Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit se unieron para requerir a la Auditoría Superior del Estado (ASEN) que lleve a cabo una Auditoría Forense Integral que vigile el actuar de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit (CEAIV).
La petición firmada por al menos nueve agrupaciones de familias buscadoras fue presentada ante la Secretaría Particular del Gobernador y el Congreso del Estado, en esta se demanda una investigación que transparente el “ejercicio de recursos públicos, estructura, cumplimiento de atribuciones legales y la eficacia” de ambas instancias en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas, respectivamente.
Reconociéndose como titulares de derechos en su condición de víctimas directas e indirectas de violaciones graves a sus derechos humanos, afirmaron que esta es una “acción de exigibilidad institucional frente a posibles mecanismos de simulación, opacidad y descomposición en el ejercicio de gasto público”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Ilustración de portada creada con Inteligencia Artificial
Los colectivos de familias buscadoras Por Nuestros Corazones A.C, Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C, Búsqueda Desaparecidos Nayarit A.C, Renacer por Amor a Ellos, Guerreros Buscadores de Nayarit, Agape, Buscadores unidos de Nayarit, Madres independientes buscando a sus hijos y Uniendo Corazones Bahía de Banderas solicitaron a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) que revise el actuar de las instancias de búsqueda y atención víctimas en la entidad.
En su reconocimiento como víctimas directas e indirectas de graves violaciones a derechos humanos, presentaron un acción de exigibilidad institucional en la que demandan que la dependencia lleve a cabo una Auditoría Forense Integral que indague sobre el actuar de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit (CEAIV), frente a “posibles mecanismos de simulación, opacidad y descomposición en el ejercicio del gasto público” destinado a la búsqueda de personas y atención a víctimas.
De acuerdo con lo planteado en los oficios que entregaron a la Secretaría Particular de Gobierno y el Congreso del Estado, piden que esta auditoría tenga un enfoque financiero, operativo y de desempeño sobre “el uso, destino, control y eficacia de los recursos públicos asignados”.
Además, en estos documentos exhiben lo que podrían ser indicios de actos de corrupción, revictimización así como lo que consideraron es el “incumplimiento sistemático de obligaciones legales y constitucionales, que ha tenido como consecuencia directa la profundización del sufrimiento de las víctimas”.
Más allá de los sellos de recibido de parte de ambas dependencias (con fecha del 24 de abril de 2026), no han recibido ninguna respuesta o posicionamiento oficial frente a sus demandas, así como confirmó Virginia Garay Cázares, representante del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C.
Sobre el actuar de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit (CEAIV)
Para los colectivos de búsqueda “existen indicios consistentes sobre una posible falla estructural del Estado” en el actuar de esta dependencia, tales como: la simulación en la atención a víctimas, la administración discrecional de recursos, opacidad sistemática, incumplimiento de obligaciones legales, así como revictimización institucional.
“El aparato estatal encargado de reparar el daño podría estar generando nuevas formas de revictimización y daño” expresaron en el documento.
En contraste con las obligaciones que mantiene (garantizar medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral), los colectivos señalan un patrón reiterado, visible en la negativa u omisión de entrega de apoyos económicos, retrasos injustificados, falta de criterios de operación claros y públicos, ausencia de trazabilidad de los recursos y subejercicio o uso no comprobable del presupuesto asignado.
En este escenario descrito, reconocen que en su condición de víctimas han sido obligadas a “reiterar solicitudes sin respuesta, enfrentar barreras burocráticas sistémicas y sostener por sí mismas procesos de búsqueda”; situaciones que, en su postura, configuran hechos de corrupción grave y falta de responsabilidad administrativa.
Por ello, han solicitado que dicho proceso de auditoría revise puntualmente la posibilidad del desvío de recursos públicos, la simulación de la entrega de apoyos, la presencia de beneficiarios inexistentes o discrecionales, la fragmentación deliberada del gasto para evitar control, el subejercicio presupuestal con impacto directo en víctimas y el uso indebido de atribuciones.
Para los colectivos solicitantes de la auditoría, estas situaciones tienen implicaciones mucho más profundas, ya que estos recursos públicos estarían destinados a subsanar, atender, reparar y compensar los daños ocasionados a personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos como lo son las personas desaparecidas y sus familias, quienes tienen una condición de “extrema vulnerabilidad” por la naturaleza crítica de las situaciones que enfrentan.
De esta forma solicitan a las autoridades:
- Inicio inmediato una auditoría forense integral.
- Revisión de ejercicios fiscales recientes.
- Análisis de trazabilidad del recurso.
- Identificación de responsables.
- Clasificación de faltas administrativas graves.
- Vista a la Fiscalía Anticorrupción.
- Emisión de informe público
- Inclusión de víctimas como observadoras del proceso
Los colectivos han demandado a la par, que la auditoría garantice la participación ciudadana, que en el proceso exista transparencia total, se proteja a las personas denunciantes y se haga un seguimiento público de los resultados.
Sobre el actuar de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Nayarit
Las agrupaciones de familias en Nayarit también requirieron a las autoridades del estado que cumplan con su petición de llevar a cabo otra Auditoría Forense Integral que revise de forma independiente, técnica y exhaustiva el quehacer de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas del Estado de Nayarit.
Han solicitado:
1) Evaluar la gestión de fondos, con el fin de revisar de qué forma han sido ejercidos los recursos federales y estatales asignados que fueron destinados para la búsqueda de personas, contratación de servicios de tecnología y maquinaria, además de viáticos.
2) Verificar su operación, es decir, si cumple o no con la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda y sus principios rectores.
3) Detectar irregularidades e identificar “posibles actos de omisión, corrupción, desvío de recursos o ineficiencia administrativa que obstaculicen la búsqueda”.
4) Investigar presuntas irregularidades en la contratación o desempeño de personal.
Entre las “áreas críticas” identificadas destaca la falta de coordinación institucional en el uso de recursos humanos y materiales en conjunto con la Fiscalía General del Estado y los colectivos de búsqueda.
Las y los solicitantes, describen que detrás de estas peticiones se encuentran situaciones que describen como “omisiones sistémicas en las acciones de búsqueda”, como, por ejemplo: la simulación de operativos de búsqueda en campo sin resultados verificables e incumpliendo los principios de inmediatez y exhaustividad.
Además, sobre el “posible uso irregular de recursos públicos”, explicaron que cuentan con indicios de que “los recursos asignados a la comisión son utilizados para otras instituciones y actividades diferentes”. Dichas acciones, describieron en sus oficios de petición, son evidentes en la falta de información pública, clara, verificable y actualizada sobre el ejercicio de presupuesto, resultados de búsqueda e indicadores de desempeño.
A esto se añade la “revictimización institucional” a la que son expuestas las familias quienes “han sido relegadas, ignoradas o excluidas de procesos de búsqueda, contraviniendo el principio de participación conjunta reconocido en la normativa nacional e internacional” según explicaron.
“La desaparición de personas, no admite burocracia, ni simulación. Cada omisión institucional se traduce en tiempo perdido, y en esta materia, el tiempo es vida. Lo que está en juego no es únicamente la correcta administración de recursos públicos, sino la credibilidad del Estado y su capacidad real de responder frente a una de las crisis más graves del país. Una auditoría forense no es opcional: es una obligación ética, jurídica y política” finalizaron.
