A cinco años de la desaparición forzada de Héctor Daniel Flores Fernández, su padre, Héctor Flores González, denuncia que la investigación no ha avanzado hacia la justicia, sino hacia la confirmación de lo que señaló desde el inicio: la posible participación de agentes del Estado. Entre videos ignorados, nuevos testigos, búsquedas simuladas y una sentencia histórica, sostiene una exigencia intacta: encontrar a su hijo.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
El nombre de Héctor Daniel Flores Fernández lleva cinco años pegado a las calles de Guadalajara. Está en fichas de búsqueda, pancartas, comunicados, misas, protestas y jornadas de exigencia. Está escrito en papel, pero también en la voz de su padre, Héctor Flores González, quien desde el 18 de mayo de 2021 no ha dejado de repetir una verdad que las autoridades tardaron años en reconocer: Dani no se fue, no se perdió, no desapareció solo. A Dani se lo llevaron.
Tenía 19 años cuando fue sustraído de su casa, alrededor de las 6:30 de la mañana, en Guadalajara, Jalisco. Desde entonces, su ausencia partió la vida de su familia y convirtió a su padre en buscador. No por decisión, sino por obligación. Como miles de familias en México, Héctor tuvo que aprender a leer expedientes, exigir reuniones, revisar videos, insistir ante fiscalías, acompañar búsquedas y sostener una lucha que nunca pidió, pero que hoy forma parte de su vida.
Durante estos cinco años, el caso de Dani ha sido también una disputa por el lenguaje. Para su familia no se trata de una persona no localizada ni de una ausencia sin responsables. Se trata de una desaparición forzada. Y esa diferencia importa porque nombra la participación del Estado, señala obligaciones específicas y rompe con la narrativa institucional que intenta diluir responsabilidades en trámites, omisiones o silencios.
En junio de 2025, un tribunal reconoció lo que Héctor había denunciado desde el inicio. A través de una sentencia derivada de un amparo buscador, Dani fue reconocido como víctima de desaparición forzada. La resolución no sólo señaló la participación de agentes estatales en los hechos, sino también la obligación del Estado mexicano de buscarlo con debida diligencia, sin criminalizar ni revictimizar a su familia.
Fue una sentencia histórica, un precedente jurídico importante y, al mismo tiempo, una confirmación dolorosa: tuvieron que pasar años para que un documento oficial dijera lo que las familias ya gritaban en las calles.
Pero una sentencia no encuentra a una persona. Tampoco detiene por sí sola a los responsables. Para Héctor, el reconocimiento judicial fue un paso importante, pero no ha significado todavía justicia, verdad completa ni paradero.
A cinco años de la desaparición de Dani, el expediente sigue cargado de omisiones, retrasos y puntos que, lejos de avanzar, regresan una y otra vez al mismo lugar: la información que él entregó desde el principio.
En el último año, cuenta Héctor, hubo dos elementos relevantes. El primero ocurrió durante una nueva revisión de videos. En las imágenes aparecieron patrullas que cruzaron la calle apenas unos segundos antes de que saliera el convoy en el que, según la investigación, se llevaron a Dani y a otras dos personas.
No fue un hallazgo detectado por las autoridades. Fue él quien lo notó.
“Cuando estábamos en la revisión, yo les dije: ‘A ver, para ahí’. Sí, eran policías, eran patrullas”, recuerda. El padre puntualiza que esas imágenes refuerzan la hipótesis de desaparición forzada y la participación de agentes del gobierno en los hechos. Sin embargo, pese a haber solicitado un análisis específico sobre esos videos, hasta ahora no ha recibido una respuesta clara ni un avance concreto.
El segundo elemento fue la aparición de un nuevo testigo, alguien que habría presenciado la desaparición de Dani y también la de otra persona relacionada con el caso días después. Sin embargo, más que abrir una nueva ruta de investigación, ese testimonio volvió a señalar la misma línea que Héctor ha sostenido desde hace cinco años.
“Todo vuelve al punto de la información que yo les había dado al principio”, dice.
Esa frase resume una de las violencias más desgastantes que enfrentan las familias buscadoras: tener que empujar investigaciones que deberían estar en manos del Estado. No sólo buscan a sus hijos, hijas, hermanos o padres; también buscan pruebas, contradicciones, nombres, rutas, videos, documentos. Buscan dentro de expedientes que muchas veces avanzan sólo cuando ellas insisten.
En el caso de Dani, Héctor señala que no hay avances reales. Hay confirmaciones parciales, indicios que se acumulan y líneas que se repiten, pero no detenciones, no localización, no una investigación capaz de romper el pacto de silencio. Incluso cuando existen videos, testimonios y señalamientos, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.
“¿Por qué no hay detenciones? ¿Por qué no hay una investigación más eficaz?”, cuestiona.
Para él, una parte del estancamiento tiene que ver con lo que implicaría avanzar. Si la investigación confirmara de manera plena la participación del Estado, el caso podría convertirse en un parteaguas.
No sólo para Dani, sino para muchas otras familias que han denunciado desapariciones forzadas en Jalisco y en México. Reconocerlo obligaría a mirar de frente una práctica que las instituciones suelen tratar como excepción, error o exceso, cuando para las víctimas es una forma concreta de violencia estatal.
Por eso, Héctor no habla sólo de abandono, habla de simulación. En las instancias federales, asegura, ha pedido durante meses que se compartan y revisen los videos completos del caso. En la Fiscalía de Jalisco, insisten en que hay información suficiente para avanzar hacia órdenes de aprehensión. Y en la Comisión Nacional de Búsqueda, acusa una actuación que ha producido desgaste más que resultados.
La molestia es particular cuando habla de los puntos de búsqueda que le han entregado. Más de 100, dice, muchos de ellos postmortem. Para una familia, cada punto de búsqueda implica prepararse emocionalmente para lo peor. Implica imaginar que ahí puede haber una respuesta. Implica movilizarse, esperar, temer, sostener el cuerpo ante la posibilidad de encontrar o no encontrar.
“A mí me dieron más de 100 puntos de búsqueda postmortem. Eso imagínate la posición en la que pone a las familias”, dice. El problema, explica, es que muchas veces la información no está corroborada y, al acudir, no tiene relación con el caso. “Eso genera falsas expectativas”.
En un país donde buscar también significa aprender a administrar el dolor, una falsa expectativa no es un error menor. Es otra forma de violencia. Es abrir una puerta emocional sin sustento. Es hacer que una familia vuelva a prepararse para un posible hallazgo y regrese, otra vez, con la ausencia intacta.
Por eso, cuando Héctor habla de lo que exige a las autoridades, no pide acompañamientos simbólicos ni palabras de apoyo. Pide seriedad, exige un análisis exhaustivo de todas las declaraciones y pruebas, que se revisen los videos completos, que se actúe sobre la información que ya existe y que se soliciten órdenes de aprehensión cuando haya elementos suficientes.
“Yo creo que en algunos temas hay suficiente información para tratar de sacar una orden de aprehensión”, sostiene. Para él, ese podría ser el primer movimiento capaz de presionar a otras personas involucradas y empezar a mover un caso que ha permanecido detenido durante años.
La exigencia de Héctor no nace sólo de su caso. También forma parte del trabajo colectivo que ha construido junto a ‘Luz de Esperanza’, colectivo de familias buscadoras de Jalisco. Desde ahí, lxs integrantes han acompañado búsquedas, denunciado omisiones, documentado casos y sostenido una presencia pública que incomoda precisamente porque insiste en nombrar lo que el Estado prefiere administrar en silencio.
En ese camino, Héctor reconoce que el colectivo ha logrado empujar avances en algunos casos. Pero en el de su hijo, dice, la respuesta sigue siendo distinta. Hay una negativa a reconocer plenamente la desaparición forzada en los hechos cotidianos de la investigación. Hay un supuesto apoyo institucional que no se traduce en acciones reales. Hay reuniones, solicitudes, oficios y promesas, pero no hay justicia.
Mientras tanto, la vida sin Dani continúa. O, mejor dicho, la vida intenta continuar alrededor de una ausencia que no se acomoda. Héctor dice que uno pensaría que con los años el dolor se vuelve más llevadero, pero no. Para él, ha ocurrido lo contrario: la ausencia se siente más fuerte.
“La vida ha sido muy difícil. Me cambió en todos los sentidos”, comparte.
La desaparición de su hijo lo obligó a estudiar, a entender leyes, instituciones, expedientes y procesos. También lo hizo mirar distinto el dolor de otras personas. Dice que le dio más empatía, que lo empujó a ser mejor persona, a ver la vida desde otro lugar. Pero esa transformación no borra el cansancio ni la tristeza. No borra los días en los que levantarse parece imposible.
“Hay días que la verdad no quisiera ni despertar”, dice. “Llega la noche y ya siento que mentalmente a veces ya no puedo más”.
Sin embargo, Héctor sigue. Sigue porque Dani sigue desaparecido. Sigue porque no hay día en que no lo busque de alguna forma. A veces en las calles, en las instituciones, en los expedientes.
Otras veces en lo cotidiano: en la imagen de algún muchacho que se le parece, en un olor, en una situación que le devuelve un recuerdo. Dani aparece en fragmentos, en reflejos, en escenas mínimas que para cualquiera podrían pasar desapercibidas, pero que para su padre son una forma de presencia.
“No hay día que no lo encuentre en la calle, su imagen reflejada en algún muchacho, o me venga por algún olor o alguna situación”, menciona. “Siempre está en mi mente”.
Si pudiera hablarle, Héctor le diría que lo sigue buscando como el primer día, que su familia y amigxs lo extrañan, que nunca han dejado de pensar en él, que su ausencia no se volvió costumbre y sobretodo, que su nombre sigue siendo una forma de amor, pero también de exigencia.
El padre también le diría también gracias: “…gracias por enseñarle a ser papá, por hacerme una mejor persona, por todo lo que su vida significó antes de que el Estado la interrumpiera”.
Y luego le repetiría la promesa que ha sostenido durante cinco años, frente a fiscalías, tribunales, búsquedas, comunicados, marchas y silencios institucionales: que no va a parar. Porque para Héctor Flores, buscar a Dani no es sólo una demanda de justicia. Es una forma de seguir siendo su padre.
