La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Casa ITESO Madero el Informe sobre Desapariciones en México, un documento que analiza la crisis de más de 130 mil personas desaparecidas en el país. El texto reúne testimonios de familias buscadoras, datos oficiales y observaciones sobre impunidad, crisis forense y fallas en los procesos de búsqueda e investigación.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
En las instalaciones de Casa ITESO Madero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su más reciente Informe sobre Desapariciones en México. Este documento ofrece un análisis profundo de la crisis que atraviesa el país, integrando testimonios de víctimas, datos oficiales y una serie de recomendaciones estratégicas para el Estado mexicano.
El panel estuvo conformado por Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO; Luis Enrique González Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez (CUDJ); además de Tania Reneaum Panszi secretaria ejecutiva del CIDH y Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH.
Durante la apertura, Marcos del Rosario Rodríguez enfatizó que el evento trascendía lo académico para centrarse en una realidad urgente. “Estamos aquí porque México vive una de las crisis humanitarias más graves de su historia”, advirtió el académico al referirse al fenómeno de la desaparición de personas.
Al respecto, señaló que el Registro Nacional reporta más de 128 mil personas desaparecidas, cifra que se suma a los 70 mil cuerpos sin identificar que permanecen bajo resguardo oficial. Del Rosario recordó que Jalisco es, lamentablemente, una de las entidades federativas que encabeza esta estadística a nivel nacional.
En su intervención, detalló que el informe expone fallas estructurales en la investigación penal, una evidente emergencia forense y la falta de coordinación entre instituciones. Asimismo, resaltó que el texto insiste en la necesidad de consolidar procesos de memoria y garantizar que el Estado asuma su deber de búsqueda sin delegarlo en las familias.
Tania Renaum Panszi, explicó que la obra es fruto de un diálogo directo con colectivos de búsqueda en todo el país. Entre 2021 y 2024, la Comisión organizó múltiples audiencias para escuchar de primera mano las exigencias de justicia y las dificultades en el acceso a la verdad.
Según Tania, la elaboración de este informe específico fue una petición directa de las organizaciones civiles en 2023. El objetivo primordial fue visibilizar la realidad de las familias buscadoras y documentar cómo la crisis impacta de manera diferenciada a los distintos sectores de la sociedad.
La funcionaria precisó que la CIDH tiene la misión de documentar estas violaciones para construir una memoria regional. En este sentido, el informe sistematiza casi dos décadas de hallazgos previos e incorpora la experiencia técnica obtenida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.
La metodología incluyó el análisis de fuentes primarias, cuestionarios estatales y pronunciamientos oficiales. “Nuestra labor requiere escuchar todas las posturas, incluyendo la respuesta del Estado”, afirmó al detallar el rigor técnico del documento.
Para robustecer el análisis, se recibieron aportaciones de 18 organizaciones civiles y se recopilaron 50 testimonios directos entre 2023 y 2025. Este proceso de escucha permitió retratar con mayor fidelidad la magnitud del problema y las carencias del sistema judicial.
El periodo de estudio se centró entre 2018 y 2025, etapa en la que se crearon organismos clave como la Comisión Nacional de Búsqueda. Tras un proceso de revisión y comentarios por parte del gobierno federal, la versión final fue aprobada por el organismo internacional en febrero de 2026.
Andrea Pochak, comisionada y relatora para México, calificó el fenómeno como “generalizado e indiscriminado”. Advirtió que la situación mexicana es una excepción preocupante en el continente debido al volumen de desapariciones que ocurren dentro de un sistema democrático formal.
Andrea aclaró que el informe no es solo descriptivo, sino que tiene un propósito político: impulsar cambios reales en las políticas públicas. “Buscamos incidir directamente para transformar esta realidad”, señaló al explicar la intención de las recomendaciones enviadas a las autoridades.
El estudio analiza la evolución del problema, notando una transición desde las desapariciones forzadas cometidas por el Estado en décadas pasadas, hacia un escenario actual dominado por el crimen organizado, muchas veces con la complicidad o tolerancia de agentes oficiales.
La relatora advirtió que grupos como migrantes, periodistas, mujeres y población LGBTIQ+ enfrentan riesgos específicos. Además, alertó sobre el reclutamiento forzado de menores de edad como una de las facetas más cruentas de esta crisis.
Un punto central de la presentación fue la responsabilidad estatal. Independientemente de quién perpetre la desaparición, el Estado está obligado a prevenir, investigar y reparar el daño, una tarea que, según el informe, ha sido insuficiente hasta ahora.
Sobre la prevención, Pochak cuestionó el enfoque de seguridad militarizada, afirmando que esta estrategia ha derivado en mayores niveles de violencia. Asimismo, denunció que la impunidad prevalece debido a investigaciones deficientes donde las familias suelen ser quienes aportan todas las pruebas.
El informe evidencia también la excesiva rotación de personal en las fiscalías y la falta de recursos técnicos. En el ámbito de la búsqueda, se detectó una aplicación desigual de los protocolos de reacción inmediata y una descoordinación crónica entre la Federación y los estados.
Uno de los aportes teóricos del documento es la definición del “derecho a buscar”. Este concepto establece que las familias tienen la prerrogativa de participar activamente en el diseño de las estrategias de búsqueda y de recibir protección integral por parte de las instituciones.
Andrea fue enfática al decir que este derecho no exime al Estado de su responsabilidad; al contrario, lo obliga a colaborar estrechamente con las víctimas. “La familia tiene el derecho de buscar a la par de las instituciones públicas”, sentenció.
Respecto a la crisis forense, el informe califica como una grave responsabilidad estatal el hecho de que miles de restos sigan sin nombre en morgues oficiales. Del mismo modo, aunque se reconoció la existencia de comisiones de atención a víctimas, se criticó la persistencia de barreras burocráticas para acceder a apoyos básicos.
El texto concluye con 40 recomendaciones precisas que van desde el fortalecimiento de fiscalías especializadas hasta la homologación de sistemas de identificación forense a nivel nacional. Se busca, ante todo, garantizar la seguridad de quienes emprenden la búsqueda por su cuenta:
- Prevenir la desaparición
- Fortalecer la búsqueda e identificación humana
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia
- Mejorar la atención y reparación de a víctimas
- Construir memoria sobre las desapariciones del pasado y del presente
Para asegurar que estas sugerencias no queden en papel, la CIDH implementará un mecanismo de monitoreo. Este sistema evaluará los avances mediante indicadores claros y contará con la participación activa de las organizaciones y las propias víctimas.
En el cierre del evento, Luis Enrique González recapituló los puntos críticos: la cifra alarmante de desapariciones, el impacto de las redes criminales y el fracaso del modelo militarista. Resumió la propuesta de acción inmediata en cuatro pilares: prevención territorial, participación de colectivos, rigor forense y protección para las familias.
Para conocer el informe completo, puedes visitar la página oficial www.cidh.org o acceder a través de sus redes en facebook e instagram donde les encuentras como cidh.oea o cidh_iachr
