Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
La percepción es parte de nuestro proceso humano, con ella nuestro cerebro selecciona, organiza e interpreta los estímulos: lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, para poder interpretar nuestras vivencias, darles sentido y relacionarlas con experiencias. Con ella comprendemos la realidad (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo).
De esa forma podemos adaptarnos a situaciones que nos preocupan, tomar acciones o mantener el temor.
Luego de los hechos violentos del 22 de febrero, la realidad preconcebida se ha roto. En la realidad anterior, de manera personal preferíamos mantenernos entre el temor y la alerta constante para no ser víctimas de los delitos o de amenazas a la integridad o bienes, para lo cual se tomábamos distintas herramientas desde la auto defensa hasta el cambio de costumbres, por ejemplo, salir por la noche, cambiar de ruta o dejar de llevar algunos objetos.
El desborde de la dinámica violenta de esa fecha dejó entrever que aparte de los riesgos comunes existen los de provocados por una comunidad que se tejió con base en la economía criminal, sus negocios, ganancias e impactos. Mirarla de frente, cercana a nuestra casa, nos hizo comprender la vulnerabilidad en la que nos encontramos.
En esa interpretación de la realidad, también nos dimos cuenta de la irrelevancia de los discursos y narrativas de las autoridades de los tres niveles de gobierno, tan representados minuto a minuto en redes sociales, spots y ruedas de prensa mensuales, que informan de acciones que no alcanzan para reparar el daño en las vivencias cotidianas, mucho menos para una dinámica de horror.
De las acciones en seguridad pública que se expresan, se encuentran en muy pocos casos evidencias concretas y en todas, no existe una evaluación de estas. No se sabe entonces lo que pudiera ser parte de la solución y cuál del problema.
Después del 22 de febrero, el amurallamiento de las áreas de seguridad pública se incrementó, con lo que profundiza la gran carencia de rendición de cuentas de las corporaciones, de falta de supervisión y control policial, la cual se lleva a cabo a través de los incidentes que se hacen públicos de su dilación, inacción o de su connivencia con grupos delictivos, como en el reciente caso de una persona privada de la libertad en un estacionamiento de una plaza comercial a la vista de una unidad de policía.
Recientemente el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, con el corte a marzo de 2026, en la que destaca que Guadalajara es la peor evaluada con 79.2 por ciento, eso quiere decir que ocho de cada diez habitantes se sienten inseguro, además de encontrarse en el top 20 de ciudades más inseguras.
Le sigue Tlajomulco de Zúñiga con 73.9 por ciento, San Pedro Tlaquepaque con 65.8 por ciento, Tonalá con 56.5 por ciento y finalmente Zapopan con 54.7 por ciento de inseguridad.
En otras ediciones de esta misma encuesta, quienes tienen el cargo de presidentes municipales presumían las reducciones mínimas de las cifras de percepción de inseguridad como grandes logros, ahora prefirieron el silencio el cual pretenden que se extienda como forma de proteger sus omisiones y de darle paso a un ficticio ambiente de fiesta que terminará en unos cuantos días.
Con los resultados de esta encuesta, será urgente insistir en una ruta de recuperación de nuestras conexiones como comunidad, de desmantelamiento de las bases que impulsan y perpetúan el crimen organizado y de exigencia a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y la justicia.
Debemos de tener la capacidad de transformar en el presente lo que queremos en el futuro para nuestra ciudad, si no queremos que la grave violencia ocurrida el 22 de febrero se consolide como una nueva normalidad secuencial, cíclica, que profundice la inacción y el miedo hasta que nos alcance.
