Ricardo “Richard” Barba era un joven de 17 años, el cual fue asesinado el pasado 4 de mayo de 2026 tras intentar defenderse y defender a su novia durante un asalto; el presunto atacante era, al igual que él, un menor de edad.
Desde ese día, su familia ha emprendido una lucha que hoy busca convertirse en una reforma legal: la “Ley Richard, una ley que busca cambiar el sistema de justicia juvenil en México.
Por: Farah Medina / @_dtfarahm_
Ricardo “Richard” Barba era un joven preparatoriano, que según cuenta su madre Marisol Plascencia, estaba por terminar la preparatoria, deseaba ser chef, era amante del ajedrez y del fútbol.
El pasado 4 de mayo Richard, salió más temprano de lo usual de la preparatoria a la que asistía ubicada en Miramar mientras era acompañado por su novia. Según relata su madre, ahí fueron abordados por otro joven, él cual busca despojarlos de sus pertenencias, en un intento por proteger a su acompañante y tras un forcejeo Richard resultó herido por un arma blanca.
Al menos, esa fue la primera versión que Marisol y su esposo recibieron sobre lo ocurrido con Richard, sin embargo, la realidad era muy diferente al llegar a donde su hijo estaba siendo tratado:
“Mi esposo llega y me dice, “Oye, qué le pasó algo a Ricardo, que lo asaltaron y que lo navajearon.” Yo iba saltándome todos los semáforos, creyendo que iba a encontrar a mi hijo muy mal. Iba pues a darle sangre o algo. Pero no, cuando llegué a la Cruz Verde, mi hijo ya había fallecido”, relata.
El presunto agresor ya ha sido detenido, y el caso se sigue bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes debido a que el presunto responsable es menor de edad. Esto ha causado dolor e inconformidad en Marisol y su familia, pues no consideran que este proceso sea justo.
Esta ley prioriza un enfoque restaurativo, promueve la reinserción social y busca preservar los derechos humanos de adolescentes de 12 a 17 años de edad imputados por un crimen. Con base a esto, las penas pueden variar de acuerdo al delito y su gravedad.
En México, según datos del año 2023 del Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): “Seis entidades federativas concentraron 50.7 % de las 32 mil 852 personas adolescentes imputadas en carpetas de investigación”.
Los estados señalados son: Nuevo León, estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. En este listado, Jalisco concentró un total de mil 847 casos.
En el caso del presunto agresor de Richard, su madre señala que la pena máxima sería de 5 años en centros especializados y separados de los adultos:
“la ley que protege a los adolescentes, es muy puntual en lo que dice, menciona que pues van a cumplir una sanción, ni siquiera es una pena como tal, es una medida muy baja. Nada me va a regresar a mi hijo, pero cinco años es una burla para la memoria de las víctimas”.
Debido a esto Marisol y su familia han salido a manifestarse exigiendo justicia por la muerte de Richard y con ello un proceso que deje fuera la ley que protege al menor.
Así, surge la “Ley Richard”, la cual busca ser una reforma al artículo 18 constitucional, el cual regula el Sistema Penitenciario y el Sistema de Justicia para Adolescentes, y por consiguiente modificar criterios con los que se juzga a adolescentes involucrados en delitos graves como homicidio doloso.
Entre los puntos que plantean están el aumento de sanciones para crímenes violentos, evaluaciones psicológicas a los agresores y mecanismos de responsabilidad familiar. “Buscamos que en delitos graves sea calificado de diferente manera. Que les hagan algún tipo de peritaje psicológico”, explica Marisol.
El pasado 15 de marzo, en una marcha hacia el Congreso de Jalisco presentaron públicamente la iniciativa, señala que aunque no fueron recibidos directamente por legisladores, seguirán buscando respaldo de instituciones y la ciudadanía.
Marisol cuenta que acudió también a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para solicitar acompañamiento jurídico en la construcción formal de la propuesta, y aunque no ha conseguido respuesta, dice que seguirá insistiendo pues “Hay que seguir tocando puertas”.
Mientras tanto, han comenzado a recolectar firmas para fortalecer la exigencia, cuenta que esta ley surge desde el amor y el dolor de ella y su familia, así como la esperanza, ya que hace un llamado
a otras familias víctimas de delitos cometidos por adolescentes a unirse y organizarse colectivamente. “Yo les diría que se unan, que alcen la voz, que no se queden calladas porque juntos tienen más peso ante las leyes”, e insiste en que la iniciativa busca evitar que otras familias atraviesen el mismo dolor. “El amor que yo tengo hacia mi hijo es muchísimo más grande que todo el dolor que estamos pasando”.
Marisol espera que Richard sea recordado “como un héroe, como un niño de alma noble”. Y aunque reconoce que ninguna ley “le devolverá a su hijo”, mantiene la esperanza de que su caso impulse cambios en el sistema de justicia juvenil en México.
Actualmente, el menor señalado como presunto culpable ya ha sido vinculado a proceso por homicidio calificado y permanece bajo internamiento preventivo por cinco meses, Marisol y su familia admiten que saben será un proceso largo y difícil pero están dispuestos a continuar con ello por la memoria de víctimas como Richard.
