían de los casos que cada quien llevaba escritos sobre una cartulina. En más de una pared, poste o maceta, las asistentes colocaron volantes con nombres y rostros de agresores, pero también de quienes han sido arrebatadas por la violencia.
En uno de esos mensajes podía leerse: “Esta es solo una pared, pero ella era mi madre. Justicia para Verito Izamal”. La frase resumía con crudeza el sentido de la iconografía de la protesta: lo que para algunos es una barda, para otras es el único espacio visible donde el nombre de una víctima puede seguir exigiendo memoria.
Más adelante avanzaba el contingente de la comunidad trans. Entre ellas marchaban Alejandra y Mar. Para Alejandra era la primera vez, quien durante años evitó asistir porque no se sentía segura dentro de espacios feministas; temía ser violentada justamente en un lugar donde debía sentirse resguardada.
Pero la rabia y el coraje la motivó a salir, no quería quedarse atrás, dijo, y tampoco olvidar a quienes ya no están. Ella explicó el privilegio que a veces implica poder marchar y el miedo que muchas personas trans siguen cargando todos los días: en la calle, en el trabajo, en la escuela o incluso dentro de sus propias casas.
Para Mar, el despojo se nombra desde la experiencia cotidiana: el despojo del hogar, de oportunidades laborales, del reconocimiento y de la propia identidad. Una realidad que, en el contexto mexicano, se entrelaza con la violencia simbólica, física e institucional que enfrentan de forma constante las mujeres trans.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, en 2025 se registraron al menos 55 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género en México, la mayoría de las víctimas fueron mujeres trans, lo que confirma que continúan siendo uno de los grupos más expuestos a la violencia letal en el país.
A la par, otras asistentes cargaban carteles con nombres de mujeres y niñas víctimas de feminicidio o desaparición. Algunas llevaban también rostros de mujeres palestinas asesinadas. La presencia de Palestina no era decorativa. Insertaba la protesta local en una geografía más amplia del duelo y la violencia.
En mayo de 2025, ONU Mujeres estimó que más de 28 mil mujeres y niñas habían sido asesinadas en Gaza desde octubre de 2023, un promedio de una por hora; y especialistas de Naciones Unidas han advertido, además, sobre la gravedad extrema de las violencias cometidas contra la población palestina.
Hacia las siete de la tarde, la marcha llegó a Paseo de Montejo. Ahí el paisaje cambió. Entre el flujo morado de los contingentes aparecieron las vallas colocadas para resguardar monumentos “emblemáticos” de la ciudad, al menos para el Estado.

Días antes, las colectivas habían señalado que el recorrido no estaría cercado. Sin embargo, al avanzar por la avenida, las barreras metálicas y de madera ya rodeaban puntos como el Monumento a Felipe Carrillo Puerto y el Monumento a la Patria, marcando una distancia visible entre las autoridades y quienes caminaban exigiendo justicia.
Frente a esas vallas, la respuesta fue la iconoclasia. Sobre la madera y el metal comenzaron a aparecer pintas, nombres y denuncias. Lejos de ser un gesto aislado, la intervención de los monumentos forma parte de una práctica política que busca disputar el espacio público y señalar las violencias que el discurso institucional suele invisibilizar. En esos muros improvisados, las consignas y los nombres escritos a mano se convirtieron en una forma de memoria y de exigencia colectiva.




“Fuimos todas” y “No se va a caer, lo vamos a tirar” se escuchaba alrededor mientras las compañeras intervinieron el espacio hasta lograr derribar las vallas, donde un grito unísono y fuerte sonó junto con miles de aplausos.
Entre la marea morada avanzaba Merlina, sosteniendo un cartel de doble cara. De un lado había colocado fichas con los nombres y rostros de mujeres y niñas desaparecidas en Mérida en lo que va de 2026. Del otro, una denuncia más amplia contra la violencia estructural sostenida por el patriarcado y el capitalismo.
Para ella, ambos mensajes están ligados: las desapariciones, las agresiones, la precarización y la indiferencia institucional no son hechos aislados, sino expresiones de una misma estructura que sigue desprotegiendo a las mujeres. “Hay que hacer ruido”, resumió mientras caminaba entre los contingentes. Y eso hacía la marcha a su alrededor: hacerse escuchar, ocupar el espacio, dejar constancia de su presencia.


Entre quienes asistieron también estaba el colectivo “Tribu Nómada de Madres Ancestras”, que decidió acompañar la movilización desde otro lugar: el del abrazo, la contención y el acompañamiento amoroso. Su presencia no era menos política por ser cálida. Al contrario. Para ellas, acompañar también es una forma de resistencia: estar disponibles para sostener a otras, ofrecer un momento de calma o un gesto de cuidado en medio del recorrido.
Desde esa experiencia hablaron de otros despojos que atraviesan la vida cotidiana: los conflictos familiares cuando una mujer no encaja en el rol esperado, las desigualdades que persisten en el trabajo y las brechas salariales que muchas siguen enfrentando, incluso cuando cuentan con más experiencia o formación que sus colegas hombres. Una realidad que, aunque se vive en lo íntimo, forma parte de las desigualdades estructurales que siguen marcando la vida de las mujeres en México.


Y casi al llegar al punto final, cerca de la Escuela Modelo, surgió otra denuncia puntual: que esa institución protege a pederastas, nombraron a José Francisco como un profesor que, dijeron, mantuvo una relación sexoafectiva con una menor de 16 años y que continúa dando clases.
“Si las instituciones no responden, los nombres se pronuncian en la calle” expresó la denunciante mientras avanzaban las compañeras.
A las 7:30 de la noche, cuando el sol ya no estaba y el morado de pañuelos, carteles y consignas iluminaba las calles, la movilización llegó al Monumento a la Patria. Desde distintos puntos de Paseo de Montejo se alcanzaba a dimensionar la marcha: aproximadamente 800 asistentes reunidas alrededor del monumento, sobre la avenida, en las banquetas y glorietas, cantando, abrazándose, levantando los puños o sosteniendo sus carteles antes de dejarlos descansar en el suelo.
Ahí, las vallas colocadas para resguardar el monumento se transformaron en otra cosa. Sobre la madera comenzaron a aparecer hojas sujetas con pinzas, nombres escritos a mano, denuncias, deudas alimentarias, agresores señalados públicamente. Las organizadoras anunciaron que convertirían ese espacio en “el tendedero más grande del estado”, llenándolo con los nombres que muchas veces quedan fuera de expedientes, carpetas de investigación o discursos oficiales. Y a la par, un espacio de memoria y lucha con los nombres de quienes han sido desaparecidas, agredidas y asesinadas, como acto de resistencia y petición de justicia.

La batucada volvió a sonar. Entre consignas, algunas mujeres bailaron sobre el asfalto mientras otras observaban en silencio, como quien intenta guardar la escena completa en la memoria. No hubo un cierre solemne en el sentido tradicional. Fue más bien una ocupación del espacio, una forma de permanecer.
Antes de dispersarse, las organizadoras pidieron a las asistentes no abandonar las calles: seguir marchando, bailando, haciéndose visibles, sosteniendo la exigencia colectiva.
“Cada año estamos aquí, pero también, cada día nos encontramos, en el transporte, en los comercios, en nuestra cotidianidad, recuerden que no somos territorio de conquista”.
La noche terminó con esa imagen. La ciudad convertida en una superficie escrita por quienes la caminaron. No sólo con pintura, sino con memoria. A lo largo del recorrido quedó claro que el despojo no tiene una sola forma: puede ser la tierra, la vivienda, el salario o el agua; pero también la justicia que no llega, la identidad que otros intentan encerrar, la infancia violentada, la pensión que nunca aparece, el miedo de volver a casa, el expediente detenido.
Frente a todo eso, miles de mujeres respondieron ocupando Mérida juntas. No como un gesto simbólico, sino como una afirmación concreta de existencia: “aquí estamos, seguimos aquí, y estas calles también nos pertenecen”.
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