El Décimo Tribunal Administrativo Colegiado concedió un amparo a Alicia de los Ríos Merino y ordenó a la Sedena entregar archivos de la Guerra Sucia que aún no han sido puestos a disposición. La resolución también contempla una comisión dictaminadora para revisar, catalogar y determinar el tratamiento de estos documentos.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
Fotos:Informe del MEH
La resolución de un tribunal colegiado abrió una nueva etapa en el acceso a los archivos militares relacionados con la Guerra Sucia. El fallo, emitido el 6 de agosto, concedió un amparo a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, activista del mismo nombre, desaparecida en 1978, y ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar documentación que ha sido identificada pero que no ha llegado al Archivo General de la Nación (AGN).
En diálogo con ZonaDocs, Alicia de los Ríos Merino explicó que la ruta legal tras el amparo comenzó hace más de dos décadas. En 2002, bajo la administración de Vicente Fox, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y se emitió un decreto para trasladar al AGN los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, en acatamiento a la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La llegada de esos fondos permitió a los familiares, investigadores y periodistas identificar qué expediente estaba disponible y qué expedientes faltaban. De acuerdo con Alicia, en aquel momento no existía un instrumento que permitiera conocer con precisión qué documentación se entregó al archivo nacional y qué acervos permanecían fuera de consulta.
Con los años, dos investigaciones independientes documentaron parte de esas ausencias. Por un lado, el equipo histórico de la FEMOSPP señaló la falta de expedientes reportados como entregados; por el otro, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) identificó documentación militar que no figuraba en las salas del archivo nacional.
En 2021, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad inició labores dentro del Archivo Histórico de la Sedena. Alicia puntualizó que dicho mecanismo elaboró un informe sobre las prácticas institucionales en el recinto castrense, entre ellas las descritas en el documento “Las formas del silencio”.
Para ella, ese diagnóstico “relacionó la falta de documentos militares” sobre la desaparición de su madre con los patrones de opacidad detectados entre los años 1965 y 1990. En 2023, la querellante acudió al Centro Prodh —organización que la acompaña desde 2002— y a Artículo 19 para emprender una nueva estrategia jurídica.
Ese año se promovieron dos amparos: uno contra la Sedena y otro contra el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el fin de reclamar la documentación que no fue entregada o que salió del AGN tras su traslado. El caso se fundamentó además en el decreto presidencial de 2019, emitido por Andrés Manuel López Obrador, el cual ordenó a las instituciones transferir al archivo nacional las piezas vinculadas a violaciones graves de derechos humanos y corrupción.
En su momento, la Sedena sostuvo la postura de que había entregado la totalidad de sus archivos desde 2002. Alicia indicó que esa respuesta no atendió la solicitud planteada en 2023, pues la exigencia se sustentó en los compromisos del decreto de 2019 y en los vacíos identificados por las investigaciones previas. Tras una primera resolución adversa, el caso pasó a un tribunal colegiado.
Durante el litigio, el Centro Nacional de Inteligencia (organismo que sustituyó al CISEN) devolvió expedientes retirados del AGN y, en septiembre de 2024, entregó cerca de 300 mil fojas, acompañadas de audiocasetes y videocasetes. Sin embargo, la demandante afirmó que el acervo militar pendiente continuó incompleto.
El fallo del pasado 6 de agosto de 2026 estuvo a cargo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Alicia precisó que la resolución contó con el respaldo de la magistrada Ana María Ibarra y tuvo a Sandra Janet Lechuga como magistrada ponente. El veredicto mandata a la Sedena la entrega inmediata de los archivos documentados que no se encuentran a disposición pública.
Hasta la fecha, Alicia y sus representantes no han tenido acceso a las nuevas hojas de la Sedena. Su existencia consta en la averiguación previa sobre los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, junto con el militar Francisco Javier Barquín Alonso, señalados por su presunta relación con los llamados “vuelos de la muerte”. Dicha indagatoria incluye bitácoras de vuelo y testimonios, además de datos sobre la estructura de mando que la autoridad no ha facilitado.
La resolución judicial mandata la integración de una comisión dictaminadora para la revisión y catalogación del material. Alicia aclaró que este órgano se apega a la Ley General de Archivos para los procedimientos de desclasificación, conservación y traslado de fondos históricos.
El comité deberá convocar a personal del AGN capacitado en archivo histórico y conservación, así como a especialistas en violaciones graves a los derechos humanos del periodo. Para este expediente, la activista enfatizó la necesidad de sumar expertos en la estrategia de contrainsurgencia. La conformación de este equipo y la revisión de folios quedarán bajo la vigilancia de las familias.
Uno de los ejes centrales de la inspección es la identificación de información para reconstruir las cadenas de mando en las estructuras militares. En el caso de la Dirección Federal de Seguridad se han determinado mandos a partir de los documentos disponibles; no obstante, faltan datos sobre los batallones de la Brigada Especial, sus integrantes, cargos y estatus actual.
Las familias darán seguimiento estricto a la ejecución de la sentencia. Alicia no descartó resistencias institucionales y recordó que, en otra causa para la búsqueda de su madre, un juez federal autorizó la entrada de la víctima al Campo Militar Número 1 y a la Base Aérea Número 7. El cumplimiento de esa orden tardó un año en materializarse.
Igualmente, espera que la Sedena y la Presidencia de la República acaten el fallo y permitan el paso a la información reservada. Desde hace dos años, las familias y sobrevivientes han pedido información precisa sobre las cadenas de mando al Ejército, recibiendo como respuesta la afirmación de que todo el fondo ya fue entregado.
Se contempla que el cumplimiento de esta sentencia repercuta también en la Fiscalía General de la República. El acceso al archivo histórico de la Sedena permitirá fortalecer las carpetas de investigación ministerial, de manera similar a las diligencias efectuadas con el material del antiguo CISEN, con miras a deslindar responsabilidades penales en los mandos del ejército.
Alicia subrayó que la resolución no se limita al expediente de su madre. El alcance de los archivos abarca el periodo de 1965 a 1990 y, por ello, la sentencia involucra a otras familias y víctimas sobrevivientes de la contrainsurgencia. “Es para todos, para todas las familias, para todas las víctimas sobrevivientes”, afirmó.
Para las familias, el siguiente paso será vigilar que la sentencia se cumpla y que la comisión prevista por la Ley General de Archivos pueda revisar la documentación militar pendiente. Alicia espera que este proceso permita avanzar en la identificación de quienes participaron en los hechos de la Guerra Sucia y que la experiencia pueda establecer un precedente para otros casos de desaparición.
