Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
El territorio puede tener un significado como un bien para ser apropiado de forma particular en exclusión de los otros, a lo que le llamamos “propiedad privada” o con una visión más amplia, la podemos ver representada por todo aquello que nos puede proporcionar el territorio no como explotación sino como conexión y relación con lo que nos brinda, entre ellas su significado social a través de las actividades o identidades que se realizan en él.
En un entorno urbano caracterizado por la precarización de espacios, convivencias y significados, la existencia de territorios con esas características se vuelve más relevantes.
Existen muchas historias de barrios y colonias de la ciudad, en las que se comprueban un choque permanente entre lo que se considera como una idea de lo que grupos o actores económicos consideran como “desarrollo”, “valor” de las propiedades o los usos de los predios, muchos de ellos en franca acumulación, contra otros diversos: transformación de esos espacios en lugares de esparcimiento y convivencia, práctica y organización de distintos deportes, generación de espacios verdes y arbolados cuidados por las comunidades, los cuales en un momento dado fueron interrumpidos por apropiaciones o construcciones que desplazaron esos signos de identidad y que son recordados posteriormente como anécdotas.
Esta diferencia nos lleva a cuestionar el desequilibrio de lo que llaman el desarrollo urbano, definido como: “el proceso de planificación, crecimiento y transformación de las ciudades y áreas metropolitanas. Busca organizar el uso del suelo, construir infraestructura, mejorar el transporte y ofrecer servicios públicos para elevar la calidad de vida de los habitantes de manera ordenada y sostenible” (Carlos Fernández Sánchez. Desarrollo Urbano, Retos y Oportunidades para las Ciudades), ya que aunque se trata de una herramienta apropiada para la construcción colectiva, en la práctica la planificación de las ciudades, sus reservas de territorio, sus usos y categorías, son construidas y determinadas de forma técnica por expertos y por los gobiernos municipales con breves espacios simbólicos de consulta a las comunidades, que en muy pocos casos propician un debate sobre lo que se determina, con excepción de que se presenten recursos legales.
En la práctica los planes parciales de desarrollo y la determinación de los usos del territorio, aunque constituyen límites para lo que puede realizarse en ellos, favorecen que otros intereses prevalezcan en los mismos, sean de tipo inmobiliario, económico o incluso de establecimientos que restringen la dinámica de colonias o barrios, incluyendo los de los propios gobiernos, es decir, no están exentos de dinámicas de poder y la imposición de sus prácticas.
La propia historia de la colonia de Mirador de San Isidro y del reconocimiento de prácticas colectivas realizada por las personas vecinas en un territorio contra las dinámicas de poder y de restricción de sus derechos humanos que viven actualmente, son reflejo de dichas las contradicciones y el abuso.
Desde 1995 el predio materia del conflicto de más de 12 mil metros cuadrados fue donado por la desarrolladora del fraccionamiento como un área cedida para un uso público al Gobierno del Estado de Jalisco. Aunque desde el principio fue etiquetado para un “equipamiento educativo” nunca fue realizada ninguna obra o acción, se le destina en los Planes Parciales de Desarrollo con un uso Mixto Vecinal densidad alta por lo menos desde el año 2012.
Podemos apreciar con claridad que a pesar de la vocación se prefirió no darle uso, acumularlo con vías de futuro, sin incluirlo en algún programa específico de gobierno, este hecho no se encuentra limitado o especificado en las normas de desarrollo urbano, lo que comprueba que la inacción es la verdadera categoría y uso que favorece otros intereses para dichos territorios.
El uso de alta densidad es clave en esta contradicción porque permite un desarrollo futuro del predio y por tanto de la zona sin observar los cambios o incluso las propias afectaciones que el predio tiene, es una planificación desarrollista a futuro sin una evaluación en tiempo presente. Un ejemplo es lo relacionado con la cuenca de arroyo Hondo que los especialistas han descrito muy bien y que atraviesa el predio, propiciando condiciones de riesgo para el propio espacio y colonias abajo (para ello seguir la cuenta de Josué Sánchez Tapetillo en XS @JSTapetillo).
El predio nunca fue etiquetado como un espacio verde o con un uso que posibilitara otro tipo de protección en favor de la propia comunidad, por que el tipo de idea de desarrollo urbano que se genera desde las oficinas municipales o en la incorporación del patrimonio al gobierno no transparenta los intereses reales reservados a futuro para esas zonas, se esconden en mapas y análisis técnicos que en muchas ocasiones son moldeables y básicamente no incorporan otras dinámicas en el territorio por parte de la comunidad, aún a pesar que en Jalisco se reconoce el tan mencionado derecho a la ciudad y el relacionado con la participación ciudadana.
En vez de generar mejores condiciones de hábitat urbano en donde se incluya las apropiaciones culturales y sociales de la comunidad en el territorio, los gobiernos tanto el estatal como el municipal de Zapopan, asumen una visión reducida a ser más bien transmisores de propiedad como malos desarrolladores inmobiliarios particulares.
Ante decisiones tan incompletas y arbitrarias, las resistencias que vienen de amplias conexiones de las comunidades a las cuales, si les interesan los territorios, se convierten en promotoras y protectoras no de un espacio de metros cuadrados sino de un beneficio, práctica y simbolismo colectivo.
Cada cancha trazada en la tierra, sendero para pasear o correr, cada árbol sembrado con vistas a proporcionar oxígeno y sombra, cada definición de lo que el Movimiento de los Vecinos de Mirador de San Isidro llaman “parque” y que va más allá de eso, reivindica y defiende un nuevo derecho que debe de ser atendido, especificado, debatido y claramente garantizado en oposición a uno que, aunque venido por el gobierno, es individualizante y excluyente de lo que ocurre en la colonia, aunque sea permitido por planes y usos que no reflejan lo verdadero y la vida de la población.
Aunque el desarrollo de vivienda que se pretende promover tenga un fin social al dotar de vivienda a los policías, desde su propia vocación es debatible por los momentos en que los distintos gobiernos hacen prevalecer la imagen de fuerza y la seguritización de la sociedad en vez del Estado de Derecho.
Las propias dimensiones de los departamentos que pretenden construirse y el riesgo en la zona, facilita la entrega de un espacio precarizado en vez de que se trate de un reconocimiento digno a los agentes de la ley.
La dureza en las respuestas a las protestas basadas en discursos autoritarios aparentados como decretos, incluso reproducidos por una instancia insignificante de vivienda como el IJALVI, es la constante de lo que desencadenó el desalojo de las personas vecinas por parte de la policía metropolitana, el cual no buscó solamente la posesión física de un predio sino desarticular el debate, la organización y la lucha ciudadana.
Colocar al movimiento como inducido políticamente, refleja la gran necesidad desde el poder de generar una narrativa desde la lógica del enemigo “partidista” para cerrar el diálogo y hacer que sean las maquinas y la constructora las que hablen. Un verdadero ataque a personas defensoras de los derechos humanos.
Como comunidad estamos llamados a informarnos y a solidarizarnos con los vecinos de la Colonia Mirador San Isidro, porque su exigencia es la misma que la de todas las personas que habitamos en la ciudad, sobre todo ante una que cada vez nos coloca en una lucha por la carencia en la garantía de mejores condiciones de vida a través de los servicios públicos más indispensables.
Primero fue la inseguridad pública, se sumó la deficiente recolección de los residuos en las viviendas, los incendios en áreas naturales, la contaminación y falta de acceso al agua potable, ahora los mínimos espacios verdes queridos y protegidos por las comunidades, estamos ante la disyuntiva de solamente esperar la siguiente restricción a nuestros derechos o hacer que la resistencia se convierta en una constante en nuestras comunidades.
Hay que posibilitar que la resistencia sea una lucha por afirmar el desarrollo y la ciudad que queremos, sentimos y deseamos, no una impuesta desde los reservados intereses de poder.
