Siete de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado dijeron haber pasado por un proceso de adiestramiento dentro del cártel, mientras que cinco de cada 10 señalaron que su reclutador fue uno de sus amigos, según datos de Reinserta de 2022. Ante este contexto, la organización celebró la aprobación de una ley específica en Jalisco para prevenir y atender el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, aunque advirtió que su aplicación requerirá recursos y mecanismos adecuados.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos requiere respuestas específicas del Estado. Por ello, Reinserta consideró que la aprobación de una legislación para prevenir y atender este fenómeno en Jalisco representa un avance, aunque advirtió que el siguiente reto será garantizar las condiciones para su implementación.
De acuerdo con datos de Reinserta, en 2022, siete de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado afirmaron haber pasado por un proceso de adiestramiento dentro del cártel. Además, cinco de cada 10 señalaron que su reclutador fue uno de sus amigos.
Para Reinserta, estos datos muestran la necesidad de contar con herramientas que permitan prevenir, identificar y actuar oportunamente ante posibles situaciones de reclutamiento.
La organización señaló que la aprobación de la ley constituye un primer paso, pero que su alcance dependerá de los recursos disponibles para ponerla en práctica. En particular, consideró necesario que la discusión presupuestal contemple recursos para implementar las acciones previstas, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables y establecer mecanismos de coordinación entre autoridades.
Tipificar el reclutamiento como delito
Además de la implementación de la nueva legislación, Reinserta señaló como una tarea pendiente la tipificación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como delito autónomo.
La organización, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, ha impulsado esta discusión al considerar que contar con un tipo penal específico permitiría reconocer jurídicamente esta conducta y fortalecer las herramientas para investigarla y sancionarla.
Por ello, llamó a continuar con el proceso de tipificación y a consolidar un marco jurídico que responda a las particularidades del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
La prevención como otra tarea pendiente
Reinserta también consideró necesario fortalecer las acciones de prevención, entre ellas las estrategias de información y promoción de la denuncia que actualmente se impulsan en Jalisco.
Estos esfuerzos, señaló, deben permitir que niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades puedan identificar señales de riesgo, reconocer posibles mecanismos de captación y saber cómo actuar ante ellos.
Como parte de sus acciones de prevención, la organización anunció que próximamente presentará una herramienta digital con información y orientación para identificar situaciones de riesgo y conocer cómo actuar frente a ellas.
Para Reinserta, enfrentar el reclutamiento requiere avanzar de manera conjunta en la implementación de la ley, el fortalecimiento del marco jurídico, la prevención y la suma de capacidades desde distintos sectores.
La organización reconoció la aprobación de la legislación en Jalisco y reiteró su disposición para colaborar en los esfuerzos de prevención y atención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué propone la nueva ley?
En Jalisco, el Congreso aprobó el 3 de septiembre de 2026 la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se busca establecer una atención especializada para las víctimas, diferenciar el reclutamiento de la trata de personas y definir atribuciones para autoridades estatales y municipales, así como mecanismos de coordinación y un sistema de datos sobre el fenómeno.
Además, la nueva legislación establece una diferenciación entre las víctimas de trata de personas y las víctimas de reclutamiento, con el objetivo de que “estas últimas reciban una atención acorde con las características y necesidades particulares de esta problemática, y se garantice el pleno ejercicio de sus derechos”.
También establece atribuciones y competencias para las autoridades estatales y municipales, así como mecanismos de cooperación y coordinación para la prevención, atención y erradicación del reclutamiento, contempla políticas, planes y acciones públicas, además de un sistema de datos que permita conocer, identificar, planear y prevenir esta problemática, así como brindar asistencia y protección integral a las víctimas.
La legislación representa un nuevo marco específico para atender el reclutamiento, mientras que la discusión para tipificarlo como delito en el Código Penal estatal continúa pendiente: una iniciativa que planteaba incorporar un capítulo específico de “Reclutamiento” fue regresada a comisiones el 26 de agosto.
