El gobernador de Jalisco admitió que el operativo frente a Casa Jalisco tuvo graves deficiencias y anunció una investigación interna acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para sancionar a elementos policiales que actuaron de manera desproporcionada.
Las sanciones, la reparación del daño y las garantías de no repetición siguen pendientes, pero anunció que ya fueron liberadas las personas que aún estaban detenidas; sin embargo, olvidó informar que muchas de ellas aún seguirán con carpetas y procesos de investigación abiertos.
Por: ZonaDocs / @ZonaDocs
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que el operativo policial desplegado el domingo 11 de octubre durante la manifestación por agua limpia, frente a Casa Jalisco, registró uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. En un mensaje difundido en video, anunció una investigación interna para determinar las responsabilidades de los elementos policiales involucrados y afirmó que esta contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), instancia que durante y después de la protesta no señaló de manera clara las violaciones a los derechos humanos que se cometieron.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, declaró el mandatario.
El reconocimiento ocurre después de que la movilización ciudadana, convocada para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), terminara con el uso de chorros de agua a presión y gas lacrimógeno por parte de elementos antimotines, además de enfrentamientos y detenciones arbitrarias en las inmediaciones de la residencia oficial del gobernador.
De acuerdo con los reportes publicados tras la manifestación, el Gobierno de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas y que 28 policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Sin embargo, familiares y manifestantes denunciaron detenciones arbitrarias, tortura, violaciones al debido proceso y dificultades para conocer la situación jurídica de todas las personas que fueron arrestadas.
Investigar los abusos y determinar responsabilidades
En su mensaje, Lemus afirmó que revisó decenas de videos de lo ocurrido y reconoció que el operativo presentó “graves deficiencias” y que, en su momento más crítico, se salió de control.
El gobernador sostuvo que algunos elementos policiales cometieron excesos y aseguró que ya están identificados. Por ello, dijo haber solicitado una investigación interna, acompañada por la CEDHJ, para dar seguimiento a los procedimientos de sanción conforme al nivel de responsabilidad de cada persona involucrada.
También señaló que deben garantizarse la reparación del daño y la no repetición de los hechos. No obstante, el anuncio de una investigación no equivale a una determinación de responsabilidades. Queda por conocer qué hechos serán investigados, cuáles serán los mecanismos de participación de las personas afectadas, qué medidas de reparación se ofrecerán y qué sanciones se impondrán, en su caso, a los responsables.
La situación de las personas detenidas también requiere seguimiento. Aunque Lemus aseguró en el video que todas habían recuperado su libertad, omitió decir que la gran mayoría seguirá con procesos y carpetas de investigación abiertas, tal y como lo determinó el Ministerio Público.
La última de las personas liberadas fue David Isaac Alvarez Hernández, acusado de desobediencia y resistencia de particulares; horas antes del anuncio del gobernador, la autoridad judicial decidió liberar a Israel Rosas Flores e Iván Octavio, acusados también de lesiones.
CEPAD, organización de derechos humanos que acompañó a las y los detenidos, denuncio como una grave irregularidad que durante todo el proceso se haya impedido a las personas detenidas designar libremente a las personas defensoras de su elección durante las audiencias, lo cual obstaculizó el ejercicio efectivo de su derecho a una defensa adecuada y las garantías del debido proceso.
La protesta por el agua y las dudas sobre el nuevo acueducto
En el mismo mensaje, el gobernador se refirió a las preocupaciones ciudadanas sobre la iniciativa enviada al Congreso local para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
Lemus aseguró que el servicio de agua potable no será privatizado, que no se contratará deuda y que no aumentarán las tarifas que paga la ciudadanía. También negó que el servicio vaya a entregarse a una empresa israelí.
Estas afirmaciones constituyen compromisos expresados por el mandatario; su alcance deberá contrastarse con la iniciativa, el esquema de financiamiento propuesto y las condiciones del proyecto.
La discusión sobre el acueducto ocurre en medio de las protestas ciudadanas por la mala calidad del agua que llega a los hogares de la ZMG. La movilización del 11 de octubre llevó esas exigencias hasta Casa Jalisco, donde la violencia policial se convirtió en otro motivo de preocupación pública.
La respuesta del Gobierno de Jalisco abre ahora dos asuntos que requieren seguimiento público: las soluciones para garantizar el acceso al agua de calidad y el esclarecimiento de los abusos denunciados durante la manifestación.
La promesa de que estos hechos no volverán a repetirse deberán traducirse en investigaciones transparentes, responsabilidades determinadas, reparación para las personas afectadas y medidas verificables que garanticen el derecho a la protesta y a la integridad personal.
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Aquí el mensaje integro del gobernador
