La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
Caminar por la avenida Chapultepec debería ser suficiente. Caminar por la plazoleta del Expiatorio debería ser suficiente. Caminar por el centro de la ciudad debería ser suficiente. A pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades para borrar todo rastro, volver a caminar por la avenida, por la plazoleta, por el centro, debería ser suficiente. Pararse en la glorieta y ver el monumento debería ser más que suficiente: las cédulas de búsqueda deberían ser prueba más que suficiente para dimensionar la gravedad del problema que enfrenta la ciudad, el estado y el país completo en una de sus peores crisis: la de las personas desaparecidas.
Y, sin embargo, todo parece indicar que no es suficiente.
De ahí la importancia del documento que, con el título Informe sobre la desaparición en México, fue presentado hace unos días por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación tuvo lugar en dos momentos: el primero, en Ciudad de México y el segundo, en Guadalajara, capital de uno de los estados con mayor número de personas desaparecidos en el país y en el que, se ha denunciado en demasiadas ocasiones, operan redes y centros de reclutamiento del crimen organizado. Si fuera necesario resumir el informe en una sola línea, esta sería tan contundente como los hechos que documenta el informe: en México, la desaparición de personas es una práctica generalizada e indiscriminada. Dicho de otro modo: ocurre en prácticamente todo el país y puede pasarle a cualquier persona.
El documento preparado por la CIDH cubre un periodo que va de 2018 a 2025. Al momento del cierre del mismo, se tenía registro de 128 mil personas desaparecidas en el país. Se estima que ahora la cifra ronda las 130 mil, al menos en las cifras oficiales. A esta cifra hay que sumar también la de la otra crisis, igual de cruel: la del rezago en la identificación forense. El informe documenta que, al cierre, en México había cerca de 70 mil restos no identificados en las morgues del país. El doble filo de la daga: cuando miles de personas buscan a sus seres queridos sin saber que sus restos están olvidados en un Servicio Médico Forense. Para muestra, un botón: hace unos días, en la página de Facebook del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco se publicó el caso de Juan Antonio Olmeda Belmonte, quien desapareció el 26 de junio de 2016 y cuyos restos estuvieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco durante 10 años, tiempo durante el cual la familia de Juan Antonio lo buscó, hizo denuncias, pegó fichas de búsqueda, hizo todo lo posible por localizar a su familiar. “Esto no es un simple error. Esto es negligencia institucional. Esto es indiferencia. Esto es revictimizar a las familias buscadoras”, se lee en la publicación.
Lo que denuncia Guerreros Buscadores de Jalisco encuentra eco en otro de los puntos que documenta el informe de la CIDH: el Estado —representado en todas sus instituciones y actores— es responsable de la crisis que atraviesa el país. Esto es relevante porque durante mucho tiempo y sin importar los colores del partido en el poder, se ha tratado de posicionar la idea de que no existe la desaparición forzada en México, argumentando que para ser considerada como tal debe ser orquestada por el Estado, mientras que actualmente es un hecho que el fenómeno de la desaparición de personas está marcado por la operación del crimen organizado. Sin embargo, el documento deja en claro que en el caso mexicano el Estado es responsable de la crisis por diferentes razones: por no frenarla, por no castigarla, por no realizar la búsqueda, por no garantizar la no repetición, por no propiciar la reparación del daño, pero también por complicidad, por aquiescencia, por omisión, es decir, por propiciar la impunidad con la que ocurre. Copio y pego:
“Muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales. Cuando agentes estatales participan de modo directo o indirecto en el acto de desaparición, el derecho internacional califica dicha conducta como una desaparición forzada. La participación indirecta ocurre a través del “apoyo” o “autorización”, según ha sido definido por el derecho internacional. Sin embargo, también ocurren desapariciones en contextos donde existe presencia y control territorial y operativo del crimen organizado y que es conocida por el Estado.
En tal sentido, a criterio de la CIDH, el alto número de desapariciones en contextos temporales y territoriales en que han prosperado las operaciones del crimen organizado permiten afirmar que es imposible que las autoridades del Estado no conocieran de esas operaciones. Ello apunta a la posible configuración de una situación de aquiescencia que debe ser atendida, neutralizada y esclarecida por el Estado, en los lugares donde hubiera ocurrido o se encuentre ocurriendo”.
Uno de los ejemplos más claros de esta complicidad quedó en evidencia el año pasado, con el hallazgo del rancho Izaguirre.
A lo largo de siete capítulos, la CIDH presenta una radiografía del estado que guarda la desaparición en el país: la define, detalla cómo afecta a grupos específicos como mujeres, niñas, adolescentes, personas en situación de movilidad, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, personas defensoras del territorio y periodistas; también contextualiza el fenómeno, analiza la respuesta gubernamental y la legislación; arroja luz sobre los procesos de búsqueda y la atención a víctimas; dedica un apartado a los procesos de memoria y de verdad. Además, incluye 40 recomendaciones para el Estado mexicano, que tienen por objetivo fortalecer la seguridad ciudadana, fortalecer la prevención y búsqueda de personas atendiendo a su perfil, mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la identificación de personas, robustecer la atención y reparación a las víctimas y fortalecer las iniciativas de memoria.
Como es lógico, resulta imposible agotar en este espacio todo lo contenido en el Informe sobre desapariciones en México. Por eso es importante consultarlo con calma y detalladamente. Porque para entender y dimensionar la magnitud del problema debería bastar con verlo todos los días en la calle, en las noticias, en las redes sociales; escucharlo en las historias de las víctimas, en los relatos de las historias truncadas. Pero muchas veces, casi siempre, no es suficiente. Por eso es fundamental seguir hablando de ello.
