La desaparición de niñas, niños y adolescentes se ha convertido en una de las expresiones más alarmantes de la crisis humanitaria que atraviesa México. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alrededor de 18 mil menores de edad permanecen desaparecidos en el país, en un contexto marcado por la violencia criminal, la precariedad, el reclutamiento forzado y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las infancias y adolescencias. Tejiendo Redes Infancia señala que la desaparición de niñas, niños y adolescentes no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una violencia estructural.
Por: Alondra Angel Rodríguez / @AlondraAngelRo
Foto: Leslie Zepeda
Alrededor de 18 mil niñas, niños y adolescentes menores de 18 años permanecen desaparecidos en México, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual advierte que este sector enfrenta condiciones específicas de vulnerabilidad frente al reclutamiento forzado, la violencia sexual, la pobreza y la ausencia de redes comunitarias.
El organismo internacional señala que la desaparición en México es generalizada, atraviesa todas las regiones del país y afecta de manera diferenciada a grupos históricamente vulnerados como las infancias y adolescencias. Además, advierte que estas desapariciones se encuentran estrechamente vinculadas con la violencia generada por el crimen organizado y con contextos donde persisten la tolerancia y la complicidad de autoridades.
Ante este panorama, organizaciones que velan por los derechos de las infancias, como Tejiendo Redes Infancia, sostienen que la desaparición de niñas, niños y adolescentes no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una consecuencia del contexto de militarización, impunidad y violencia estructural que atraviesa el país desde hace más de dos décadas.
De acuerdo con el RNPDNO, a agosto de 2025, existían alrededor de 18 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos menores de 18 años. Para la CIDH, este fenómeno no puede desligarse de factores como la violencia criminal, la precariedad económica, la exclusión social y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las juventudes.
Para Juan Martín Pérez García de Tejiendo Redes Infancia, el problema debe analizarse desde una mirada estructural y no desde la criminalización de las víctimas. Explica que la desaparición de infancias y adolescencias suele estar antecedida por otras violencias que el Estado no ha sido capaz de prevenir ni atender.
Juan Martín explica que muchas adolescencias desaparecidas ya habían atravesado previamente contextos de exclusión y precariedad. Jóvenes fuera de la escuela, alejados de espacios comunitarios o sin redes efectivas de apoyo enfrentan mayores riesgos de ser captados por estructuras criminales o desaparecer en contextos de violencia.
Asimismo, señala que la precariedad económica incrementa las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes queden atrapados en dinámicas de explotación o reclutamiento.
“Hay factores de vulnerabilidad que van a hacer que algunos adolescentes y personas jóvenes tengan más riesgo que otros. Entre los que están identificados por las propias autoridades mexicanas y distintas investigaciones está que antes han sido víctimas de violencia: violencia física, violencia familiar, violencia sexual”, comenta.
Aunado a ello, el director de Tejiendo Redes Infancia expresa que el aislamiento digital y la exposición constante a contenidos violentos mediante redes sociales y plataformas digitales contribuyen a la normalización de la violencia que atraviesan las infancias y adolescencias. Además, advierte que el tiempo prolongado frente a pantallas puede reducir la interacción cara a cara y debilitar la construcción de redes comunitarias.
“El algoritmo de las redes sociales puede meterlos en una caverna digital vinculada con actividades violentas, criminales donde el mayor tiempo que pasan en pantallas le reduce tiempo a la interacción cara a cara con otros adolescentes y jóvenes o en otros contextos comunitarios”, precisa.
Por su parte, el informe de la CIDH también subraya que uno de los principales obstáculos para enfrentar la crisis de desapariciones es la impunidad estructural. El organismo identifica graves deficiencias en las investigaciones, retrasos en la judicialización y una profunda desconfianza de las familias hacia las autoridades encargadas de procurar justicia.
“Existe un déficit importante de confianza entre las familias de las personas desaparecidas y las autoridades de los Ministerios Públicos o Fiscalías que se manifiesta en todas las etapas del proceso. La desconfianza también es consecuencia de la ineficacia y de la falta de resultados, así como de la transferencia de la responsabilidad de realizar diligencias y conformar el acervo probatorio de algunas autoridades estatales hacia las propias familias”.
Para Juan Martín, las principales acciones para combatir la desaparición de niñas, niños y adolescentes deben centrarse en tres ejes fundamentales.
- La prevención y reversión de la militarización en el país, desmontando de manera paulatina el modelo de seguridad construido en las últimas décadas y redirigiendo recursos públicos hacia estrategias de prevención social de la violencia.
- La tipificación del delito de reclutamiento forzado como un crimen autónomo, lo que permitiría generar estadísticas, desarrollar programas de atención y desvinculación, así como implementar acciones preventivas focalizadas.
- El fortalecimiento de políticas públicas y trabajo territorial mediante la creación de comunidades escolares, culturales, deportivas y artísticas; lo que implica el tener escuelas de tiempo completo y generar vínculos permanentes entre autoridades locales y comunidades.
Más allá de las responsabilidades institucionales, Juan Martín considera que la sociedad también enfrenta el desafío de romper con la normalización de la violencia y reconstruir redes comunitarias capaces de proteger a las infancias, pues el silencio social ha permitido que la violencia continúe avanzando sobre las juventudes mexicanas.
En el contexto mexicano, explica, se ha construido una narrativa peligrosa que reduce la desaparición a un problema ajeno, asociado únicamente a personas “involucradas” con el crimen, lo que termina generando indiferencia social frente al dolor de miles de familias.
“Tenemos que hablar con las niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y no caer en la trampa narrativa de que ‘eso a mí no me va a pasar’ o ‘eso solo le está sucediendo a los que andan en malos pasos’, porque eso es lo que ha promovido el gobierno o las autoridades en estos 20 años para no asumir su responsabilidad”, expresa.
Por ello, considera fundamental reconstruir redes comunitarias que fortalezcan los vínculos entre vecinos, familias, docentes y comunidades, así como recuperar espacios públicos mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias que reduzcan el aislamiento social que muchas veces antecede a las desapariciones o al reclutamiento criminal.
Para Juan Martín, la violencia prospera cuando las comunidades se rompen y las personas dejan de sentirse responsables unas de otras, por lo que insiste en que la protección de las infancias debe asumirse como una tarea colectiva y permanente.
“Una red de protección lo hace para todas las personas, incluidas las personas adultas, mayores y demás. Somos sociedades de cuidado. No es un tema inmediato ni sencillo, pero se puede trabajar idealmente con política pública, pero como no vamos a esperar, nosotras y nosotros podemos comenzar estimularlo, porque eso ya existe, lo que necesitas más visibilidad y ampliarlo”, concluye.
