A 20 años del inicio de su trabajo en México, ARTÍCULO 19 Oficina para México y Centroamérica presentó el informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, donde documentó 674 agresiones contra la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador durante 2025. El reporte identifica asesinatos, exilio, vigilancia estatal, acoso judicial y campañas de estigmatización como mecanismos de silenciamiento en la región.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
A dos décadas de haber iniciado su labor en el país, ARTÍCULO 19 Oficina para México y Centroamérica presentó el informe 2026 titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”. El lanzamiento se llevó a cabo en el marco de la conferencia regional “Periodismo frente al silencio”, un espacio de diálogo sobre la libertad de prensa en América Latina y el Caribe.
Leopoldo Maldonado, director regional de la organización, explicó que este documento busca desmenuzar las estrategias actuales para acallar a periodistas, personas buscadoras y voces críticas en la región. Durante el evento conmemorativo por los 20 años de la oficina, se enfatizó que el silenciamiento es un fenómeno que se construye de manera sistemática a través de diversas capas de control.
Para Leopoldo, el escenario internacional atraviesa un “cambio de época” caracterizado por la restricción de libertades y ataques frontales a los medios. Como punto de referencia, citó la crisis en Gaza, describiéndola como el episodio más mortífero para el gremio periodístico en la historia reciente.
Según los datos presentados, más de 200 profesionales de la información han sido asesinados por las Fuerzas Armadas de Israel en poco más de dos años, una situación que Maldonado resumió como la transformación del periodismo en un “objetivo militar”.
Aclaró que la mención a Gaza sirve para ilustrar una lógica global donde, con matices y métodos variados, se intenta anular la disidencia. Bajo esta perspectiva, los actores en el poder perciben la información no como un derecho, sino como una amenaza directa que debe ser erradicada.
Al recordar los inicios de ARTÍCULO 19, Leopoldo señaló que hace dos décadas la prioridad era cómo proteger físicamente a los reporteros en México. No obstante, la interrogante ha evolucionado hacia un análisis más profundo: entender los mecanismos modernos que fabrican el silencio en todo el continente.
El balance de 2025 revela que al menos 12 periodistas perdieron la vida en la región por motivos vinculados a su oficio. México se mantiene como el lugar más peligroso con siete homicidios, una desaparición y ocho atentados contra la vida de comunicadores.
La violencia se extiende a Centroamérica: en Guatemala se reportaron tres asesinatos y un periodista desaparecido, mientras que en Honduras se confirmaron dos crímenes fatales, además de incidentes de tortura y violaciones graves a los derechos fundamentales.
Leopoldo resaltó que 2025 también resultó trágico para quienes buscan a sus familiares desaparecidos en México. La organización contabilizó siete asesinatos y cuatro desapariciones de personas buscadoras en dicho periodo.
“Cuando preguntar, buscar o nombrar se convierte en una actividad de alto riesgo, nos enfrentamos al mismo fenómeno de silenciamiento”, sentenció el director regional durante la exposición de los datos.
En total, el informe detectó 674 ataques contra la prensa en cuatro países específicos. México lidera la lista con 451 incidentes, seguido por Guatemala con 91, Honduras con 77 y El Salvador con 55 casos documentados.
A este recuento se añaden las mil 200 agresiones registradas por colectivos en Cuba y Nicaragua. Leopoldo precisó que, si bien la violencia física persiste, esta ahora se integra en estructuras de censura mucho más sofisticadas y difíciles de combatir.
“La censura ya no depende exclusivamente de golpes o proyectiles”, advirtió. El estudio introduce el concepto de “ambiente hostil” para describir tácticas como la estigmatización, el descrédito mediático, el aislamiento social y la presión que empuja a los profesionales al exilio.
Las cifras respaldan esta tesis: en México, el hostigamiento ambiental representa el 44 % de los casos; en Honduras supera la tercera parte; en Guatemala sobrepasa el 50 % y en El Salvador alcanza un alarmante 90 % de las agresiones.
Para el titular de ARTÍCULO 19, en muchos contextos actuales no es indispensable encarcelar a los periodistas, pues el entorno se vuelve tan asfixiante que la labor informativa resulta prácticamente imposible de realizar.
Como consecuencia de este clima restrictivo, al menos 44 periodistas salvadoreños se vieron forzados a abandonar su país en apenas un año, consolidando el exilio como una respuesta obligada ante la persecución estatal.
El informe alerta sobre otro patrón alarmante: el uso del aparato público para amordazar a activistas y comunicadores. Esta “instrumentalización institucional” se manifiesta principalmente a través del acoso desde tribunales y fiscalías.
En México se documentaron 151 incidentes de abuso de poder público; Honduras reportó 34; Guatemala 20 y El Salvador cinco casos de esta naturaleza.
Resulta revelador que en El Salvador, Cuba y Nicaragua, el Estado fue identificado como el agresor en el 100 % de los casos. En México, las autoridades son responsables del 50 % de los ataques; en Honduras del 66 % y en Guatemala del 60 %.
Leopoldo describió esta realidad como un “entramado macrocriminal” donde convergen intereses gubernamentales, económicos y delictivos con el fin común de frenar la labor de quienes defienden derechos y difunden noticias.
Respecto a Honduras, se mencionó una preocupante militarización de la censura. Las Fuerzas Armadas generan casi la mitad de los discursos de odio contra la prensa, y una cuarta parte de las agresiones ocurren durante periodos electorales.
En Guatemala, el informe detectó una mezcla de hostigamiento digital y criminalización judicial. El país destaca por tener la mayor proporción de censura en línea, impulsada por campañas de desinformación coordinadas desde los llamados “net centers”.
También se destacó la situación de José Rubén Zamora, quien cumplió más de mil 200 días bajo prisión preventiva, siendo calificado como un caso emblemático de persecución judicial a nivel internacional.
Sobre Cuba, ARTÍCULO 19 retomó cifras del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, reportando mil 285 ataques a la libertad de expresión en un año, lo que incluye 455 detenciones arbitrarias de comunicadores.
Se denunció que el control del gobierno cubano ha cruzado fronteras, volviéndose una “represión transnacional” que incluye acoso y filtración de datos personales de periodistas exiliados en países como México.
En el caso de Nicaragua, se citaron datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, que registra la salida forzada de más de 300 periodistas en los últimos nueve años debido al asedio oficial.
El estudio identificó 11 “zonas de silencio” en territorio nicaragüense, donde solo se permite la narrativa gubernamental. Además, se señaló que la salida del país de organismos internacionales busca precisamente evadir cualquier tipo de vigilancia externa sobre los derechos humanos.
El informe advierte que delitos como traición a la patria, terrorismo o lavado de dinero se utilizan de forma recurrente en varios países para castigar el pensamiento crítico y la difusión de información incómoda.
Sobre México, se indicó que el país actúa como un “laboratorio de tendencias” en materia de vigilancia y control informativo, sirviendo de modelo negativo para otras naciones de la región.
Leopoldo reiteró que las 451 agresiones en México durante 2025 equivalen a un ataque cada 19 horas. Detalló que el ambiente hostil es la principal modalidad de agresión, seguida por el abuso de autoridad y la violencia física directa. Las entidades federativas que concentran la mayor peligrosidad para el gremio son Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.
Un dato preocupante es el incremento del 7 % en el acoso judicial, lo que se traduce en una nueva acción legal contra algún medio o periodista cada semana, desgastando sus recursos y su capacidad operativa.
Asimismo, el director regional lamentó que la eliminación del organismo autónomo de transparencia en 2024 representó un retroceso histórico que borró dos décadas de avances en el derecho ciudadano a saber.
Denunció que hoy predomina la opacidad: las autoridades entregan respuestas deficientes, mantienen datos desactualizados y los mecanismos de defensa legal desechan las quejas ciudadanas de manera sistemática. Así como el espionaje gubernamental, recordando que México se ha posicionado como el mayor cliente global del software Pegasus.
Citando pruebas del litigio entre WhatsApp y NSO Group, reveló que una gran parte de los ataques con dicho programa a nivel mundial ocurrieron en México en 2019, la inmensa mayoría realizados al margen de la ley.
El directivo alertó que el problema ya no es solo el espionaje dirigido a individuos, sino un sistema legal que permite al Estado acceder a datos biométricos e información privada en tiempo real sin contrapesos judiciales.
“La asimetría es clara: el Estado sabe cada vez más de nosotros, mientras que la ciudadanía tiene menos herramientas para vigilar al poder”, subrayó Leopoldo.
Esta desigualdad, advirtió, genera una autocensura profunda que altera la forma en que la sociedad se comunica e investiga, siendo este uno de los hallazgos más graves del reporte.
Casi al finalizar, se reiteró que el silencio se impone hoy mediante un híbrido de violencia tradicional, tecnología de punta, leyes restrictivas y discursos que buscan deslegitimar al periodismo.
Sostuvo que los países analizados comparten rasgos alarmantes: concentración de mando, permisividad ante poderes fácticos y un uso deliberado del Estado para inhibir cualquier forma de fiscalización pública.
Hacia el final, se hizo un llamado urgente a no normalizar estos ataques contra informadores y buscadores, advirtiendo que aceptar el silencio como algo natural es convertir la falta de libertad en una forma de vida cotidiana. Leopoldo concluyó la presentación con un mensaje de aliento, afirmando que cada historia publicada y cada verdad revelada, pese a las amenazas, constituye un acto de dignidad y una resistencia necesaria para la democracia.
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El informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” puede descargarse en el siguiente link:
