Familias buscadoras acudieron al Congreso del Estado de Jalisco para expresar su desacuerdo ante la iniciativa de ley presentada el pasado 25 de febrero ante la Comisión de Seguridad y Justicia. Dicha iniciativa ha sido cuestionada, ya que inicialmente buscaba prohibir el retiro de fichas de búsqueda por parte de terceros. Sin embargo, se realizaron modificaciones que, según la redacción actual de la misma, limitarían los espacios públicos donde se les permitiría colocarlas.
Desde el colectivo Entre Cielo y Tierra señalan que estas modificaciones a la ley no buscan un beneficio para las acciones de búsqueda en vida en el estado, sino ocultar la crisis de desapariciones ante la mirada internacional que generará la próxima celebración del Mundial en la ciudad. Igualmente, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) afirmó que esta iniciativa no debió pasar bajo estas especificaciones.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
La mañana del viernes familias buscadoras, organizaciones y medios de comunicación asistieron a una reunión en la que se pretendía “esclarecer” la iniciativa de ley presentada el pasado 25 de febrero por el diputado independiente Alejandro Puerto ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado de Jalisco. En ella se propuso una reforma al artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, así como a los artículos 4 y 74 de la Ley de Personas Desaparecidas.
Desde ese momento, diversas organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos en el estado —entre ellas el Colectivo Luz de Esperanza— señalaron su preocupación. Integrantes del colectivo puntualizaron que, bajo las modificaciones realizadas ese día por la diputada del partido Morena, Norma López, les alarmaba particularmente el siguiente punto: “las fichas sólo deberán respetarse cuando estén colocadas en ‘espacios públicos no prohibidos’”.
A la reunión llegaron alrededor de 10 madres buscadoras, quienes mostraron interés por entender las modificaciones planteadas, así como para ser escuchadas. La conversación se centró en los desacuerdos que ha generado este tema, que la ley no termina de ser clara, ya que no hay especificaciones que puedan determinar los que serían espacios públicos permitidos, así lo señaló el equipo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) quienes estuvieron presentes:
“Nos ha preocupado esta parte de la redacción del texto de la propuesta, no porque expresamente se prohíba la colocación, porque eso sabemos que no lo dice, no, sino otro tipo de herramientas u otro tipo de textos donde queda muy ambiguo y queda también a criterio de “no se sabe quién”, establecer cuáles son esos espacios prohibidos establecerlo de esta forma en la ley cuando históricamente pues, desde el estado, se han utilizado las leyes en contra de los ciudadanos puede ser bastante peligroso”.
Recordaron que como parte de las acciones de búsqueda en vida -conformadas por la pega de células-, éstas no solo son colocadas en espacios públicos sino también en privados como: hospitales, centros de rehabilitación u otras dependencias.
Por lo tanto, a decir del CEPAD, la ambigüedad respecto a la prohibición se encuentra en la propia conceptualización de esta iniciativa para comprender lo que enmarca “espacios públicos prohibidos”.
“No se retoma en ningún momento ni el concepto de espacios públicos permitidos o espacios públicos no prohibidos. Entonces, también sería limitarnos a lo que ya está establecido en la ley general como un derecho o reconociendo también esta actividad de acción de búsqueda en vida”, afirmaron.
Al respecto, la diputada Norma López afirmó que el tema ha generado confrontación, sobre todo “en su contra” debido a que, señaló, las familias han sido manipuladas:
“Estaban preocupados – medios internacionales- porque los colectivos manifestaron: Nos quieren prohibir la pega de fichas de búsqueda. Y atrás de esas manifestaciones de personas algunas personas que todavía cuentan con antecedentes penales por venta de drogas, abiertas carpetas de investigación y algunas otras conductas delictivas”.
Dado este intercambio de posturas por parte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) aseguraron no tener un perfíl político y que la preocupación nace por proteger el ejercicio de memoria, las acciones de búsqueda e investigación.
“Los diálogos internos que tengan ustedes me parece que son adecuados, es el trabajo que hacen ustedes, pero que se venga a exponer, a enseñar mensajes y demás. Yo no estoy de acuerdo con eso”.
Martha Leticia García, líder del colectivo Entre Cielo y Tierra, que integra hasta a 600 familias, también encaró la situación y su postura fue clara: “Aborrecemos totalmente esa iniciativa de que nos prohíban o no lugares”.
La madre buscadora afirmó que además de hablar sobre las fichas de búsqueda también es indispensable comprender el panorama completo, ya que desde su perspectiva, las familias buscadoras realizan el 70 por ciento de trabajos para dar con el paradero de las y los desaparecidos que hay en Jalisco, mientras que, el Estado solamente aportaría el 30 por ciento. Esto quiere decir que esta iniciativa se suma a las preocupaciones que conlleva su labor.
“Nos sentimos agredidas, es la verdad, es una agresión a nuestra lucha tan digna que no deberíamos nosotros andar buscando si el gobierno hiciera lo que le corresponde, añadió”.
A las familias buscadoras se les han atribuido responsabilidades del Estado en la búsqueda en campo, búsqueda en vida, recabación de información, identificación de restos, entre otras y ahora, según la conversación de este viernes también deben ser competentes en legislación.
“Nosotros no sabemos de leyes, hemos adquirido experiencia en base a lo que hemos vivido, pero realmente no sabemos qué sí se puede, qué no se puede. Yo creo que es demasiado lo que ya vivimos con la exigencia de la búsqueda y la aclaración de verdad y justicia de nuestros hijos como para teneros que meter hasta en cómo funciona un congreso”.
La activista y madre buscadora, Martha Leticia expresó que estas acciones por parte del legislativo podrían ser parte de “la estrategia de blanqueamiento” por el mundial que está próximo a celebrarse en la ciudad.
“Es un hecho que como viene el mundial no quieren que se estén visibilizando los nuestros y los van a prohibir”.
Por último, la diputada Norma López acordó continuar con la iniciativa que seguirá su proceso en el Congreso del Estado de Jalisco, pero bajo la idea de cuidar la prohibición de espacios públicos para la pega de cédulas de búsqueda en Jalisco.
