La abstención de toda la bancada de Movimiento Ciudadano y de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera, dejó fuera la posibilidad de reconocer en la Constitución de Jalisco el derecho a una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años.
La reforma al artículo 4 constitucional obtuvo 24 votos a favor y 12 abstenciones. Para aprobarla eran necesarios 26 votos, por lo que quedó a dos sufragios de dar el siguiente paso para reconocer esta prestación como un derecho constitucional.
Por Miguel Ángel Vidal / @Vidal_Pmiguel
Fue el pasado jueves 3 de septiembre cuando el pleno del Congreso de Jalisco discutió diversas iniciativas, entre ellas la relacionada con los apoyos para personas con discapacidad. La propuesta buscaba establecer en la Constitución local que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años tendrían derecho a una pensión no contributiva, garantizada por el Estado en los términos que establezca la ley.
El dictamen plantea que la falta de un convenio entre Jalisco y la Federación mantiene una brecha en el acceso a este apoyo. Mientras el Gobierno federal entrega una pensión bimestral de 3 mil 200 pesos a personas con discapacidad permanente; en Jalisco, el programa federal sólo contempla actualmente a quienes tienen entre 0 y 29 años, dejando fuera a las personas de 30 años en adelante.
Durante la discusión, Movimiento Ciudadano sostuvo que su abstención no responde a una negativa a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, sino a la responsabilidad presupuestal que implicaría la reforma.
La bancada argumentó que la pensión es una obligación de la Federación y cuestionó que la propuesta traslade al estado parte del costo mediante el convenio de universalidad.
Según la bancada emecista, la aportación estatal necesaria para implementar la pensión sería aproximadamente 24 veces superior al presupuesto actual destinado al programa estatal de apoyo a personas cuidadoras.
MC planteó que los esfuerzos deberían dirigirse a exigir a la Federación que elimine el límite de edad de la pensión sin obligar a Jalisco a aportar recursos.
Desde las butacas del Congreso, Patricia Rodríguez, persona con discapacidad que acudió a la sesión, siguió la votación. Para ella, la abstención de Movimiento Ciudadano representó un nuevo obstáculo en una lucha que, aseguró, lleva años.
“Fue un trago muy amargo”, expresó al lamentar que el partido que gobierna Jalisco no respaldara la reforma. También reprochó que ningún diputado de esa bancada les diera la cara para explicar su postura y los evitaran terminando la sesión de pleno.
Rodríguez sostuvo que las personas con discapacidad deberían recibir este apoyo y cuestionó que las autoridades hayan recurrido a argumentos presupuestales para no garantizar este derecho.
Para ella, la discusión también debe considerar las barreras que enfrenta este sector para acceder a un empleo. Señaló que las condiciones de accesibilidad siguen siendo un factor que limita sus oportunidades laborales.
La inclusión, dijo, no debería reducirse a una palabra utilizada en discursos, sino implicar condiciones que permitan a las personas con discapacidad participar en igualdad.
Jalisco forma parte de los estados que no han firmado el convenio mediante el cual la Federación y las entidades aportarían 50 por ciento cada una para ampliar la cobertura hasta los 64 años.
De acuerdo con el diagnóstico incluido en el dictamen, en 2020, había 386 mil 577 personas con alguna discapacidad en Jalisco. En contraste, las reglas de operación del programa estatal Jalisco Te Cuida contemplaban una población objetivo de 3 mil 716 beneficiarios, cifra que además incluye a personas con enfermedades renales e infancias con cáncer.
Tras el rechazo de la reforma, el Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, señaló que una pensión universal requiere primero determinar con precisión cuánto costaría y quiénes serían las personas beneficiarias.
Sostuvo que no se trata de otorgar un “cheque en blanco” y que el estado debe analizar sus distintas necesidades presupuestales antes de asumir un programa de estas características. El planteamiento ocurre pese a que el dictamen estimaba una aportación estatal de alrededor de 750 millones de pesos anuales y consideraba viable financieramente la implementación del esquema.
Votación
Diputados que se abstuvieron:
- Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC)
- Alejandra Margarita Giadans Valenzuela (MC)
- Ana Fernanda Hernández Sanmiguel (MC)
- José Luis Tostado Bastidas (MC)
- Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez (MC)
- Luis Octavio Vidrio Martínez (MC)
- María Elisa Bravo Navarro (MC)
- Mónica Paola Magaña Mendoza (MC)
- Montserrat Pérez Cisneros (MC)
- Omar Enrique Cervantes Rivera (MC)
- Verónica Magdalena Jiménez Vázquez (MC)
- Brenda Guadalupe Carrera García (PVEM)
Votos a favor:
- César Octavio Madrigal Díaz (PAN)
- Isaías Cortés Berumen (PAN)
- Julio Cesar Hurtado Luna (PAN)
- Marco Tulio Moya Díaz (PAN)
- Alondra Getsemany Fausto de Leon (PRI)
- José Aurelio Fonseca Olivares (PRI)
- María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI)
- Alberto Alfaro García (PVEM)
- Yussara Elizabeth Canales González (PVEM)
- Alejandro Barragán Sánchez (Morena)
- Itzul Barrera Rodríguez (Morena)
- María Candelaria Ochoa Ávalos (Morena)
- Marta Estela Arizmendi Fombona (Morena)
- Martín Franco Cuevas (Morena)
- Miguel De La Rosa Figueroa (Morena)
- Norma López Ramírez (Morena)
- Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias (Morena)
- Edgar Enrique Velázquez González (Hagamos)
- Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (Hagamos)
- Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez (Hagamos)
- Mariana Casillas Guerrero (Futuro)
- Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez (Futuro)
- Leonardo Almaguer Castañeda (PT)
- Sergio Miguel Martín Castellanos (PT)
No estuvieron presentes: Claudia Murguía Torres (PAN) y José Guadalupe Buenrostro Martínez del (PVEM).
