La guía de Impunidad Cero expone que en 2023 hubo 8.1 millones de fraudes financieros, 71% en línea y con 97% sin denuncia. El documento explica tipos de estafa, causas de la baja denuncia y medidas de prevención digital. También detalla qué hacer en caso de ser víctima, qué pruebas reunir y a qué instituciones acudir. Este trabajo busca facilitar el acceso a la justicia con información clara y útil para la ciudadanía.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
La “Guía para denunciar fraudes cibernéticos”, presentada por la organización Impunidad Cero, llega como una respuesta necesaria ante el incremento exponencial de los delitos digitales en el país. Las estadísticas son contundentes: durante 2023 se contabilizaron 8.1 millones de reclamaciones por ilícitos financieros, de las cuales el 71% se originaron en entornos virtuales.
Sin embargo, el dato más alarmante es el silencio estadístico, ya que cerca del 97% de estos casos no llega a denunciarse formalmente. Esta herramienta condensa modalidades de engaño, estrategias de prevención y una hoja de ruta para interactuar con las instituciones de justicia.
Claudia Morales, Coordinadora de Proyectos de la organización y especialista en derecho, compartió en diálogo con ZonaDocs que el origen de este recurso reside en la vulnerabilidad cotidiana de la población. Según la experta, la frecuencia con la que las personas reciben llamadas sospechosas, correos apócrifos o mensajes que solicitan datos sensibles confirma que los esquemas de estafa se han convertido en una amenaza omnipresente en el entorno personal y bancario.
Este auge del fraude electrónico se encuentra intrínsecamente ligado a la evolución tecnológica. Claudia detalló que la democratización de internet y el uso masivo de dispositivos móviles han abierto la puerta a sofisticadas formas de manipulación, que van desde enlaces engañosos hasta contenidos audiovisuales alterados, multiplicando así el espectro de acción para los victimarios.
Uno de los obstáculos críticos identificados por la especialista es el desconocimiento generalizado sobre la ruta legal a seguir. El acceso a la justicia suele percibirse como un laberinto debido al uso de tecnicismos jurídicos y a la opacidad en los procedimientos ante el Ministerio Público y otros organismos, lo que desincentiva a las víctimas desde el primer momento.
Para romper estas barreras, el manual apuesta por una comunicación clara y pedagógica. El objetivo central es democratizar el conocimiento sobre qué constituye un fraude cibernético y cómo reaccionar ante él, ofreciendo instrucciones precisas sobre el acopio de pruebas y los requisitos necesarios para interponer una denuncia que tenga posibilidades de prosperar.
El diagnóstico de Impunidad Cero clasifica las modalidades más comunes en el territorio nacional: desde la venta ficticia de bienes y servicios hasta la extorsión digital y el robo de identidad. La guía también alerta sobre tácticas emergentes que emplean inteligencia artificial para simular inversiones atractivas, plataformas financieras que se esfuman tras captar fondos y las denominadas “apps de préstamos” que ofrecen liquidez inmediata sin filtros, convirtiéndose a menudo en mecanismos de extorsión.
Sobre la psicología del engaño, Claudia destacó que los perpetradores suelen explotar la urgencia y la necesidad emocional. Al recibir alertas sobre la supuesta cancelación de una cuenta bancaria o la pérdida de una pensión, las víctimas actúan bajo presión, omitiendo protocolos básicos de verificación de seguridad, lo que facilita la entrega involuntaria de información confidencial.
En cuanto a la demografía del riesgo, señaló que la brecha digital sitúa a los adultos mayores en una posición de especial vulnerabilidad frente a enlaces maliciosos. No obstante, aclaró que el peligro no es exclusivo de la tercera edad; el sector juvenil, a pesar de su familiaridad con la tecnología, también es blanco frecuente de ataques dentro de ecosistemas de videojuegos y plataformas de interacción social.
Así mismo, enfatizó que estos esquemas criminales mutan a la par de la innovación técnica. Si bien prácticas tradicionales como el phishing -basado en correos y SMS falsos- persisten, hoy conviven con métodos mucho más complejos que dificultan su detección incluso para usuarios experimentados, lo que exige una actualización constante de las medidas de autoprotección.
Por otro lado, el informe profundiza en las razones de la baja tasa de denuncia. Más allá del complejo proceso burocrático, existe un factor psicológico determinante: el sentimiento de culpa o vergüenza. Muchas víctimas optan por el silencio al considerar que “debieron notar el engaño”, una percepción que, sumada a la dificultad de rastrear transacciones digitales, favorece la impunidad de los agresores.
En el ámbito preventivo, el documento pone énfasis en el blindaje de la privacidad digital. Claudia recomendó encarecidamente el uso de contraseñas complejas y, sobre todo, la activación de la autenticación de dos pasos o factores (2FA), medida que actúa como una barrera robusta frente a intentos de acceso no autorizado en aplicaciones de mensajería y correos electrónicos.
Asimismo, instó a la ciudadanía a evitar la navegación en portales dudosos y el uso de redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones sensibles. La vigilancia sobre los hipervínculos recibidos por canales digitales es fundamental, pues la transferencia espontánea de datos personales sigue siendo el eslabón más débil que aprovechan los ciberdelincuentes para vulnerar la seguridad del usuario.
Ante el contacto sospechoso de supuestos familiares o instituciones, la consigna es el escepticismo. En el caso de anomalías bancarias, lo ideal es acudir de manera presencial o utilizar los canales oficiales de las unidades especializadas de cada banco, ya que estas áreas poseen protocolos específicos para gestionar la recuperación de fondos en casos de cargos no reconocidos.
La supervisión del entorno familiar también es una recomendación clave. Claudia sugirió monitorear la actividad digital tanto de menores como de adultos mayores, dado que su exposición a riesgos en línea puede derivar no sólo en pérdidas patrimoniales, sino en vulnerabilidades que trascienden el fraude financiero hacia otros peligros cibernéticos.
Si el delito ya se ha consumado, la guía ofrece un protocolo de actuación inmediata. Este proceso comienza con la recopilación exhaustiva de evidencia y continúa con la canalización hacia las instituciones adecuadas, buscando siempre reducir las fricciones administrativas que suelen desalentar a quienes buscan justicia.
En este sentido, es vital documentar cada rastro del fraude: estados de cuenta, alertas de movimientos bancarios y registros de cargos sospechosos son los cimientos de cualquier denuncia formal. Contar con estos datos sistematizados agiliza significativamente la intervención de las autoridades competentes.
De igual forma, la preservación de la evidencia digital es determinante para el éxito del caso. Se recomienda conservar capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp, correos electrónicos y mensajes de texto, además de registrar minuciosamente los números telefónicos desde los cuales se operó la estafa, ya que estos elementos constituyen indicios fundamentales para la investigación criminal.
Existen diversas rutas de reporte más allá del Ministerio Público. Morales sugirió acudir a la Condusef para procesos administrativos que suelen ser más ágiles que la vía penal, o reportar el incidente ante la Guardia Nacional a través de la línea 088 de la Policía Cibernética. Estas instituciones pueden ofrecer asesoría técnica especializada para el bloqueo de cuentas o el rastreo de los delincuentes.
Finalmente, Claudia recomendó resguardar toda la información digital en dispositivos físicos, como memorias USB, para facilitar su entrega a los peritos. La denuncia sistemática de los números telefónicos fraudulentos no solo ayuda en el caso individual, sino que permite a las autoridades mapear y neutralizar las redes de estafa de mayor alcance.
La “Guía para denunciar fraudes cibernéticos” es de carácter gratuito y puede consultarse en el portal oficial de www.impunidadcero.org, dentro de la sección de investigaciones. El documento aspira a ser una herramienta de apoyo ciudadano, ofreciendo directorios institucionales y consejos prácticos para enfrentar una crisis delictiva que no deja de evolucionar.
