En Tapalpa, Jalisco, comunidades denuncian la operación irregular de un banco de material pétreo que mediante el uso de dinamita ha comenzado a generar daños en viviendas, afectaciones ambientales y preocupación por la salud de sus habitantes. Pese a haber presentado una denuncia formal ante autoridades aún no reciben respuesta.
Por Farah Medina / @_dtfarahm_
Fotografías cortesía de las comunidades de Las Moras, La Barranca del Refugio y La Cofradía de Tapalpa, Jalisco.
A 100 metros de la comunidad de Las Moras en Tapalpa, Jalisco un banco de material pétreo opera, según denuncian habitantes, sin ningún tipo de permisos ambientales o de operación, haciendo uso de explosivos a cielo abierto que ha provocando en meses recientes daños estructurales en viviendas, afectaciones a la salud y deterioro ambiental que ya impacta a más de 130 familias de esta comunidad junto con las de La Barranca del Refugio y La Cofradía, también del municipio de Tapalpa.
El 8 de enero, las comunidades presentaron una denuncia colectiva ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). En esta se expresa que las actividades extractivas, que iniciaron en enero de 2022, no habían causado gran impacto, hasta los últimos meses por el uso de dinamita.
“El banco no tiene permisos, ningún tipo de permiso, no está legal para nada”, afirma Anan Nodedt, habitante y uno de los voceros comunitarios. “Tener un banco de piedra a cielo abierto con dinamita no está regulado por ninguna ley, es totalmente ilegal. Entonces, si hay algún permiso fue comprado y pagado de manera ilegal”.
Según relata, dicho banco no está gestionado por ninguna empresa, es un negocio familiar instalado en un predio de cinco hectáreas. Al momento, las acciones del banco sólo han avanzado por una hectárea pero su huella en el territorio ya es preocupante.
Las detonaciones han dejado afectaciones materiales en las viviendas cercanas. Según reportan, esto ha llevado a fracturas en muros, desprendimiento de vidrios y caída de tejas, además de vibraciones constantes.
“Ha empezado a hacer como rotura de todas las casas, está a 100 m de la primera casa de la comunidad de las Moras… Esa última dinamita que pusieron… tumbó techos de teja, rajó muchas casas”, relata Anan, quién cuenta las afectaciones también han llegado a nivel turístico.
Él es dueño de cabañas de hospedaje en la zona, en su caso, estás detonaciones arrancaron pisos de los inmuebles. El ruido también ha afectado, “El ruido que está emitiendo eso 24/7… ¿Quién va a venir de turismo a un lugar donde está el ruido constante?”. Anan señala que el único día en que las detonaciones y el ruido paran son los domingos. El resto de la semana, las comunidades deben coexistir con las actividades del banco de material.
Por otro lado, la emisión constante de partículas de polvo debido al picado de piedra ha generado preocupación por afectaciones a la salud de sus habitantes en el futuro.
El trabajo del banco, también ha afectado el medioambiente; desde desertificación de la zona, desplazamiento de la fauna y posibles daños hasta la contaminación en los pozos de agua de dónde la población se abastece del líquido vital.
Según relata Anan, todo esto ya es visible, sobre todo la pérdida de fauna y la alteración del ecosistema, “Desertificación total… pérdida de fauna, coyotes, zorrillos, armadillos, destrucción total del ecosistema, se vuelve como un desierto a todo alrededor”, describe.
Por otro lado, la preocupación por el suministro de agua está presente en la comunidad “Toda esa contaminación de la dinamita, ¿a dónde va? Va al acuífero. Entonces, nuestros hijos, nuestras familias van a tener agua toda contaminada con dinamita. Nadie está regulando eso (…) Podemos perder pozos profundos también de varias comunidades que se nutren de esos pozos para alimentar a su familia y tener agua”.
La denuncia ha sido ignorada por las autoridades, la comunidad afirma es debido a la zona en la que el banco está ubicada, una que Anan describe como alejada y marginada de la zona turística y popular del municipio de Tapalpa, “Estamos en la zona pobre de Tapalpa… en la zona rica no meten un banco de esos(…)acá es destrúyanlo todo para que haya del otro lado del cerro 10 cabañas bonitas”.
Anan se ha convertido en el vocero de la comunidad, frente al hartazgo y el malestar que esta situación está generando, incluso, cuando existe miedo a hacer esta denuncia más pública: “la verdad yo estoy bastante harto de vivir con esa estigma del miedo. Esto se tiene que saber, se tiene que decir, se tiene que alzar la voz”.
Sin embargo, aunque la denuncia formal fue presentada ante PROEPA, no han recibido respuesta alguna, “ nunca nadie nos escribió, nunca nadie nos habló” precisan.
El documento fue firmado por habitantes de las comunidades afectadas, quiénes solicitan inspecciones, verificación de permisos y, en caso de irregularidades, la suspensión de actividades, así como un plan de remediación ambiental. “Ahí está la firma de toda la comunidad. Todos firmaron. O sea, todos los delegados, cada familia, toda persona mayor de edad firmó ese documento”.
Las comunidades creen que la omisión de las autoridades ambientales también puede ser derivada de los esfuerzos del gobierno municipal por reactivar la economía y el turismo en Tapalpa, esto, derivado de los sucesos del 22 de febrero, tras la captura de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”. Creen que una denuncia como la de la comunidad podría afectar este plan. A pesar de esto, su exigencia es que atiendan a las comunidades.
“Al gobierno no tenemos por qué mendigarles y pedirles atención, es hacer su trabajo”, piden además garantizar sus derechos, “El gobierno tiene que garantizar acceso a la salud, acceso al agua y acceso a un medio ambiente sano. Ninguno de esos aquí se está cumpliendo”.
Debido a esto, la comunidad ha decidido alzar la voz hacia los medios de comunicación, pero señalan, tampoco han tenido gran respuesta o difusión.
Las y los habitantes, desean agotar todas las vías legales. De no recibir respuesta, planean hacer uso de sus plataformas para evidenciar la omisión de las autoridades que sigue mermando la tranquilidad de 130 familias que están siendo afectadas.
Al momento, las comunidades tampoco han mantenido diálogo alguno con los dueños del banco y debido a las cercas existentes en el predio tampoco pueden acceder a éste.
