La otra historia
Por José Baroja / /@jose_baroja y @laotrahistoriamx (IG)
Mais en sachant que la tyrannie totalitaire ne s’édifie pas sur les vertus des totalitaires. Elle s’édifie sur les fautes des libéraux.
Albert Camus
Toda tiranía necesita, antes que nada, una imaginación dispuesta a aceptarla. Ningún régimen autoritario se sostiene únicamente mediante la coerción. Antes necesita alterar la forma en que una sociedad entiende la autoridad, la justicia, la seguridad y el castigo. El autoritarismo comienza a ganar terreno cuando una sociedad deja de desconfiar de la fuerza por el solo hecho de ser fuerza. A partir de ahí, la eficacia deja de medirse por la capacidad de actuar dentro de ciertos límites y empieza a confundirse con la posibilidad de actuar sin ellos. Ese cambio de sensibilidad puede advertirse en escenas que, hasta hace apenas unas décadas, habrían provocado una reacción muy distinta.
He visto cómo, hoy, en distintas partes del mundo, numerosas personas celebran imágenes de hombres rapados, detenidos en masa o exhibidos públicamente bajo custodia del Estado. La forma en que esas imágenes son recibidas importa, porque mientras para algunos representan la recuperación de un orden perdido tras décadas de inseguridad, impunidad o abandono institucional, para otros constituyen una señal inquietante del debilitamiento de los límites que distinguen a una democracia sometida al derecho de un régimen en el que la fuerza comienza a ocupar el lugar de la ley.
Una defensa de la democracia que se limite a denunciar a quienes respaldan proyectos autoritarios o liderazgos que prometen gobernar sin límites corre el riesgo de pasar por alto las condiciones sociales que permiten su expansión. La democracia no se sostiene únicamente en declaraciones de principios, elecciones periódicas o en la defensa abstracta de los derechos humanos. También necesita una experiencia cotidiana en la que los ciudadanos puedan reconocer que las instituciones funcionan, que las normas se aplican y que los problemas colectivos pueden enfrentarse sin recurrir a la concentración del poder.
Me preocupa que esta transformación aparezca en muchas conversaciones cotidianas antes de convertirse en una posición política definida. Se manifiesta, por ejemplo, cuando alguien dice que «antes había orden», que «ya no se puede hacer nada» o que «lo único que hace falta es mano dura». En esas frases, aparentemente sencillas, no siempre existe una defensa consciente del autoritarismo. Muchas veces expresan cansancio, miedo o la sensación de que las reglas protegen más a quienes dañan la sociedad que a quienes intentan vivir dentro de ellas. Precisamente por eso resultan políticamente importantes: revelan un cambio que puede ocurrir mucho antes de la decisión electoral, una transformación en la manera de imaginar qué clase de autoridad parece necesaria para recuperar el orden perdido.
Cuando esa experiencia cotidiana de confianza en las instituciones se debilita, comienza una transformación silenciosa en la manera de entender la autoridad. Los derechos dejan de percibirse como garantías universales destinadas a limitar el poder y empiezan a verse como privilegios cuya conservación depende del comportamiento que se atribuye a determinados individuos o grupos. La pregunta, entonces, deja de ser cómo construir instituciones capaces de proteger a todos y comienza a desplazarse hacia otra que, a mi entender, resulta mucho más peligrosa: quién merece seguir siendo protegido cuando ha sido definido como una amenaza. Ese desplazamiento constituye lo que aquí llamo «la educación sentimental del autoritarismo»: el momento en que una sociedad empieza a modificar aquello que considera una autoridad legítima, un castigo aceptable y un límite necesario al ejercicio del poder.
Hace algún tiempo, al finalizar una clase de Historia Universal, uno de mis estudiantes formuló una pregunta que, aunque parecía referirse únicamente a los derechos de quienes cometen delitos, encerraba una tensión política fundamental de nuestro tiempo: «¿Por qué tendría el Estado que proteger los derechos de alguien que nunca respetó los derechos de los demás?». No buscaba provocar ni escandalizar al grupo. Más bien, creo que expresaba una duda cada vez más presente en sociedades donde la violencia ha dejado de ser una preocupación ocasional para convertirse en una experiencia cotidiana. Cuando una persona observa durante años que las víctimas reciben respuestas insuficientes, que los responsables parecen eludir las consecuencias de sus actos o que las instituciones responden con una lentitud desesperante, la idea de que incluso quienes han cometido delitos conservan derechos puede comenzar a percibirse como una injusticia, antes que como una conquista de la civilización.
La fuerza de esa pregunta, por lo tanto, no reside en su excepcionalidad, sino en la lógica que encierra. Parte de una premisa intuitiva: que los derechos deberían corresponderse con el comportamiento moral de las personas. Sin embargo, esa intuición pasa por alto que las democracias constitucionales se construyeron, precisamente, sobre el rechazo de ese principio. Los derechos fundamentales no existen para premiar a los virtuosos, sino para limitar el poder incluso cuando este se ejerce sobre quienes han cometido actos condenables. La experiencia histórica muestra, además, que cuando una comunidad acepta que determinadas personas pueden quedar fuera de la protección jurídica, la excepción rara vez permanece confinada a ese primer grupo: con el tiempo, puede extenderse hacia otros que, bajo distintas circunstancias, sean definidos como «enemigos».
En este sentido, «la educación sentimental del autoritarismo» consiste en modificar la manera en que una sociedad siente frente al poder. Implica, antes que nada, transformar sus criterios emocionales de valoración: qué formas de autoridad despiertan admiración, qué límites comienzan a parecer innecesarios y qué sufrimientos llegan a considerarse aceptables en nombre del orden. Surge, en última instancia, cuando comienza a admirar formas de poder que parecen eficaces precisamente porque no reconocen los límites que la democracia les impone.
En ese contexto, el ciudadano deja de preguntarse qué controles necesita el Estado para evitar abusos y comienza a preguntarse hasta dónde debería llegar cuando promete resolver problemas que durante años nadie ha conseguido resolver. Ese cambio de sensibilidad no puede atribuirse únicamente a la propaganda política ni a la capacidad de determinados líderes para movilizar emociones colectivas. También nace de los fracasos acumulados de las propias democracias: una democracia incapaz de responder a las experiencias concretas de sus ciudadanos termina dejando un espacio que otros ocupan con la promesa de resolver aquello que las instituciones no han sabido enfrentar, aun cuando para hacerlo sea necesario concentrar el poder.
Durante décadas, numerosas personas han comprobado que buena parte de los problemas que más afectaban su vida cotidiana persistían mientras las instituciones respondían con una lentitud desesperante o parecían incapaces de alterar las condiciones que mantenían esos problemas. Cuando esa experiencia se prolonga en el tiempo, los límites impuestos al poder dejan de percibirse como garantías y comienzan a interpretarse como obstáculos. La rapidez empieza a confundirse con la eficacia, la ausencia de controles con la fortaleza del Estado y la concentración de autoridad con la capacidad de resolver problemas colectivos. El atractivo político del “hombre fuerte” surge de esa confusión. Su promesa principal consiste en “resolver los problemas” sin las restricciones que supuestamente explican el fracaso de quienes lo precedieron. Allí reside una de sus mayores ventajas simbólicas: mientras la democracia ofrece procesos complejos, negociaciones y decisiones sometidas a revisión, el autoritarismo ofrece una imagen sencilla del mundo, donde existen responsables claros, soluciones rápidas y una voluntad política que parece capaz de imponerse sobre cualquier obstáculo.
Volvamos al ejemplo inicial. Basta observar la reacción ante una fotografía difundida en redes sociales: un grupo de detenidos alineados, con la cabeza rapada, frente a una autoridad que ocupa el centro de la imagen. Antes incluso de conocer sus nombres, sus antecedentes o el proceso judicial que los espera, la fotografía ya ha impuesto una interpretación. Para algunos significa que el Estado recuperó su capacidad de actuar; para otros, que la dignidad humana comenzó a depender de quién aparece representado como enemigo. La imagen no necesita explicar una política compleja, sino transmitir una sensación inmediata: alguien está actuando. La exhibición política de la fuerza no constituye un fenómeno nuevo.
Durante siglos, los Estados recurrieron a ceremonias de castigo y demostraciones públicas de fuerza para recordar quién detentaba la autoridad. La diferencia contemporánea es que esas escenas ya no necesitan una plaza ni una multitud, puesto que circulan de manera permanente en teléfonos y redes sociales, acompañadas de frases breves capaces de condensar una posición política entera: «Por fin alguien actúa», «Eso era lo que hacía falta», «Ahora sí van a aprender». La discusión sobre la legalidad, la proporcionalidad o las consecuencias de esas medidas queda entonces relegada frente a la satisfacción inmediata que produce contemplar una demostración visible de autoridad. Donde la democracia exige pruebas, deliberación y tiempo, la imagen ofrece una conclusión instantánea. La fuerza, convertida en espectáculo político, adquiere así una capacidad de persuasión que ayuda a explicar por qué determinados liderazgos contemporáneos encuentran en la exhibición de autoridad una fuente cada vez más importante de legitimidad.
Los casos de Donald Trump, Nayib Bukele y Abelardo de la Espriella son distintos entre sí, pero permiten observar una demanda que aparece por diferentes razones en sociedades que sienten que sus instituciones no están respondiendo a determinadas amenazas. Estados Unidos y El Salvador no enfrentan los mismos problemas ni poseen las mismas tradiciones políticas: sus estructuras institucionales, económicas y sociales responden a historias distintas. Colombia, por su parte, presenta conflictos y desafíos propios. Sin embargo, los tres casos permiten observar una tendencia común: la creciente disposición a aceptar que el poder ejecutivo debería estar sujeto a menos controles cuando una parte importante de la sociedad percibe que existe una amenaza urgente y que las instituciones ordinarias han sido incapaces de responder a ella.
La política del «hombre fuerte» suele alimentarse de una promesa de restauración: devolver una grandeza, un orden o una seguridad que muchos sienten haber perdido. Donald Trump construyó buena parte de su atractivo político alrededor de esa promesa. Sus discursos sobre migración, inseguridad, pérdida de influencia internacional o decadencia cultural no apelaban únicamente a un programa político; también recogían una sensación más profunda: la de haber perdido un lugar, una seguridad o una forma de reconocimiento social. Comprender esas experiencias no implica aceptar las respuestas políticas construidas a partir de ellas, sino entender que la frustración frente a instituciones ineficaces puede conducir tanto a una demanda democrática de reformas profundas como a una búsqueda de soluciones que debiliten los mecanismos destinados a controlar el poder.
Las personas tienen derecho a exigir resultados; esa es una demanda plenamente legítima dentro de una democracia. La discusión aparece cuando comienza a plantearse que la única manera de obtenerlos consiste en abandonar los límites destinados a proteger a la sociedad frente a la arbitrariedad. Esa tensión adquiere una forma distinta en El Salvador. Durante décadas, amplios sectores de la población vivieron bajo niveles extremos de violencia, en comunidades sometidas al control de las pandillas y frente a un Estado incapaz de garantizar una seguridad efectiva. En ese contexto, la recuperación visible del control territorial y la percepción de una reducción significativa de la violencia produjeron una legitimidad política difícil de explicar si no se considera esa experiencia cotidiana.
Precisamente ahí reside una de las mayores dificultades del debate democrático contemporáneo: una misma medida puede ser percibida como una recuperación del Estado por quienes durante años padecieron su ausencia y, al mismo tiempo, como un debilitamiento del Estado de derecho por quienes observan el abandono de sus límites jurídicos. La necesidad de seguridad y la necesidad de límites al poder no son demandas contradictorias, aunque en determinadas circunstancias puedan entrar en tensión. El desafío de la democracia consiste en no obligar a los ciudadanos a escoger entre ellas.
Una democracia que ignore la dimensión humana de la inseguridad pierde capacidad para comprender por qué determinados liderazgos adquieren apoyo. Para quienes han vivido durante años bajo la amenaza de la violencia, la seguridad no es una discusión abstracta sobre teoría institucional: es una transformación concreta de la vida cotidiana. Lo mismo puede advertirse, aunque bajo circunstancias diferentes, en Colombia, donde décadas de conflicto armado, narcotráfico, violencia territorial y presencia de grupos armados han dejado una relación particularmente compleja entre seguridad y autoridad. En ese contexto, las promesas de recuperar el control territorial, enfrentar con mayor firmeza a los grupos criminales y devolver al Estado una capacidad de acción que muchos consideran debilitada pueden adquirir una fuerza política considerable. El caso colombiano recuerda que la demanda de autoridad puede surgir también de la frustración acumulada ante un Estado que, para determinados ciudadanos y territorios, ha parecido incapaz de protegerlos de manera efectiva.
En Chile, esta discusión adquiere una cercanía distinta. José Antonio Kast llegó a la Presidencia después de una campaña en la que la seguridad, el control de la migración irregular y la recuperación del orden ocuparon un lugar central. Su triunfo no puede explicarse únicamente por una supuesta inclinación autoritaria de quienes lo votaron, sino también por una frustración acumulada frente a problemas que una parte importante de la sociedad considera que los gobiernos anteriores no fueron capaces de resolver. Precisamente por eso, el caso chileno resulta especialmente relevante para esta discusión: la demanda de autoridad puede ser perfectamente compatible con una demanda democrática de seguridad, pero esa demanda no debería llevarnos a considerar que los controles sobre el poder son parte del problema.
Sin embargo, porque la seguridad es un derecho democrático, la discusión no puede detenerse en los resultados inmediatos. Debemos preguntarnos qué mecanismos permanecen disponibles para controlar al poder cuando las circunstancias cambian, cuando la amenaza original disminuye o cuando las facultades excepcionales comienzan a utilizarse frente a nuevos adversarios. Una herramienta creada para enfrentar una amenaza real puede convertirse, con el tiempo, en un mecanismo aplicado contra quienes simplemente cuestionan al gobierno, pertenecen a determinados grupos o son presentados como obstáculos para el orden. Una sociedad que ha conocido durante décadas los costos de la violencia también debería ser consciente de los riesgos que implica otorgar al Estado facultades cuya utilización posterior puede escapar de las circunstancias que originalmente las justificaron.
Por eso existen los controles democráticos. No parten de la sospecha de que todo gobernante sea necesariamente abusivo, sino de una constatación más sencilla y, a la vez, más incómoda: ningún gobierno está compuesto exclusivamente por personas prudentes, ninguna mayoría es infalible y ninguna emergencia puede convertir el poder en una facultad ilimitada. La democracia consiste en algo más que elegir a quienes tendrán la capacidad de actuar; también implica preservar los mecanismos que permitan limitar esa capacidad cuando comienza a exceder los límites que justifican su ejercicio.
El desafío de las democracias contemporáneas radica entonces en responder a demandas legítimas de seguridad y eficacia sin aceptar que la solución sea concentrar el poder en quienes prometen resolverlas. Defender las instituciones no significa negar sus fallas, porque muchas democracias han sido incapaces de cumplir plenamente sus promesas de igualdad, protección y participación; pero reconocer esas fallas tampoco significa aceptar que la respuesta sea debilitar los principios que permiten corregirlas. Esta tensión resulta especialmente relevante para aquellas corrientes políticas que históricamente han colocado en el centro la ampliación de derechos y la reducción de las desigualdades, particularmente la izquierda democrática. Su desafío actual consiste en demostrar que las instituciones pueden convertir esos derechos en experiencias concretas para la ciudadanía.
Una izquierda democrática no puede limitarse a defender el funcionamiento actual de las instituciones cuando muchas personas sienten que estas no responden a sus necesidades. Defender la democracia implica transformarla para que cumpla mejor sus propias promesas, porque una persona que vive bajo la amenaza constante de la violencia, la exclusión o la precariedad puede terminar percibiendo los derechos democráticos como privilegios lejanos. La respuesta al autoritarismo no puede consistir solo en recordar que los derechos humanos son importantes. Una sociedad preocupada por la inseguridad necesita experimentar que el Estado también es capaz de protegerla; una sociedad cansada de la corrupción necesita ver consecuencias reales para quienes abusan del poder; una sociedad marcada por la desigualdad necesita comprobar que sus instituciones pueden producir cambios concretos. El autoritarismo se fortalece cuando logra responder preguntas legítimas con soluciones peligrosas. Ofrece seguridad a cambio de controles, rapidez a cambio de deliberación y una promesa de unidad que muchas veces necesita convertir a alguien en enemigo. Su promesa puede parecer atractiva porque responde a frustraciones reales, pero contiene una contradicción profunda: al concentrar poder para actuar con rapidez, debilita los mecanismos que permiten corregir errores y proteger a la sociedad cuando ese poder se equivoca.
Por eso, el desafío actual no reside solamente en derrotar políticamente a determinados líderes o movimientos, porque las condiciones sociales que permiten su ascenso pueden permanecer incluso después de una derrota política. Mientras continúen presentes la inseguridad, la desigualdad, la corrupción o la sensación de abandono institucional, nuevas figuras podrán ocupar el mismo espacio con distintos nombres y discursos. La verdadera defensa democrática no consiste únicamente en demostrar que el poder sin límites es peligroso; además consiste en construir una sociedad donde la democracia deje de ser defendida solamente como un ideal abstracto y pueda ser experimentada como una realidad capaz de proteger, responder y ofrecer un futuro compartido.
Aquella pregunta que me formularon al final de una clase quizá sigue siendo más importante que la respuesta inmediata que podamos darle, porque no expresaba solo una duda jurídica, sino una incertidumbre más profunda: qué ocurre cuando una sociedad comienza a sentir que proteger principios democráticos significa aceptar su propia vulnerabilidad. La democracia se vuelve frágil cuando sus propios ciudadanos empiezan a verla como un obstáculo para resolver aquello que más les duele, porque en ese momento quienes cuestionan sus principios encuentran un terreno más favorable para ofrecer sus propias soluciones. Precisamente por eso, la verdadera prueba de una democracia aparece cuando debe decidir qué hacer con quienes despiertan rechazo, miedo o indignación. Es en esos momentos cuando una sociedad revela si entiende los derechos como principios universales o como privilegios reservados para quienes considera merecedores de ellos.
La educación sentimental del autoritarismo comienza mucho antes de que desaparezcan las elecciones o se cierren las instituciones. Ese proceso comienza cuando una sociedad deja de sentir que los límites al poder son una protección y comienza a percibirlos como una molestia. Por eso defender la democracia no significa únicamente preservar sus procedimientos, sino reconstruir la experiencia cotidiana que permite a los ciudadanos creer nuevamente en ella. Tal vez la democracia no necesita convencer a sus ciudadanos de que es perfecta, sino demostrar algo más básico y más difícil: que todavía puede protegerlos sin pedirles que renuncien a aquello que fue creada para defender.
