Organizaciones, colectivos vecinales y personas defensoras del agua cuestionaron el plan hídrico estatal del gobierno de Pablo Lemus, a quien le exigieron revisar el uso de más de 42 mil millones de pesos que se le entrega al SIAPA, ademas le reclamaron una compensación para las familias afectadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara por la mala calidad del agua.
Texto y fotos por Leslie Zepeda / @lesszep2
Las organizaciones, colectivos y personas defensoras del agua que participaron en la Megamarcha por el Agua y el Festival Agua KK Fest exigieron al Gobierno de Jalisco transparentar la estrategia hídrica estatal, revisar públicamente los proyectos que contempla y frenar cualquier esquema que implique la privatización directa o indirecta del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
En un pronunciamiento posterior a la movilización, señalaron que la crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es resultado de años de decisiones y omisiones de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de prácticas de grandes consumidores y empresas. También cuestionaron que la respuesta institucional pueda traducirse en nuevos megaproyectos, contratos privados o endeudamiento público sin mecanismos de vigilancia ciudadana.
Uno de los principales reclamos se concentra en la Estrategia Integral de Gestión del Agua presentada por el Gobierno de Jalisco, cuyo costo, de acuerdo con el pronunciamiento, pasó de una estimación inicial de alrededor de 25 mil millones de pesos a 42.2 mil millones de pesos para 32 intervenciones.
Ante esta inversión, las organizaciones demandaron conocer los proyectos ejecutivos, costos, empresas participantes, fuentes de financiamiento, obligaciones que asumiría el Estado, posibles riesgos para futuras administraciones e impactos ambientales.
“No entregaremos un cheque en blanco”, señalaron, al exigir que cada proyecto sea sometido a revisión pública, técnica, social, ambiental y financiera.
Rechazan que el plan emergente se vuelva permanente
Las organizaciones también cuestionaron el Plan Emergente anunciado por el Gobierno de Jalisco para atender los problemas de abasto y calidad del agua mediante pipas, garrafones, vales, filtros, tinacos y plantas potabilizadoras móviles.
De acuerdo con el pronunciamiento, la inversión inicial anunciada para estas acciones ronda los 100 millones de pesos, pero advirtieron que estas medidas deben ser temporales y contar con objetivos verificables.
Las organizaciones señalaron que no es aceptable que las familias tengan que recurrir a garrafones o comprar agua embotellada después de que el sistema público les suministra agua a través de la red metropolitana.
También exigieron que los recursos destinados a la emergencia sean públicos, rastreables y auditables.
Exigen compensación por afectaciones relacionadas con el agua
Otro de los reclamos se dirige al descuento de 80 por ciento en el recibo del SIAPA anunciado para personas usuarias de zonas afectadas.
Las organizaciones consideran que una reducción en el cobro no constituye, por sí misma, una reparación por recibir agua de mala calidad. Señalaron que las familias han tenido que asumir gastos adicionales en garrafones, agua embotellada, filtros, limpieza de tinacos y cisternas, sustitución de equipos y, en algunos casos, atención médica.
Por ello plantearon que la compensación sea automática y retroactiva para las zonas donde existan reportes, denuncias, estudios, muestreos o evidencias de afectaciones en la calidad del agua.
También cuestionaron que sea la Junta de Gobierno del SIAPA la que determine quiénes pueden acceder a la compensación.
Advierten sobre privatización del SIAPA
El pronunciamiento también rechaza la posibilidad de incorporar inversión privada mediante asociaciones público-privadas y esquemas de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) para infraestructura del sistema.
Las organizaciones consideran que estos mecanismos podrían derivar en una privatización parcial de funciones estratégicas del SIAPA.
Su propuesta no es mantener el organismo sin cambios, sino transformarlo en un sistema público que sea, plantearon, “eficiente, transparente, comunitario, democrático y bajo control social”.
En este sentido, retomaron la propuesta de los Acuerdos Público-Comunitarios como una alternativa para involucrar a comunidades, organizaciones vecinales, universidades, trabajadores y especialistas en las decisiones relacionadas con la gestión del agua.
Piden revisar las cuentas de grandes consumidores
Las organizaciones también exigieron una revisión de las cuentas de empresas industriales, comerciales y otros grandes consumidores de agua, luego de señalar que existen casos en los que algunas empresas pagarían tarifas distintas a las que corresponderían a su actividad.
“Una industria no puede pagar como una casa”, sostuvieron.
Asimismo, pidieron transparentar los adeudos de gobiernos municipales y otros organismos públicos, así como informar cuánto consumen, cuánto deberían pagar, cuánto han pagado y por qué han acumulado deudas.
Para los colectivos, la recuperación financiera del SIAPA debe comenzar por quienes tienen mayores niveles de consumo y capacidad económica para cubrir sus obligaciones.
Exigen reconocer afectaciones a la salud
Finalmente, las organizaciones demandaron que se reconozcan las afectaciones a la salud relacionadas con la calidad del agua y que se emitan alertas sanitarias cuando corresponda.
También exigieron una auditoría al SIAPA y sanciones en caso de que se acrediten actos de corrupción, además del saneamiento y restauración del río Santiago y el lago de Chapala.
El pronunciamiento concluye con una demanda central: que la gestión del agua permanezca en el ámbito público y comunitario y que las decisiones sobre infraestructura, presupuesto y operación del sistema estén sujetas a transparencia y vigilancia social.
“El agua es un bien común y un derecho humano, no una mercancía”, sostuvieron.
