El pasado 3 de septiembre el influencer Oscar Adrián “N”, identificado en redes sociales como “Oscorp” fue detenido por el supuesto delito de trata de personas, en la hipótesis de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil. Lo anterior evidencia la explotación de niñas, niños y adolescentes en la dimensión digital y la necesidad de fortalecer la denuncia, la investigación de las redes que producen y consumen este material y la coordinación entre autoridades, plataformas digitales y la sociedad civil.
Por: Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo
El 3 de septiembre de 2026 elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y La Familia de la Fiscalía del Estado de Jalisco respondieron a la orden de aprehensión contra Oscar Adrián “N” durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia 5 de mayo en Guadalajara.
Según información de la Fiscalía, la investigación comenzó luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés) detectara cuentas y direcciones IP presuntamente relacionadas con el ahora imputado, así como el almacenamiento de material sexual que involucra a personas menores de edad.
La Fiscalía informó que el hombre inicialmente era investigado por trata de personas en la hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil. Posteriormente, el 8 de septiembre fue vinculado a proceso por el delito y se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que el plazo para la investigación complementaria quedó establecido en 6 meses, por lo que el proceso penal continúa.
Para Mayra Hernández, directora de BackHome AC, el caso debe analizarse más allá de la detención de una sola persona, ya que, desde su experiencia, la explotación sexual puede ocurrir dentro de espacios que no son visibles para quienes rodean a las víctimas y cualquier persona puede ser consumidora de estos contenidos.
“Tú puedes ver a un influencer, a cualquier empresario, doctor, lo que tú quieras y no sabes que tiene en la computadora, no sabes que está viendo o no sabes qué aparte está vendiendo este tipo de material”, expresa.
Mayra explicó que una de las dificultades para enfrentar este tipo de delitos es que una parte de las conductas ocurre en espacios digitales, de difícil acceso para las autoridades y para las propias familias.
Mayra hizo hincapié en que el problema no se limita a la circulación de los archivos, sino que detrás de cada imagen o video existe una posible cadena de violencia que involucra la producción del material y su almacenamiento, distribución y consumo.
Es por ello, que es importante utilizar el término Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), una denominación que permite enfatizar que no se trata de contenido producido con consentimiento de niñas, niños y adolescentes. Hernández explicó que, aunque jurídicamente la conducta puede aparecer bajo la denominación de pornografía infantil, cada vez es más utilizado el concepto de MASI.
Desde BackHome han identificado grupos en redes sociales, donde se comparte material de abuso sexual infantil y desde los cuales se redirige a otras plataformas de mensajería:
“Nosotros como organización hemos denunciado muchos muchos grupos donde se subían fotos de material de contenido sexual infantil, como en Facebook, por ejemplo y ahí mismo mandan los links para que se unan a los grupos de Telegram o de WhatsApp”.
Y agrega.
“Es una cantidad impresionante y tú lees los comentarios y tantas personas que escriben y que están en estos grupos, tanto hombres como mujeres, que sí da miedo, da miedo porque es algo que creció todavía más de lo que ya estaba”..
Se trata de un fenómeno que rebasa los casos conocidos públicamente. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México identificó 696 víctimas del material de abuso sexual infantil entre enero de 2024 y junio de 2025. Durante el primer semestre de 2025, los reportes relacionados con este delito aumentaron 86% respecto al mismo periodo de 2024.
El mismo reporte señaló que las víctimas identificadas en estos casos son principalmente adolescentes. Entre las llamadas recibidas por la Línea Nacional contra la Trata de Personas durante el mismo periodo 69.5% fueron realizadas directamente por las propias víctimas, mientras que 18.5% correspondió a padres o madres.
La dimensión digital también es relevante. El 6.° Reporte de Trata de Personas 2025-2026 presentado por el Consejo Ciudadano, señaló que el 73% de las denuncias por explotación sexual recibidas en su línea y chat nacional contra la trata estuvieron relacionadas con la creación y difusión de MASI. El documento identifica redes sociales y juegos en línea como bienes recurrentes de manipulación, engaño y abuso.
En Jalisco, dimensionar el fenómeno es difícil, ya que los delitos relacionados con explotación sexual de niñas, niños y adolescentes pueden ser investigados y registrados bajo distintas figuras jurídicas.
Según información del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) entre 2014 y junio de 2024, la Fiscalía del Estado abrió 49 carpetas de investigación o averiguaciones previas por trata de personas relacionadas con 72 víctimas. Advirtiendo que algunas modalidades de explotación sexual pueden ser clasificadas bajo otras figuras delictivas.
Además, entre abril de 2024 y abril de 2025, el C5 Jalisco recibió mil 708 reportes al 911 relacionados con privación de la libertad, tentativa de privación de la libertad y trata de personas en distintas modalidades. Dentro de estos registros hubo 15 reportes clasificados como trata de niñas, niños y adolescentes, 11 como trata de personas y 4 como trata de menores. El propio organismo advirtió que algunos reportes podrían corresponder a un mismo hecho.
Mayra consideró necesario modificar en la prevención la idea de que las víctimas únicamente son captadas por una persona desconocida. Desde su experiencia en el acompañamiento de sobrevivientes señaló que también familiares directos pueden participar en la producción o distribución de este tipo de material.
“Nos tenemos que quitar a veces esa idea de que los papás o las mamás no lo hacen. Antes era como este tratante que te podía robar, pero ahora cada vez vemos con más frecuencia que es la mamá o el papá o familiares directos que están viendo literal una moneda de cambio a los niños”, expresa Hernández.
Este caso plantea un reto para las familias y las escuelas, ya que prevenir no significa únicamente restringir el acceso a infancias y adolescentes a internet, sino generar condiciones para que puedan pedir ayuda sin ser responsabilizados por la violencia que enfrentan.
Mayra advirtió que una respuesta frecuente ante estos casos consiste en cuestionar a las víctimas o a sus cuidadores por permitir el uso de dispositivos en lugar de concentrar la responsabilidad en quienes generan, distribuyen o consumen el material.
Para BackHome, la detención de esta persona representa la oportunidad para que la investigación permita conocer si existen otras personas involucradas en la producción, distribución o consumo de este material, ya que incluso la persona detenida puede formar parte de una estructura mucho más amplia:
“Él es solamente una parte de algo muchísimo más grande, porque son redes internacionales que tienen guardado todo este material en servidores en otras partes del mundo”, señala Mayra.
Medios locales reportaron que la Fiscalía continúa investigando si Óscar Adrián “N” participó en la distribución de material o en otros hechos que pudieran afectar a infancias y adolescencias. Mayra comentó que, si se comprueba que esta persona reclutaba otras para producir este material la investigación tendría que alcanzar también quienes participan en esa cadena y no concentrarse únicamente en quien fue detenido.
“Es importante estar vigilando a los clientes, porque muchas veces pues lo agarran a él, pero también todos los clientes que compraron todo ese material siguen ahí afuera”, expresa.
Las acciones ante este caso requieren coordinación entre instituciones públicas, plataformas digitales, organismos internacionales, organizaciones civiles y familias.
Mayra comentó que en el ámbito institucional es necesario mejorar los procesos de denuncia e investigación, especialmente porque los contenidos pueden desaparecer rápidamente de una plataforma y reaparecer en otra.
En el ámbito local la prevención debe realizarse capacitando a quienes trabajan con infancias, así como padres, madres y personas cuidadoras.
En entornos digitales no basta con eliminar grupos o perfiles cuando son denunciados, sino que es necesario conservar la información que permita a las autoridades investigar el origen y la circulación de los contenidos.
Además, en la prevención cotidiana se necesita revisar la información que se comparte públicamente sobre infancias y acompañar su actividad digital sin trasladarles la responsabilidad de prevenir una violencia que corresponde a detener a quienes la ejercen.
Para Mayra, el reto está en que la investigación y avances para identificar la dimensión completa de las redes que producen, almacenan y consumen material de abuso sexual infantil:
“Tenemos que seguir denunciando que todos los contenidos que veamos y haciendo presión para que así pasen las cosas, para que haya condenas”, concluye.
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Si necesitas ayuda o deseas hacer una denuncia puedes hacerlo en la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México: 800 5533 000.
