Guadalajara enfrenta una crisis que no surgió por sorpresa. Durante años hubo denuncias, advertencias oficiales y recomendaciones que no lograron resolver el problema. Hoy, mientras los gobiernos se reparten responsabilidades, miles de familias siguen esperando algo tan elemental como abrir la llave y recibir agua limpia.
Por Juan Pedro Solórzano Castro / @JPedroSolcas (X)
Hay algo profundamente preocupante en que una de las ciudades más importantes de México haya llegado al punto en el que nosotros, sus habitantes, tengamos que preguntarnos si el agua que sale de nuestras casas es segura para bañarnos, lavarnos los dientes o prepararnos los alimentos.
No estamos hablando de un lujo. Tampoco de una obra monumental, un proyecto de movilidad o una promesa electoral. Estamos hablando de agua limpia. Un derecho humano. Y aunque la crisis que hoy enfrenta Guadalajara parece haberse intensificado en los últimos meses, una revisión de los antecedentes revela algo todavía más inquietante: las autoridades tenían conocimiento de problemas graves en la calidad del agua desde hace años.
En agosto de 2020, durante la administración de Enrique Alfaro, ya se reportaba agua sucia en 140 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Las denuncias fueron suficientemente graves como para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco iniciara una investigación.
Dos años después, en febrero de 2022, llegó la Recomendación 10/2022. El organismo documentó deficiencias en la distribución y calidad del agua, identificó vulneraciones a derechos humanos y señaló a distintas dependencias estatales y al SIAPA. La advertencia existía y era pública.
Sin embargo, en septiembre de 2023, cuando todavía gobernaba Alfaro, la Comisión de Derechos Humanos informó que el SIAPA únicamente había aceptado seis de los once puntos que le habían sido dirigidos en aquella recomendación.
¿Qué se hizo durante todos esos años para corregir un problema que ya había sido identificado oficialmente?
Durante esa administración se realizaron inversiones importantes en infraestructura hidráulica. Se entregaron obras vinculadas con El Zapotillo y nuevos sistemas de abastecimiento.
Pero construir infraestructura para llevar más agua no equivale necesariamente a garantizar que esa agua llegue limpia. Y ese parece ser uno de los grandes problemas de la historia hídrica de Guadalajara: durante años, la conversación pública se concentró en cuánta agua podíamos traer, mientras las advertencias sobre la calidad de la que ya recibíamos seguían acumulándose.
En diciembre de 2024 llegó una nueva administración, encabezada por Pablo Lemus. El problema, lejos de desaparecer, continuó.
De acuerdo con una revisión de los registros de monitoreo del SIAPA publicada en marzo de 2026, aproximadamente el 23% de los puntos evaluados durante 2025 presentó resultados fuera de los parámetros de la norma de calidad del agua.
Para marzo de 2026, las denuncias ciudadanas ya habían alcanzado una magnitud que llevó al gobernador a sustituir al director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, por Ismael Jáuregui Castañeda.
En abril, una nueva recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 10/2026, volvió a documentar afectaciones relacionadas con el agua, el saneamiento y el deterioro ambiental de la presa Las Pintas.
Y en julio llegó uno de los datos más delicados: la Secretaría de Salud de Jalisco reconoció que Coprisjal había detectado la bacteria Escherichia coli en 18 de 297 muestras analizadas entre marzo y junio en zonas afectadas de Zapopan.
Es importante aclarar que esos resultados no permiten afirmar que toda el agua de Guadalajara estuviera contaminada. Pero sí documentan un riesgo sanitario concreto que exigía atención y seguimiento inmediato.
El problema ya no podía reducirse a quejas vecinales por el color o el olor del agua. Había resultados de laboratorio que debían investigarse y corregirse.
Ahora, en octubre de 2026, el propio Gobierno de Jalisco reconoce una crisis severa y anuncia que dejará de utilizar temporalmente el agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, mientras se buscan alternativas para mejorar la calidad del suministro.
La medida implica también una realidad difícil: menos agua disponible para miles de hogares y un esquema de distribución intermitente. Además, se ha presentado al Congreso una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala–Guadalajara, con una inversión estimada en 11,922 millones de pesos.
La infraestructura puede formar parte de una solución necesaria. Pero antes de hablar únicamente de nuevos miles de millones de pesos, hay preguntas que merecen respuestas públicas.
¿Quién permitió que las descargas de aguas residuales llegaran a las fuentes de abastecimiento? ¿Qué inspecciones se realizaron? ¿Qué sanciones se impusieron? ¿Cuándo se detectaron los incumplimientos de calidad? ¿Quién recibió los informes y qué decisiones tomó?
Y la más importante: ¿por qué una ciudad necesita llegar a una crisis de esta magnitud para que se anuncien medidas que debieron discutirse desde las primeras advertencias?
El SIAPA tiene obligaciones directas sobre el tratamiento, la vigilancia y la distribución del agua. Los ayuntamientos tienen responsabilidades constitucionales sobre el servicio.
El Gobierno estatal participa en la gestión e infraestructura hidráulica, mientras que las autoridades federales tienen atribuciones sobre las aguas nacionales y las descargas de su competencia.
La crisis del agua en Guadalajara es el resultado de problemas acumulados durante años, en los que distintas autoridades, de diferentes partidos y órdenes de gobierno, han tenido responsabilidades. Porque la obligación de garantizar agua limpia no tiene colores partidistas, y la responsabilidad pública no termina cuando concluye un sexenio.
Enrique Alfaro gobernaba cuando se emitieron las primeras advertencias formales. Pablo Lemus gobierna ahora que la crisis se ha agravado y deben ejecutarse las soluciones. Los directivos del SIAPA, anteriores y actuales, también tienen que explicar las decisiones tomadas dentro de sus respectivas competencias.
Determinar si existió negligencia administrativa o responsabilidad penal requiere investigaciones y pruebas específicas. Pero exigir información, resultados y explicaciones no necesita esperar a que un tribunal dicte sentencia.
Porque el costo de esta crisis se mide en las familias que compran filtros o garrafones adicionales, en quienes dejan de utilizar el agua de sus casas por desconfianza, en los negocios afectados y en las personas que reportan problemas de salud mientras esperan respuestas.
Y se mide en algo mucho más difícil de recuperar: la confianza en las instituciones. Guadalajara no necesita otra discusión interminable sobre quién heredó el problema. Necesita saber quién conocía los riesgos, qué hizo para atenderlos y qué garantías existirán para que no vuelvan a repetirse.
Necesitamos resultados verificables, análisis públicos de calidad del agua, identificación de descargas contaminantes, seguimiento a las recomendaciones de derechos humanos y transparencia absoluta sobre el dinero destinado a corregir el sistema.
Porque una obra puede inaugurarse con discursos, fotografías y funcionarios celebrando. Pero el éxito de una política pública no se demuestra frente a una cámara. Se demuestra cuando una familia abre la llave de su casa y recibe agua segura. Y mientras eso no esté garantizado, la investigación y la exigencia ciudadana tienen que continuar.
El agua limpia es un derecho, no un favor del gobierno. Y garantizarlo no debería ser una promesa para el próximo sexenio.
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Egresado de Estudios Políticos y Gobierno, Universidad de Guadalajara
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