A partir del 3 de noviembre, niñas, niños y adolescentes de educación básica no podrán utilizar sus celulares y dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, salvo en determinadas excepciones. Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) justifica la medida por sus posibles efectos en la atención y la convivencia, las infancias y adolescencias tienen distintas opiniones sobre esta restricción y sus implicaciones.
Por: Alondra Ángel Rodríguez / @AlondraAngelRo
El 22 de septiembre de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo número 09/09/26, cuyo objetivo es garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción y el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional (SEN).
El acuerdo establece que en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar. Las excepciones contemplan su utilización con fines educativos previamente programados y bajo orientación docente, así como situaciones de emergencia y necesidades relacionadas con discapacidad, inclusión, salud o condiciones extraordinarias de las comunidades educativas.
La medida entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026. Para su implementación, las autoridades educativas deberán iniciar un proceso de asambleas con madres, padres, tutores y demás integrantes de las comunidades escolares, a fin de informar, difundir y construir acuerdos sobre estas disposiciones.
La regulación parte de la preocupación por los posibles efectos de los dispositivos electrónicos en la atención, la concentración, la interacción y el aprovechamiento académico. Sin embargo, el propio acuerdo reconoce que los teléfonos celulares y otros dispositivos también pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje cuando se emplean con fines pedagógicos.
La decisión se tomó después de una consulta realizada por la SEP durante los Consejos Técnicos Escolares de agosto de 2026, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas. De acuerdo con sus resultados, el 38.2% de las personas docentes consultadas reportó que sus estudiantes llevaban un celular a la escuela, mientras que el 88.8% estuvo de acuerdo con limitar su uso durante la jornada escolar.
Sin embargo, hablar de dispositivos electrónicos en las escuelas también implica reconocer las desigualdades en el acceso y los usos de la tecnología. No todas las niñas, niños y adolescentes tienen un teléfono propio ni todos los dispositivos cumplen las mismas funciones. Para algunas infancias y adolescencias, el celular es un objeto personal; para otras, puede ser un equipo compartido con integrantes de su familia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, el 81.7% de las personas de seis años o más utilizó un teléfono celular. En cuanto al acceso a internet, el 79.7% de las niñas y niños de entre seis y 11 años fueron usuarios durante ese año, mientras que entre adolescentes de 12 a 17 años la proporción alcanzó el 95.1%.
Ante este panorama, resulta necesario conocer qué piensan las propias infancias y adolescencias sobre el uso de dispositivos electrónicos en sus escuelas, por qué los llevan y cómo reciben una medida que restringirá su utilización durante toda la jornada escolar.
Alexander, de 12 años, lleva su celular a la escuela, aunque asegura que no lo utiliza durante las clases. Para él, el dispositivo es principalmente un medio de comunicación con su familia, especialmente cuando termina la jornada escolar.
“Yo sí llevo mi celular, pero en las clases no lo uso. Lo llevo porque cuando salgo de la escuela mi mamá me habla para saber si ya voy para la casa. A veces lo saco en el recreo, pero no siempre y en clase no lo uso porque la maestra nos dice que lo guardemos”, expresó.
Sobre la restricción, Alexander considera que limitar el uso de los teléfonos durante las clases puede ayudar a evitar distracciones, aunque también plantea la necesidad de mantener la posibilidad de comunicarse con sus familiares.
“Yo pienso que está bien que no los usemos en clase porque nos distraen, pero también debería estar permitido por si necesitamos hablar con nuestros papás”, agregó.
Una preocupación similar, aunque desde otra experiencia, comparte Samantha, de 12 años, quien utiliza su celular tanto para algunas actividades escolares como para comunicarse con su madre, que trabaja y no puede recogerla a la salida de la escuela.
“Sí llevo mi celular a la escuela, pero no siempre lo uso. A veces que nos piden buscar alguna información o cuando hacemos alguna actividad. También lo llevo porque cuando salgo mi mamá y yo hablamos y le cuento dónde estoy, porque como ella trabaja no puede ir a recogerme y ya le aviso cuando llego a mi casa”, explicó.
Para Samantha, la posibilidad de utilizar el teléfono con fines escolares es importante. No obstante, también reconoce que su uso puede convertirse en una distracción cuando algunos compañeros juegan o ven videos durante las clases.
“Está feo que no podamos usarlo para otras cosas como buscar cosas, pero yo sí creo que está bien que lo prohíban para que no lo usemos todo el tiempo porque hay compañeros que se ponen a jugar o a ver videos a la hora de la clase y no ponen atención”, expresó Erik, de 11 años.
Las opiniones sobre la restricción también están relacionadas con las distintas condiciones de acceso a la tecnología. Valentina, de nueve años, no tiene un teléfono propio, pues sus padres consideran que todavía es pequeña para tener uno. Sin embargo, conoce el uso que sus compañeros hacen de estos dispositivos en la escuela y considera que limitarlo podría contribuir a mejorar la atención en clase.
“Yo no tengo celular porque mis papás dicen que todavía estoy chiquita para tener uno y ellos me prestan el suyo o juego con mi tablet, pero en la escuela sí he visto compañeros que llevan sus teléfonos, se ponen a jugar en el recreo o en clase también, así que yo pienso que si los prohíben estaría bien, porque así ya pondrían más atención”, comentó.
Por su parte, Fátima, de 11 años, tampoco lleva su celular a la escuela, aunque sí lo utiliza al regresar a casa para avisarle a su madre que llegó bien. En su caso, la decisión de no llevarlo responde a una regla familiar que relaciona la escuela con las actividades de aprendizaje.
“Sí tengo celular, pero no me lo llevo a la escuela porque mi mamá no me deja, dice que a la escuela uno va a estudiar y llevar el celular distrae. Ella se va a trabajar y yo me regreso sola de la escuela, pero cuando llego le marco para que sepa que estoy bien”, compartió.
Las experiencias de Alexander, Samantha, Erik, Valentina y Fátima muestran que los dispositivos electrónicos tienen distintos usos y significados en la vida escolar de las infancias y adolescencias. Mientras algunos los consideran herramientas para comunicarse con sus familias o realizar actividades escolares, otros reconocen que pueden convertirse en una fuente de distracción.
La regulación nacional también parte de otros problemas identificados por las autoridades educativas: la presencia de dispositivos digitales puede afectar la convivencia y favorecer situaciones como la difusión de imágenes sin consentimiento, los conflictos originados en redes sociales y el ciberacoso.
No obstante, el mismo acuerdo reconoce que las tecnologías digitales pueden ser herramientas de aprendizaje y que la formación de niñas, niños y adolescentes debe incluir capacidades para comprender sus beneficios, riesgos e implicaciones, así como desarrollar criterios para tomar decisiones informadas sobre su utilización.
Por ello, la discusión no termina en establecer cuándo se puede o no utilizar un celular. También implica preguntarse cómo se construyen las reglas que afectan la vida escolar y qué lugar ocupan las voces de quienes deberán cumplirlas.
Si bien el acuerdo establece que las autoridades educativas deberán realizar procesos de información, diálogo y construcción de acuerdos con las comunidades escolares, las disposiciones específicas para la educación básica no contemplaron la participación de niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de la medida.
Escuchar a las infancias no significa que sus opiniones deban determinar por sí solas una política educativa, sino reconocerlas como personas titulares de derechos y como participantes en las decisiones que afectan sus vidas escolares.
