El caso de Yazmín Romo Piñera deriva de un conflicto civil por un inmueble en Bahía de Banderas, Nayarit que previamente fue litigado en Jalisco; familiares y organizaciones denuncian posibles irregularidades y violencia institucional contra la mujer
Por María Mendoza / @paablohoney
El 2 de octubre, Yazmín Romo Piñera cumplió ocho meses privada de la libertad en Tepic, Nayarit, en lo que espera una audiencia que no ha hecho más que prolongarse. En 2017, Yazmín se separó de su entonces esposo y los dos firmaron un Convenio Base para Liquidación de Sociedad Conyugal ante un notario público; en este acuerdo, se dictaminó que el departamento E-205 del Edificio Encanto en Bahía de Banderas, Nayarit, le pertenecía exclusivamente a ella.
Con los meses, argumentando que al momento de firmar el convenio atravesaba una situación emocional que habría afectado su voluntad, su ex pareja intentó en múltiples ocasiones anularlo, llevando el caso a tribunales civiles en Jalisco, los cuales siempre le habían dado la razón a Yazmín: ella era la única propietaria del inmueble, por lo que podía hacer con él lo que quisiese, y fue precisamente esto lo que, según su familia, terminó enfadando más a su exmarido.
En abril de 2019, Yazmín firmó un contrato de promesa de compraventa por su departamento; este documento fue el que su ex pareja usaría en febrero de 2025, seis años después, para presentar una querella en Nayarit por presunto fraude, sosteniendo que la propiedad también era suya.
Este miércoles 30 de septiembre se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que participaron Ignacio Martínez, esposo de Yazmín; integrantes de su familia; su abogado; Issac Cárdenas, representantes del colectivo Tejiendo Redes de Tepic, así como integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Jalisco.
La familia de Yazmín, junto con su equipo legal y organizaciones civiles pidieron públicamente revisar el proceso penal que enfrenta y cuestionaron que un conflicto originado en una disputa patrimonial y familiar haya terminado con ella en prisión preventiva.
Desde 2018, el conflicto fue llevado a diferentes instancias civiles y familiares en Jalisco. La defensa sostiene que las resoluciones judiciales emitidas en esos procedimientos favorecieron a Yazmín y reconocieron la vigencia del convenio, reconociendo que ella mantiene la propiedad del inmueble.
Para Ignacio Martínez, esposo de Yazmín, uno de los principales cuestionamientos del caso es que un conflicto que durante años se discutió en la vía civil haya terminado en un proceso penal. Martínez explicó que, tras la separación con su ex pareja, Yazmín habría quedado en una situación económica distinta a la que tenía durante su matrimonio. Según su relato, ambos eran socios en diferentes empresas, pero la parte productiva de esos negocios habría permanecido principalmente en manos de su ex esposo.
En ese contexto, la familia sostiene que Yazmín buscó disponer de los bienes que, de acuerdo con el convenio firmado en 2017, le corresponden. “Yo creo que su lógica era que, al dejarla sin nada, ella volvería a estar con él”, comentó Ignacio en entrevista para ZonaDocs, evidenciando que este también representa un caso de violencia económica y patrimonial contra las mujeres.
Yazmín fue detenida en febrero de este año. Una publicación de Nayarit Noticias informó entonces que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Nayarit, en colaboración con la Fiscalía de Jalisco, ejecutaron una orden de aprehensión por “su presunta participación en hechos considerados por la ley como fraude específico”. La misma publicación señaló que fue puesta a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso.
Sin embargo, la familia argumenta que la detención se ejecutó de forma completamente ilegal, ya que al momento de arrestarla ningún oficial, los cuales eran todos hombres, se identificó, y que la supuesta orden de aprehensión es completamente inexistente. La defensa incluso especificó que ni siquiera a Yazmín le pidieron identificarse, subiéndola sin más a la patrulla que la llevaría a la fiscalía.
Durante la conferencia, la defensa y la familia cuestionaron los argumentos utilizados para mantener a Yazmín privada de la libertad. De acuerdo con su versión, uno de los argumentos expuestos para justificar la medida fue que Yazmín no podía ser localizada. La familia rechaza esta afirmación y asegura que existía un domicilio conocido y que incluso un notario habría acudido a su vivienda.
La defensa también cuestiona que, a su consideración, existían otras medidas cautelares que podían permitir que Yazmín enfrentara el proceso en libertad.
El debate sobre la prisión preventiva constituye actualmente uno de los puntos centrales del caso.
Como parte de las acciones anunciadas, este miércoles familiares y organizaciones acudieron a las 19:00 hrs a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), donde presentaron un pliego petitorio relacionado al caso.
Entre las peticiones destaca la solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit para que este caso sea atendido de manera prioritaria, ofreciéndole el debido apoyo a Yazmín; también se le solicitó a la Fiscalía de Nayarit que se efectúe una investigación sobre el proceso de detención, “las circunstancias en que se ejecutó la orden de aprehensión, (…) y la información que se le dio sobre sus derechos]”.
Además, el documento defiende que Yazmín es “una mujer jalisciense, privada de la libertad lejos de su domicilio y de su entorno”, lo cual propone que el juzgarla en otra entidad también es una forma de violencia ejercida en su contra, ya que no ha habido explicación clara sobre por qué terminó privada de la libertad en Nayarit.
Mientras permanece en el Centro de Reinserción Social Femenil La Esperanza, en Tepic, la familia describe a Yazmín como una mujer que mantiene una participación activa dentro del centro y que se ha ganado el aprecio de sus compañeras; actualmente les imparte clases de italiano, geografía e historia, una de las cosas que le ha ganado el cariño de la comunidad.
La familia y las organizaciones que la acompañan han anunciado que mantendrán el seguimiento público del caso, en lo que se espera fecha para su próxima audiencia.
