Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Las investigaciones y persecución de los delitos requieren del apoyo técnico de personal experto para fijas indicios o aplicar la ciencia para “esclarecer” los hechos, de tal manera que hoy las ciencias forenses es un medio indispensable para el sistema de justicia penal.
En Jalisco su trayectoria pasó de estar sometida simplemente a las dinámicas de corrupción e impunidad del Ministerio Público hasta discutirse la conformación de instituciones que pudieran darle cierta “autonomía” a su propia voz científica, hasta llegar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Aún a pesar de su mandato, varios hechos comprobaron que el lema del propio IJCF “La ciencia es la luz de la justicia”, estaba condicionado siempre y cuando existieran expertos que se constituyeran en ese faro.
Todos recordamos al gran maestro forense, el doctor Mario Rivas Souza, el cual aún con las presiones de un caso de gran impacto como el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1994, optó por la verdad a través de la ciencia al catalogar los disparos como directos.
Caso contrario ocurrió en casos de tortura como el de Víctor Castañeda Casas, documentado a través de la Recomendación 11/99 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en ese entonces presidida por María Guadalupe Morfin Otero, en el que se comprobó la gravísima tortura cometida por personal del área de secuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual se comprobó la participación de personal médico forense que en lugar de dar fe los actos en contra de la integridad de dicha persona, encubrieron actos de tortura, con lo cual se evidencio que la luz de la justicia tenía un apagador que cedía ante las instrucciones del poder.
La reciente Recomendación 11/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada directamente con el centro de exterminio localizado en el Rancho Izaguirre, comprueba que en el IJCF la luz de la ciencia sufre un apagón constante.
Desde el 18 de septiembre de 2024, en que fueron detenidas 10 personas, se solicitó por parte del Agente del Ministerio Público, asegurar el rancho y en caso de encontrar indicios inspeccionarlos, asegurarlos y garantizar una adecuada cadena de custodia. Para ese momento ya existían 7 vehículos y otra evidencia balística.
Se instruyó a personal del IJCF que buscara en el inmueble la localización de sitios de inhumación clandestina, localizándose en octubre de dicho año, un primer lote de restos óseos y otros indicios que “no fueran asegurados, clasificados, inventariados o registrados en el dictamen correspondiente”, además de otras evidencias al interior del rancho que no fueran aseguradas y clasificadas, con lo cual existen claras irregularidades en la preservación del sitio y pone en riesgo la eficacia de la investigación. Cabe mencionarse que tampoco cumplió con su trabajo la policía investigadora de Jalisco.
Sobresale que los 7 vehículos no fueron analizados respecto a las evidencias y para noviembre de 2024, tres de ellos ya habían sido sustraídos del lugar.
La confronta genética se realizó hasta marzo de 2025 a pesar de haberse entregado en septiembre de 2024, para ser comparadas con muestras de familiares de personas desaparecidas, con lo cual se demuestran claros retrasos y omisiones indebidas.
La CNDH encuentra que aún a pesar que posteriormente se recuperaron 1,842 indicios, no se aseguraron correctamente como evidencias.
En la discusión pública prevalece un sentimiento de que la impunidad es originada por una combinación de falta de recursos de las instituciones, falta de voluntad de los tomadores de decisiones y contextos que presionan para evitar que casos graves sean prioritarios.
Sin embargo, lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, señalado como un centro de exterminio, desvela la inexistencia de una estructura básica para siquiera cumplir con un mandato mínimo, no se diga técnico, falta de capacidades y la comprobación de un quehacer omisivo y francamente delictivo, porque en realidad se atenta contra la debida justicia.
Se comprueba una vez más que la Fiscalía de Jalisco y el IJCF, tienen otras prioridades que las de aportar una verdad y justicia debida a las víctimas y a sus familiares, la brújula indica que su trabajo es retrasar la verdad de la ciencia y complicar el acceso al derecho elemental a la justicia.
Se advierte un orden en el que los organigramas no alertan, no evitan y no ordenan medidas para proteger los derechos de las personas ante esta emergencia humanitaria.
La Recomendación de la CNDH llega tarde, pero advierte la brecha de lo que se ha dejado de hacer y aporta un elemento más de la grave responsabilidad en Jalisco de evitar sexenio tras sexenio una transición a otro modelo de justicia penal en Jalisco, reflejado más en fiscales que aporten a una de que reconozca que sus acciones han sido superadas, que requiere de una transformación urgente y con una amplia cooperación internacional.
Los narcobloqueos ocurridos el 22 de febrero y los hechos documentados por esta Recomendación, dejan en evidencia la urgencia de acelerar este proceso, si es que se busca atender una obligación de Estado de cara a la emergencia humanitaria.
Lo contrario, sería volver a colocar el cronómetro en cero para que sólo sea cuestión de tiempo la localización de más centros de exterminio y comprobación de una connivencia entre quienes deben de cumplir con la ley y actores del crimen organizado.
Ya no bastan las mesas o grandes diagnósticos, es momento de reconocer que en Jalisco hay un apagón de la justicia ¿quién la enciende?
