En Pie de Paz
Por Ma Teresa Prieto Quezada y José Claudio Carrillo Navarro / Profesores Investigadores en la línea de violencias en CUCEA. Universidad de Guadalajara.
Tras el suicidio del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, luego de ser acusado por una presunta agresión sexual hacia una alumna, expuso las debilidades institucionales para abordar estos casos en los espacios académicas y gubernamentales.
El tratamiento de la denuncia exhibió debilidades normativas y protocolarias, por lo tanto, falta de garantías de la presunción de inocencia, que deja desprotegido legalmente al profesorado.
Como expuso el mismo profesor, en un video grabado posterior a la denuncia de una de sus alumnas supuestamente agredida, estos señalamientos, a pesar de carecer de sustento o pruebas, someten a los denunciados en un proceso de criminalización social, institucional, laboral y hasta judicial.
Además de que representan un desprestigio sensible de víctimas reales que pueden ver menospreciadas sus denuncias, sobre todo mujeres, que han luchado durante décadas por la defensa y protección de su integridad ante agresiones reales y graves que, estructuralmente, han sido lastimadas de manera histórica.
Conforme la información sobre el caso del profesor Jasso, que se ha difundido, ha sido más claro el aprovechamiento de logros legítimos de miles de colectivas y colectivos de víctimas reales por otras personas para hacer acusaciones falsas sin consecuencias a personas dedicadas a la academia, sean docentes, investigadores o coordinadores de algún área educativa.
Lamentablemente, en el caso de este profesor, las secuelas fueron trágicas, lo que revela el nivel, al que pueden llegar los conflictos que no definen ni garantizan los derechos de las supuestas víctimas y los supuestos victimarios.
Organizaciones de Equidad y Justicia, junto con docentes, colectivos han solicitado una propuesta denominada Ley Alberto. La iniciativa social busca impulsar reformas legales y administrativas destinadas a fortalecer la presunción de inocencia, garantizar el debido proceso y proteger a las víctimas reales de algún delito.
Por ello, una sólida estructura reglamentaria puede servir para evitar denuncias falsas, difamaciones y también proteger a las víctimas, en este caso las y los docentes, quienes padecen por quejas infundadas con más frecuencia y quedan indefensos, ya que las denuncias son consideradas una declaración anticipada de responsabilidad. En consecuencia, el hostigamiento laboral o exposición pública son inevitables.
Las leyes, normativas fuera y dentro de las instituciones académicas deben fortalecer los protocolos de atención a denuncias y establecer:
- El respeto absoluto a la presunción de inocencia. Mientras se investigan los hechos de forma objetiva, discreta y sin juicios sumarios previos.
- La protección integral de las víctimas y de las personas denunciadas durante el proceso.
- Transparencia en los procedimientos y decisiones.
- Investigaciones imparciales, objetivas y oportunas.
- Procedimientos que eviten la revictimización, la difamación y las condenas anticipadas en el ámbito público e institucional.
Dentro de la comunidad educativa pueden presentarse señalamientos sin sustento, para esto se sugiere una la postura ética legal de la institución, que será revisar todos los casos sin excepción, garantizando los derechos tanto de quien denuncia como de quien es señalado.
Es importante recomendar a las autoridades escolares conducirse con investigaciones objetivas y preservar la presunción de inocencia del personal educativo, actuar con base en pruebas claras y turnar a la autoridad penal los casos en que se identifique falsedad dolosa o de mala fe.
De la misma manera es importante generar programas de apoyo permanente vinculados con el desarrollo de una cultura jurídica dentro de los espacios universitarios, para docentes y estudiantes que promueva, fortalezca y desarrolle habilidades argumentativas para la defensa de situaciones que vulneren su integridad.
Esta propuesta no busca inhibir el derecho a denunciar ni minimizar los riesgos reales que pueden presentarse y prevalecer en distintos contextos específicamente escolares, al contrario, busca fortalecer el sistema con herramientas de verificación objetiva y proteger, con el mismo compromiso, tanto a las y los jóvenes como a quienes les enseñan, es garantizar que la medida no constituya una sanción anticipada ni destruya el prestigio del docente si se demuestra su inocencia
Algunos estados que, en los últimos días, han iniciado reformas aprobadas y marcos normativos regulatorios vigentes sobre este tema y que promueven tipificar como delito agravado las agresiones físicas, psicológicas o digitales cometidas por alumnos o externos en contra de docentes, investigadores y directivos dentro del ejercicio de sus funciones son: Aguascalientes, Hidalgo, Chihuahua, Tabasco, Ciudad de México, Morelos.
Algunas de estas iniciativas parten de que una acusación infundada puede destruir una trayectoria profesional, afectar a una familia y condenar socialmente a un académico inocente. Y en contraparte, se podría caer, nuevamente, en una desconfianza absoluta a las denuncias de víctimas que, de manera paralela, también deben ser protegidas hasta que se esclarezcan los hechos y deslinden responsabilidades. Con ello se está protegiendo la calidad de la educación y el prestigio de las instituciones educativas.
Nadie tiene derecho a vulnerar la integridad, el prestigio y la trayectoria de quienes dedican su vida a la formación de las nuevas generaciones, e igualmente, las víctimas reales no deben ser afectadas por denuncias falsas que reduzcan su protección.
El debate sobre la equidad de género y la protección de la integridad de las personas se intensifica en medio de una sociedad que exige justicia, pero también respeto a la dignidad humana
La escuela necesita maestras y maestros que enseñen sin miedo a ser señalados injustamente, es importante cuidar a quienes asisten, forman y educan al futuro de nuestro país.
