Desde 2018, los poderes judiciales de las 32 entidades reportan 552 sentencias condenatorias por desaparición forzada o cometida por particulares; en ese mismo periodo, más de 133 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el país. Familiares y especialistas advierten fallas en las investigaciones, rezago de carpetas y procesos que alcanzan principalmente a autores materiales.
Por Dylan Rodríguez
Fotos: Leslie Zepeda
María Guadalupe Fernández lleva 17 años y seis meses buscando a su hijo, José Antonio Robledo Fernández, desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila. Desde entonces participa en labores de búsqueda junto con el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC).
“Vivo como todas las mamás y familiares: es un sufrimiento ininterrumpido”, dice.
En 2021, por el caso de José Antonio hubo tres sentencias, pero fueron por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Ninguna fue por desaparición.
La experiencia de María Guadalupe se repite en otros casos y permite dimensionar uno de los principales problemas que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México: la distancia entre la magnitud de la crisis y la respuesta del sistema de justicia.
De acuerdo con cifras proporcionadas vía transparencia por los 32 poderes judiciales estatales, desde 2018, se han emitido 552 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. En contraste, en México hay más de 133 mil personas que siguen sin ser localizadas.
La proporción evidencia la dimensión de la impunidad: hay aproximadamente una sentencia condenatoria por cada mil personas desaparecidas.
Para Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, se trata de una impunidad “prácticamente absoluta”. El académico recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que la desaparición puede convertirse en “el crimen casi perfecto”.
Dayán advierte que incluso cuando existen condenas, éstas no necesariamente permiten desmantelar las estructuras que hacen posible las desapariciones.
“En la inmensa mayoría de esos casos están detenidos o sentenciados personas que son los autores materiales de la desaparición, pero difícilmente a los autores intelectuales o quienes dan las órdenes, no se detiene al operador”.
La falta de investigaciones capaces de identificar estas estructuras también es señalada por Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, quien advierte deficiencias que dificultan que los casos lleguen a juicio, aun cuando existen denuncias.
La situación, agrega, se agrava por la acumulación y el rezago de los casos, lo que termina limitando el acceso a la justicia para las familias.
Cuando las sentencias no son por desaparición
Para las familias, la impunidad también se manifiesta cuando los casos llegan a los tribunales, pero las condenas se dictan por otros delitos.
Leticia Lozano busca a su nieto, Mario Ángel Sánchez de la Garza, desaparecido el 8 de octubre de 2019 en Nuevo León. En su caso, tres de los cuatro responsables fueron condenados por delitos como secuestro agravado, pero no por desaparición.
María Guadalupe Fernández vivió una situación similar. Las tres sentencias relacionadas con la desaparición de su hijo, dictadas en 2021, correspondieron a otros delitos.
En Jalisco, Rafael Ramírez ya consiguió una sentencia contra uno de los responsables de la desaparición de su hijo, ocurrida en abril de 2020. Sin embargo, aún falta otro responsable.
“Nos están dando largas los jueces (…) ya es mucho tiempo para que no lo hayan sentenciado”, dijo.
Para Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, la falta de resultados también está relacionada con la respuesta institucional frente a la expansión de las organizaciones criminales.
“Esa coordinación interinstitucional es muy pobre y no se da. Mientras no existan estrategias claras para combatir la expansión de organizaciones criminales, vamos a seguir viendo temas de reclutamiento, de desapariciones ante un Estado débil”.
Investigar una desaparición, un proceso complejo
En Jalisco, autoridades judiciales y ministeriales reconocen las dificultades que enfrentan las investigaciones de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial de Jalisco, señala que se trata de investigaciones complejas que requieren tecnología y la información que puedan aportar familiares o personas cercanas a las víctimas.
“Es un delito complejo porque en muchas ocasiones y nos consta, son investigaciones complejas, principalmente científicas donde, partiendo de la información que se aporta por algún familiar o persona cercana para saber dónde fue el paradero, se inician con investigaciones de carácter tecnológico, científico, con seguimiento de cámaras, búsqueda de evidencias”.
El presidente del Poder Judicial de Jalisco señala que durante 2025 hubo más de 30 sentencias por delitos de desaparición y sostiene que se ha dado seguimiento a las investigaciones. Sin embargo, considera necesario mantener la coordinación entre las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
También plantea que los órganos jurisdiccionales deben valorar las pruebas de manera que permitan determinar cuándo procede una sentencia condenatoria.
“El Poder Judicial no debe ser extremadamente rigorista en la valoración de las pruebas, sino que debes de buscar, digamos, armonizar, para identificar cuándo es necesario y cuándo es procedente dictar sentencias condenatorias”.
Desde la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo reconoce también las dificultades para obtener información que permita identificar a los responsables.
“Muchas veces los testigos no quieren aportar información, no quieren colaborar, donde es difícil rastrear e identificar quién perpetra una desaparición porque generalmente van cubiertos del rostro”.
La funcionaria también señala que existen casos en los que las personas son localizadas y no fueron víctimas de un delito, por lo que esas carpetas de investigación no se judicializan.
Trujillo sostiene que Jalisco ha trabajado para mejorar sus resultados y señala que la entidad presenta niveles de judicialización y sentencias condenatorias más altos que otras entidades.
Falta de herramientas y personal
Las dificultades no se limitan a la obtención de pruebas.
Joseph Olid Aranda, abogado penalista, señala que quienes cometen desapariciones buscan eliminar cualquier rastro que permita encontrar a las víctimas o identificar a los responsables.
“Sus autores buscan no dejar rastro, no dejar evidencia, buscan que no se sepa el paradero de una persona sobre la cual han realizado esa conducta delictiva (…) se eleva la dificultad en la investigación y en el proceso de búsqueda”.
A esto se suma, explica, la falta de personal suficiente en las instituciones encargadas de investigar.
“Cuando tienes una saturación de los casos, particularmente en el caso de las fiscalías, ello genera que un grupo de personas se tengan que dividir entre un grupo de carpetas que implica no se le dé la suficiente atención o suficiente tiempo a la totalidad de los asuntos”.
Aranda considera que quienes cometen estos delitos conocen las carencias de las instituciones de justicia, lo que incrementa las dificultades para las investigaciones.
También señala la existencia de un factor de corrupción dentro del Poder Judicial, aunque precisa que las policías y las fiscalías tampoco están exentas de posibles actos de corrupción.
El abogado identifica además deficiencias en la regulación y en la forma en que las instituciones aprovechan la información disponible.
“No se han sabido aprovechar, marcar la dinámica o metodología para aprovechar la información que se tiene al alcance”.
Investigar estructuras, no sólo casos
Para Jacobo Dayán, uno de los problemas centrales está en que las investigaciones suelen concentrarse en casos individuales y en quienes ejecutan materialmente las desapariciones, en lugar de buscar las estructuras que las hacen posibles.
El académico señala que existen patrones regionales, como los casos de reclutamiento forzado en Jalisco, así como antecedentes de participación de policías estatales en entidades como Veracruz, Coahuila, Baja California y Chiapas.
“Es decir, no son casos aislados, pero las fiscalías así lo ven: en lugar de analizar grandes fenómenos de desaparición y encontrar quién es el responsable, los responsables del reclutamiento forzado de jóvenes en Jalisco, lo que se hace es analizar caso por caso y llegar a los autores materiales en lugar de desmantelar, conocer el fenómeno y entender quiénes son los que dan las órdenes y cuáles son las redes de protección política”.
Dayán también señala que las fallas de las instituciones de seguridad contribuyen a mantener la impunidad y advierte sobre la falta de investigaciones y la posible cooptación institucional.
A esta crisis se suma la falta de identificación forense. El académico recuerda que registros periodísticos han señalado la existencia de más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, situación que agrava la crisis de desapariciones.
Susana Camacho coincide en que las investigaciones deben ir más allá de quienes ejecutan materialmente las desapariciones.
“Da la impresión de que las investigaciones están enfocadas en responsabilizar a la persona que materialmente cometió la desaparición cuando, en realidad, para que una persona desaparezca o se encuentran estos patrones, evidentemente no las puede cometer una persona de manera aislada, se requieren estructuras complejas”.
La especialista advierte que el rezago provoca que los casos se acumulen y dificulta todavía más el acceso de las familias a la justicia.
Las entidades con más personas desaparecidas
La crisis de desapariciones no se distribuye de manera uniforme en el país.
De acuerdo con los datos utilizados para este reportaje, Jalisco ocupa el primer lugar con 16 mil 192 personas que siguen sin ser localizadas, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Esta cifra difiere de la registrada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza 12 mil 970 casos para la entidad.
El Estado de México ocupa el segundo lugar, con 14 mil 339 personas desaparecidas; Tamaulipas se encuentra en tercero, con 13 mil 836; Nuevo León, en cuarto, con 7 mil 540, y Veracruz, en quinto, con 7 mil 235.
En estas cinco entidades se concentra 44 por ciento de las personas desaparecidas consideradas en este recuento.
Estados con más personas desaparecidas
| Estado | Personas desaparecidas |
|---|---|
| Jalisco | 16,192 |
| Estado de México | 14,339 |
| Tamaulipas | 13,836 |
| Nuevo León | 7,540 |
| Veracruz | 7,235 |
Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Registro Estatal de Jalisco.
Guadalajara y Zapopan, entre los municipios con más desapariciones
Un análisis de Red Lupa identifica a los municipios con mayor número acumulado de personas desaparecidas en México.
Según su actualización de agosto de 2026, Tijuana, Baja California, ocupa el primer lugar, con 3 mil 300 casos. Le siguen Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas.
Guadalajara ocupa el quinto lugar, con 2 mil 344 personas desaparecidas en el Registro Nacional. Sin embargo, al incorporar los datos del Registro Estatal de Jalisco, la cifra asciende a 2 mil 649.
Zapopan aparece en el octavo lugar con mil 985 casos en el Registro Nacional, mientras que el Registro Estatal de Jalisco contabiliza 2 mil 865.
La diferencia entre ambas bases modifica la dimensión de la desaparición en los municipios jaliscienses incluidos en este listado.
Municipios con más personas desaparecidas
| Lugar | Municipio | Estado | Registro Nacional | Registro Estatal Jalisco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | Baja California | 3,300 | — |
| 2 | Reynosa | Tamaulipas | 2,903 | — |
| 3 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 2,764 | — |
| 4 | Matamoros | Tamaulipas | 2,505 | — |
| 5 | Guadalajara | Jalisco | 2,344 | 2,649 |
| 6 | Culiacán | Sinaloa | 2,242 | — |
| 7 | Monterrey | Nuevo León | 2,164 | — |
| 8 | Zapopan | Jalisco | 1,985 | 2,865 |
| 9 | Atlautla | Estado de México | 1,839 | — |
| 10 | Mazatlán | Sinaloa | 1,742 | — |
Fuente: Red Lupa, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Los datos de Guadalajara y Zapopan incluyen, entre paréntesis, los registros del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco.
Las familias siguen esperando justicia
Mientras las cifras muestran el tamaño de la crisis, las familias continúan enfrentando procesos judiciales que, en algunos casos, se prolongan durante años.
María Guadalupe Fernández lleva más de 17 años buscando a José Antonio.
“Ninguno de esos presidentes de la República han hecho nada. Todos simulan que hacen y al final, hemos hecho las familias, somos las que hemos hecho leyes hemos reformado artículos, tratado de hacer que sea más fácil el acceso a la justicia”.
Rafael Ramírez continúa esperando la sentencia contra otro de los responsables de la desaparición de su hijo.
“Nos están dando largas los jueces, con el primero que detuvieron en 2020 y ya es mucho tiempo para que no lo hayan sentenciado. Todavía tenemos el caso abierto”.
Para Leticia Lozano, el paso del tiempo también se convierte en una forma de impunidad.
“No hay muchos avances, las leyes cada día cambian, cada día hay más impunidad. Como son casos que ya tienen años, no le dan importancia. Si tienes a cuatro personas detenidas, no puedas tú sacar dónde quedó él”.
