El Frente Nacional contra Violencia Vicaria (FNCVV) reveló a través de la aplicación de la Encuesta Nacional a Víctimas de Violencia Vicaria 2026 que esta violencia en el país “no se ejerce sólo por parte del agresor, sino que hay un sistema judicial, social y económico” que perpetúa estas prácticas violencias, omisiones y agresiones hacia ellas y a sus hijas e hijos.
Por Karen García / @karen_gdlt
El Frente Nacional contra Violencia Vicaria A.C. realizó un informe derivado de su “Encuesta Nacional a Víctimas de Violencia Vicaria 2026”, en este participaron, mediante una plataforma digital, alrededor de 3 mil 141 mujeres provenientes de diversos estados del país. Su objetivo: conocer cómo la violencia vicaria sigue operando en México, las afectaciones de salud, económicas, judiciales tanto a madres como a hijxs.
Para entender este fenómeno de violencia, hay que contextualizar que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 35 millones de hogares mexicanos, más de 11 millones de familias son encabezadas por mujeres, en un país en el que más del 70% de las mujeres han experimentado violencia psicológica por parte de su pareja actual o ex parejas.
Asimismo, en el año 2024 se registraron 161 mil 932 divorcios, es decir que, por cada 100 matrimonios hubo 33.3 divorcios. En ese sentido, se estima que, los procesos de guarda y custodia -en los casos de matrimonios con hijas e hijos- 50.1% fueron otorgados a hombres y el 49.9% a mujeres. Es importante resaltar de este dato que, en más del 80% de juicios contenciosos, el padre no solicita la custodia, sino que opta por visitas y convivencia.
El contexto anterior es vital para entender que la violencia vicaria no es un hecho aislado, sino una violencia prolongada en la que no solo participa el agresor, sino que autoridades judiciales, la sociedad y un círculo de apoyo vinculado al agresor también perpetúan este acto a través de amenazas constantes, la separación de hijas e hijos y el ejercicio de la propia violencia institucional.
Según la Encuesta Nacional realizada por el FNCVV, las hijas e hijos son el principal instrumento de violencia utilizados para causar daño a la madre, puesto que, el 86.75% de mujeres encuestadas fueron amenazadas con que les serían arrebatados, mientras que, el 64.66% experimentó la separación.
Violencia sistemática
La violencia vicaria también aumenta por un sistema legal que en sus resoluciones judiciales no garantiza el restablecimiento del vínculo familiar. Ya que, seis de cada diez mujeres encuestadas revelaron que los regímenes de visitas y convivencia no se cumplen, lo que prolonga la separación madre-hija o hijo y perpetúa los efectos de esta violencia.
De esta forma, más del 87.95% de las mujeres enfrentan dos o más procesos legales, en más de la mitad enfrenta cuatro procedimientos al mismo tiempo, de los cuales el 49.3% de los juicios familiares fue iniciado por los agresores.
Preocupa que dentro de estos procesos, solo el 19.78% ha podido denunciar específicamente la violencia vicaria, esto implica una obstaculización persistente en el reconocimiento jurídico hacia este tipo de violencia y, por lo tanto, el acceso efectivo a mecanismos especializados de protección.
Las implicaciones de salud mental para las infancias y adolescencias
Estos procesos impactan la salud mental y emocional de las madres, las infancias y adolescencias que los viven. Puesto que, de acuerdo con los hallazgos, presentan condiciones de salud que requieren atención urgente, sin embargo, una proporción importante no la recibe debido a las barreras que tienen para acceder a los servicios de salud.
Además, las amenazas constantes, los incumplimientos de las resoluciones, entre otras violencias, prolongan la afectación emocional y familiar, y agravan los padecimientos de infancias y adolescencias. Según la encuesta, suelen presentar TEA, TDAH, discapacidad y enfermedades en general, agregando un impacto en su educación, rezago y pérdida de estabilidad.
La economía como efecto colateral.
La violencia vicaria también se ejerce a través de la economía. Aunque el perfil general y sociodemográfico de las mujeres víctimas de esta violencia tienen alrededor de 37 años en promedio, más de la mitad tienen ingresos propios y con un nivel de estudios de licenciatura, presentando un alto nivel de formación académica y profesional, también hay una gran parte que experimenta precarización económica y dificultades para sostener los procesos judiciales.
Esto es totalmente asimétrico al perfil del agresor, que, si bien, de edad promedio tiene 40 años, con nivel de licenciatura, el 82.43% de ellos cuenta con un trabajo remunerado y posee propiedades adicionales.
Los datos dejan en evidencia las desigualdades económicas que la violencia vicaria también trae consigo, pues al intentar acceder a la justicia, esto tiene un costo laboral, de tiempo, de economía y de patrimonio; ya que los procesos llevan años, obligando a las mujeres a reorganizar por completo su vida para continuar con litigios, audiencias, diligencias, etc., poniéndolo como prioridad, antes que las necesidades esenciales.
Según datos de la encuesta, más de la mitad de las mujeres han destinado más de 50 mil pesos a procesos jurídicos, y una de cada tres ha invertido más de 100 mil pesos.
“La violencia vicaria es un sistema de control que se prolonga en el tiempo. Los resultados muestran que la violencia vicaria no es un conflicto de pareja ni una disputa aislada por la custodia. Es una forma de violencia ejercida por el hombre que utiliza a las hijas e hijos para continuar dañando, controlando y castigando a la madre después de la separación.”, explica el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en la Encuesta realizada.
Es así como esta encuesta también exige a las autoridades el reconocimiento y detección temprana, la protección inmediata del vínculo materno-filial, la justicia especializada y expedita, la atención integral a niñas, niños y adolescentes, la erradicación de la violencia institucional, así como la protección económica para las víctimas.
“Los datos ya existen. Las víctimas han hablado. Ahora corresponde a las instituciones actuar.”, expresó el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en la publicación de su nuevo informe.
Consulta el informe completo aquí
