A veinte años de los operativos policiacos en San Salvador Atenco, permanece la misma exigencia hacia las autoridades: justicia.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
La mañana de este martes 5 de mayo se llevó a cabo el foro “A 20 años de Atenco: la lucha de las mujeres contra la impunidad y la tortura sexual en México” en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana (IBERO); el encuentro reunió a Edith Rosales, sobreviviente de los hechos; Claudia Martin, del American University Washington College of Law (AUWCL); Luis Tapia y Karina Fernández, defensores de derechos humanos; así como representantes del Center for Justice and International Law (CEJIL) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).
“Lo que vivimos no fue un hecho aislado. Fue una forma de castigo dirigida a las mujeres”, declaró Rosales, rememorando los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y municipios cercanos, donde se llevó a cabo un operativo policial masivo que terminó en graves violaciones a derechos humanos. El conflicto inició cuando floricultores de Texcoco fueron desalojados por la policía mediante el uso injustificado de la fuerza: esto terminó en la detención ilegal de más de 200 personas, allanamientos ilegales y más de 11 mujeres víctimas detortura sexual. Además, los estudiantes Javier Cortés Santiago, de entonces 14 años, y Alexis Benhumea, de entonces 20 años, fallecieron a causa de la violencia ejercida por las autoridades.
El testimonio de Edith señala que los crímenes ocurridos en Atenco no responden a decisiones individuales, sino a una lógica de represión, en la que el cuerpo de las mujeres es utilizado como un mecanismo de control. “Hablan de capacitación, de protocolos, de perspectiva de género. Todo está escrito. Pero en la práctica no existe”, señaló también, cuestionando la narrativa institucional que sostiene que existen avances en materia de derechos humanos dentro de los organismos de seguridad del país.
Desde el ámbito jurídico, los y las especialistas coincidieron en que el problema no radica en la falta de herramientas legales, sino en la falta de voluntad para aplicarlas; al respecto, el abogado Luis Tapia mencionó que el Estado mexicano cuenta con los mecanismos necesarios para investigar, pero no los utiliza para alcanzar a los niveles más altos de responsabilidad.
“La impunidad de los actores policiales permanece”, señaló la activista Karina Fernández sobre la misma línea, advirtiendo que los cambios de gobierno no han dado con la raíz del problema.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano, las y los participantes coincidieron en que su cumplimiento sigue siendo parcial. A 20 años de los hechos, no hay sanciones proporcionales ni garantías claras de no repetición: las detenciones masivas y los abusos documentados continúan sin responsables bajo condena, lo que evidencia una clara impunidad estructural.
Atenco sigue siendo un caso abierto. Uno que no solo interpela al pasado, sino que también al presente de un país donde la violencia estatal y la falta de justicia continúan siendo una realidad.
