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Desde diciembre de 2021, seis familias indígenas tzeltales de Nueva Palestina, en Ocosingo, viven desplazadas tras un ataque armado en su comunidad. Su caso forma parte de una crisis mayor: en 2024, Chiapas concentró más de la mitad de los desplazamientos registrados en México, un fenómeno que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños y que, pese a recomendaciones oficiales, sigue sin una respuesta protección y atención integral.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
Por Mitzi Fuentes/ Chiapas Paralelo
En Chiapas, el desplazamiento forzado interno provocado por la violencia de grupos armados y del crimen organizado mantiene en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas, principalmente mujeres, niñas, niños, adolescentes y ancianos.
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) 2024, el estado de Chiapas concentró el 61.8% de los 26 mil desplazamientos registrados en México, mientras que 17 mil 800 personas huyeron de sus comunidades por hechos violentos ligados a grupos criminales, según el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y ACNUR.
En este contexto, seis familias indígenas originarias de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo —integradas por 46 personas, entre ellos 24 niñas, niños y adolescentes— permanecen desplazadas desde diciembre de 2021, sin reconocimiento legal pleno como víctimas, pese a la recomendación 157/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acreditó graves violaciones a sus derechos humanos.
El caso Nueva Palestina: ataque armado y huida
Desde la geografía del dolor mexicano, donde la violencia deja muertos y desplazados, emerge la voz de Antonia Aguilar Solórzano, madre de diez hijos y esposa de Versaín Velasco García, defensor comunitario. Su testimonio es un retrato descarnado de la realidad que se vive en la selva Lacandona.
Los días 15 y 16 de diciembre de 2021, su vida, y la de sus hijos, junto con otras cinco familias, se convirtió en un infierno.
Un grupo armado, presuntamente coludido con policías rurales, atacó sus viviendas en Nueva Palestina, comunidad situada al oriente de Ocosingo, en la frontera con Guatemala. La región arrastra conflictos agrarios y ambientales, y hoy enfrenta además la disputa del crimen organizado por el control territorial.
Antonia, originaria del pueblo tzeltal, relató con voz temblorosa que su casa fue incendiada. Ella y su familia fueron amenazadas de muerte. Fue privada de su libertad con una de sus hijas, entonces menor de edad y permaneció ocho días en cautiverio sin agua ni alimentos. “Me golpearon hasta perder el conocimiento; pensaron que me habían matado junto con mi hija”, recuerda.
Tras días de encierro, una fiscal acudió por ella con el argumento de trasladarla a un albergue en Ocosingo. Sin embargo, pasó de víctima a acusada: fue encarcelada durante un año bajo cargos -–dice– fabricados.
El conflicto se originó cuando cinco jóvenes fueron acusados de robo y multados con 50 mil pesos cada uno, si no pagaban, serían quemados. Ante la inminencia del plazo, sus familiares pidieron la intervención de Versaín Velasco García, quien logró que fueran trasladados y puestos a disposición de la fiscalía de Ocosingo.
Esa acción, según Antonia, incomodó a las autoridades comunales. “No era la primera vez que intervenía, ya había denunciado violaciones a los derechos humanos, y eso no gustaba a la gente”, expresa la mujer maya del pueblo tzeltal.
El día del ataque, Antonia vio llegar a policías rurales y civiles armados con palos, machetes, gasolina y armas de fuego hasta su casa. Buscaban a Versaín. Al no encontrarlo, arremetieron contra sus hijos violentamente. Entre la revuelta, algunos lograron huir y refugiarse con familiares y vecinos.
“Salimos porque nos atacaron”-afirma- “dijeron que iban a acabar con todo, con el apellido, con la raíz”, expresó la víctima.
En represalias las autoridades locales encarcelaron a Isaura Velasco García, hermana del defensor y a Diego Chamoan Velasco Aguilar, hijo de Versain, de 15 años, ambos fueron acusados de robo.
Bersain Velasco Aguilar, el segundo hijo de Versain, tenía 17 años, al ser el varón mayor, siempre acompañaba a su padre en las diligencias de la defensoría y en los trabajos del campo, desempeñándose como su secretario o ayudante. Por ser un joven visible, los agresores se ensañaron contra él, por lo que fue quien llevó la peor parte; fue torturado y herido a machetazo, en el solar de la casa de sus padres.
Fredi Gómez Santis, padre de dos menores y sobrino político del defensor comunitario, salió en defensa del joven Bersain. Según los hechos Gomez Santis disparó al policía Antonio Hernández Olleta, por lo que fue capturado, torturado y posteriormente desaparecido. Este delito fue imputado a Versaín Velasco García, esposo de Antonia.
Lesiones, secuelas y expedientes sin avances
El hijo mayor de Antonia, Bersaín Velasco Aguilar, ha documentado las agresiones sufridas a su familia y, con el acompañamiento de organizaciones civiles, se ha convertido en un activo defensor de derechos humanos en la exigencia de justicia.
El 16 de diciembre de 2021 sufrió un ataque con machete que le provocó una fractura expuesta en el brazo derecho al intentar cubrirse de un intento de decapitación.
“El policía quiso herirme en el cuello; me cubrí con el brazo y por eso tengo esta lesión”, relató Bersaín, hoy estudiante de Derecho.
Relata que, tras el ataque, huyó y caminó durante tres días por la selva hasta encontrarse con su padre. El 20 de diciembre llegó a San Cristóbal de Las Casas, donde fue internado en el Hospital de las Culturas y sometido a cirugía. Actualmente porta una placa y un tornillo metálico; una cicatriz rodea su codo derecho, su movilidad quedó limitada de forma permanente.
“Es imposible negar que hubo un ataque armado cuando existen pruebas físicas visibles”, sostiene Bersain
El joven estudiante de derecho y defensor, junto con otras seis familias, da seguimiento a los procesos legales, aunque enfrentan dificultades para costear la defensa jurídica. Con apoyo de voluntariados han impulsado las carpetas de investigación C.I. 0154-101-301-2022 (por Víctima de desaparición forzada); R.A. 0058-101-2801-2022; MSCTSCM/006/005/2023; MSCTSCM/007/005/2023 (por tortura sexual), y R.A. 1308-078-1001-2021.
La familia sostiene que hubo fabricación de delitos y afirma que, desde el 8 de enero de 2022, existen otras órdenes de aprehensión vigentes contra sus integrantes. También denuncia la falta de avances sustanciales en la investigación por parte de las fiscalías, mientras los presuntos responsables continúan en libertad.
El padre, Versaín Velasco García, defensor comunitario, permanece privado de su libertad desde el 10 de enero de 2022. Fue sentenciado a 58 años y cuatro meses de prisión en la causa penal 02/2022. De acuerdo con su defensa la sentencia fue confirmada en apelación y actualmente se encuentra en trámite un juicio de amparo.
Su caso ha sido documentado por la ONU, en enero de 2024, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, exigió su liberación. La comisión de derechos humanos lo reconoció como víctima en la recomendación 157/2023. Pero nada de eso ha bastado. Versaín continúa preso.
El desplazamiento: cuatro años de nomadismo forzado
Desde su salida de Nueva Palestina, las familias residen en San Cristóbal de Las Casas en condiciones de hacinamiento. Antonia y su familia viven en un pequeño cuarto “no hay dónde lavar los trastes ni preparar comida, no hay cocina”, describe.
Sus hijas e hijos duermen en el piso, amontonadas. La vivienda resume su condición: estrechez y precariedad.
El apoyo oficial es insuficiente, reciben 2 mil 500 pesos para pagar la renta, pero deben completar con lo que no tienen. La despensa contiene 12 productos para el mes por familia. “es un producto por persona para todo el mes”, dice, “no alcanza para alimentar a 10 niños, niñas y adolescentes en crecimiento”.
Mujeres e infancias, los más afectados
El impacto en la salud y el desarrollo de las ocho mujeres y 24 menores ha sido devastador.
Antonia refiere que sus hijos están desnutridos y son vulnerables a infecciones estomacales y enfermedades respiratorias.
Antonia sufre migrañas severas, secuela de los golpes en la cabeza. Cuando el dolor la postra, sus hijos improvisan alivio con aceite de oliva y rezos. La fe suple lo que falta en la farmacia. “Me preocupa morirme y dejar solos a mis hijos”, confiesa.
Claudia Guzmán Velasco, sobrina del defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado y abuso sexual, contó que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Hoy es madre de dos hijos, con uno de ellos en brazos, recuerda cómo fue sometida y encarcelada injustamente.
“Nos metieron a la cárcel sin haber hecho nada, solo por ser familia de Versaín y llevar el apellido Velasco”, dice.
El 27 de abril de 2022, su agresor, Pedro Sánchez Vilchis, fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión en el CERSS 16 de Ocosingo.
Otras de las mujeres afectadas es Ester, hija de Versaín y Antonia, quien tenía 20 años cuando ocurrió el ataque, aseguró que las secuelas son imborrables. “Fue muy duro, nadie quiere volver a vivir eso. Incluso niños que entonces tenían tres años aún pueden contar lo que vieron”, relató.
Aseguró que la adaptación en San Cristóbal de Las Casas sigue siendo difícil. Reveló que al principio recibieron atención psicológica esporádica y medicinas limitadas.
“Cada vez que vamos a la clínica solo nos dan paracetamol”, señaló Ester, al describir la falta de tratamientos adecuados para dolores crónicos, infecciones y fiebres derivadas de la violencia sufrida.
En el ámbito educativo, las familias han hecho esfuerzos por mantener a los menores en la escuela pese a la precariedad. Algunas tienen seis o diez hijos, lo que complica cubrir inscripciones, útiles y transporte. El hacinamiento es otra constante: familias numerosas comparten viviendas insuficientes.
El miedo una sombra permanente
El miedo no se disipa. Antonia y las otras mujeres temen que “vengan los de Nueva Palestina” a hacerles daño. La amenaza no es exagerada: su hijo Diego fue detenido de forma arbitraria por la policía municipal en San Cristóbal de Las Casas e interrogado por antecedentes.
“¿Y si la propia policía tiene contacto con quienes nos agredieron?” cuestiona.
El temor, explica, se reaviva al recordar el día del ataque, cuando – según su testimonio- policías rurales y estatales actuaron junto con civiles armados.
Exigen reconocimiento y reparación
Pese a la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, las seis familias desplazadas de Nueva Palestina no han sido reconocidas formalmente como víctimas. Sólo cinco recibieron apoyo parcial para vivienda y despensas limitadas.
Antonia no contempla regresar a su comunidad. “El gobierno tiene la obligación de garantizar un lugar seguro para mis hijos, su salud, su educación y una vida digna”, Su exigencia resume la de miles en Chiapas: “Que el gobierno nos escuche. Que nos mire. Que no sigamos sufriendo. Ya no pedimos limosna, pedimos justicia”.
El testimonio de esta mujer tzeltal da cuenta de las consecuencias del desplazamiento forzado. En su relato convergen los hechos de violencia que marcaron su salida de la comunidad y los desafíos que enfrenta desde entonces, pero también la decisión de mantenerse en pie junto a su familia.
La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) estimó que, en 2024, la violencia afectó directa e indirectamente a 161 mil 570 niñas, niños y adolescentes según el INEGI, en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec y Tila, donde se registraron desplazamientos forzados masivos. En su informe 2025 reportó 460 denuncias por desaparición y 328 por pederastia, entre otros delitos.
La organización Melel Xojobal ha advertido que el desplazamiento forzado incrementa riesgos específicos para mujeres y niñas entre ellos violencia sexual, deserción escolar y, pérdida de acceso a servicios de salud.
A ello se suma la migración forzada de 8 mil 656 niñas, niños y adolescentes detenidos; 876 deportados y 635 menores chiapanecos repatriados desde Estados Unidos. Las cifras revelan un contexto de violencia estructural que impacta con mayor fuerza a la infancia y a las mujeres.
Una crisis histórica que se agrava
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha documentado que el desplazamiento forzado en Chiapas tiene raíces históricas. Durante el levantamiento zapatista se registraron al menos 20 mil personas desplazadas.
“Hay cuentas pendientes históricas por estos hechos lamentables”, señaló Pedro Alfaro, coordinador de Incidencia del Frayba.
La impunidad y la falta de atención estructural han propiciado nuevos desplazamientos, alimentados por la violencia y la reactivación de grupos armados, incluidos remanentes del paramilitarismo de los años 2000.
En 2017, la violencia en municipios como Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán y Aldama, así como en la región Selva, obligó a huir a 18 mil personas.
El su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” reportó 20 eventos de desplazamiento forzado interno entre enero de 2023 y junio de 2024, con un estimado de 15 mil 780 personas afectadas, víctimas de la violencia en municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa.
Así también, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
En la región Frontera y Sierra Mariscal se calcula que 8 mil 190 personas han sido desplazadas por grupos delincuenciales. La magnitud del fenómeno evidencia una crisis humanitaria con graves violaciones a los derechos humanos. La falta de seguridad y el temor han convertido estos territorios en zonas silenciadas, con presunta complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, informó que además de la zona fronteriza también hay desplazamientos en Altamirano (18 familias), Tenejapa (cuatro familias) y Tila (más de 50 familias). Estos casos se atienden en mesas de diálogo con el gobierno estatal.
“En la zona fronteriza persiste la violencia por la presencia del crimen organizado y el temor a denunciar es alto. También hay desplazamientos derivados de conflictos comunitarios”, declaró el párroco.
El obispo Rodrigo Aguilar Martínez reconoció que, aunque la situación ha mejorado respecto a años anteriores, “no se ha terminado, falta mucho por hacer en la reconstrucción de la paz”.
Las cifras oficiales están por debajo de las documentadas por organizaciones y redes defensoras de derechos humanos. Entre 2017 y 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 23 recomendaciones en favor de 502 mujeres, 539 hombres y 431 niñas y niños.
A su vez, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó, vía transparencia, que de 2010 a 2023 atendió 13 casos en municipios como Teopisca, Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Nicolás Ruiz, Chilón y Huixtán. En total, brindó atención a mil 462 personas: 391 hombres, 429 mujeres, 329 niños, 300 niñas y 13 adolescentes.
La falta de aplicación efectiva del marco legal federal y estatal mantiene en la indefensión a víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. Aunque existe una Ley para la Protección y Atención del Desplazamiento Interno en el estado, en la práctica muchas personas no reciben reconocimiento oficial como víctimas, requisito indispensable para acceder a apoyos gubernamentales. El trámite exige presentar denuncia ante el Ministerio Público, pero el temor a represalias impide que la mayoría lo haga, lo que deja los casos en la impunidad.
Pese a que Chiapas es uno de los pocos estados con una legislación específica en la materia, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno permanece inoperante y no se ha emitido el reglamento que permita aplicar la ley. Esta omisión ha limitado la actuación de las autoridades, que concentran su intervención en respuestas emergentes de ayuda humanitaria a través de Protección Civil, sin desarrollar políticas integrales de prevención, registro y atención estructural del fenómeno.
Además, no existen mecanismos sólidos de documentación, diagnóstico ni espacios formales de diálogo entre autoridades, víctimas y sociedad civil para atender las causas del desplazamiento. La ausencia de coordinación y de estrategias de prevención y reparación refleja una deuda pendiente tanto del gobierno estatal como del federal, mientras las personas desplazadas continúan buscando por cuenta propia medios de subsistencia y protección.
