En Pie de Paz
Por Javier Contreras Arreaga, Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara
Dado los actos de represión ocurridos este domingo frente a Casa Jalisco, en una marcha que reclamaba por el agua, y que irónicamente fue dispersada con mangueras de agua y gas lacrimógeno; donde hubo personas detenidas arbitrariamente y golpeadas, me fue inevitable recordar el pasado reciente. Pensé en lo sucedido hace apenas unos meses en la marcha del 8M frente a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Y recordé, sobre todo, el Halconazo tapatío: ese episodio infame de la historia de nuestra ciudad en el que, hace apenas una administración, los días 4 y 5 de junio de 2020, se realizaron detenciones ilegales en las inmediaciones de Palacio de Gobierno y se llevaron a jóvenes a la Fiscalía del Estado, en Calle 14.
A este recuento le sumó el trago amargo de las declaraciones posteriores de la marcha emitidas por el gobierno del estado, y concluí que a nuestros gobernantes se les perdieron los apuntes.
Los apuntes sobre cómo se debe intervenir en una protesta social, cómo se garantiza el derecho a la protesta y cómo se regula el uso de la fuerza.
Les tengo una buena noticia, por si andaban con el pendiente. No tuve que buscar mucho para encontrar aquellas notas que tanto nos hubieran servido el fin de semana pasado. Estaban donde van a parar muchas palabras que terminan en el más absoluto olvido: el Diario Oficial de la Federación y la biblioteca legislativa. Ese baúl digital donde guardamos la tediosa literatura de ficción que llamamos leyes. Ahí siguen, intactas, casi inéditas, esperando a que alguien las lea. Las pueden encontrar como “Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza”.
Hay otros apuntes que sé que deben estar por ahí, pero que no he podido encontrar. Por ejemplo, el protocolo de uso de la fuerza que se elaboró en Jalisco como parte de la estrategia de los 100 días por la seguridad ciudadana. Ese, ahora sí, no aparece ni en las páginas de transparencia.
Así que, en vista de que hay varios que los tienen extraviados, comparto aquí mis notas de repaso. Lo hago también porque llevo tiempo notando lo poco que conocemos, como ciudadanía, el marco de nuestros derechos cuando protestamos y las obligaciones que tiene el Estado cuando decide contener. He conversado con personas que participaron en los contingentes de las marchas por Palestina y del 8M, y siempre queda la misma sensación de vacío. Cuando me han consultado, las preguntas sobre cómo se regula la protesta recaen desde el lado de quien se manifiesta: qué se vale y qué no, si se bloquea una calle, si se pinta un muro. Discutimos mucho menos qué puede y qué no puede hacer el Estado cuando decide intervenir. Y solemos repetir que los excesos ocurren porque “no hay regulación”. Me parece que no es así.
Primer apunte: una ley que parece para policías, pero es para la ciudadanía
Cómo lo decía anteriormente, desde mayo de 2019 existe la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Se expidió en la administración de López Obrador, como parte del paquete de leyes que acompañó la creación de la Guardia Nacional. Rige para todas las policías del país, federales, estatales y municipales, y para las Fuerzas Armadas cuando realizan tareas de seguridad pública. A primera vista parece una ley escrita solo para las fuerzas de seguridad, porque habla de sus protocolos, sus armas y sus niveles de actuación. Sin embargo, yo creo que en realidad es de las leyes que más deberíamos leer como ciudadanía, porque marca los límites de la autoridad en el uso del monopolio de la fuerza. La propia ley establece como uno de sus objetivos el brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía respecto de la forma de intervenir por parte de las fuerzas del orden público.
Lo primero que hace es definir para qué sirve la fuerza. Su finalidad, dice, es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a preservar o restablecer el orden público y la paz social. No para castigar ni para escarmentar. Tampoco para proteger la tranquilidad de un edificio de gobierno frente a la incomodidad del reclamo. Permítanme recalcarlo: para proteger a las personas. Y la ley añade que debe ejercerse en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.
Segundo apunte: siete principios que no son decorativos
La ley sujeta el uso de la fuerza a siete principios. Vale la pena leerlos uno por uno, con lo que pasó el domingo en mente.
El primero es la absoluta necesidad: la fuerza debe ser la última alternativa, una vez agotados otros medios para que cese la conducta que se quiere detener. La pregunta obligada es qué otros medios se agotaron antes de abrir las mangueras.
El segundo es la legalidad: toda actuación debe apegarse a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales que México ha firmado. El derecho a la protesta no es una concesión del gobierno en turno; está protegido por esa misma Constitución y esos mismos tratados.
El tercero es la prevención: los operativos deben planificarse para minimizar el uso de la fuerza y, cuando sea inevitable, reducir al mínimo los daños. Esta marcha fue socializada y anunciada con anticipación. Tenía un punto de inicio y de destino que se difundió a medios de comunicación, siendo quizá, el escenario más previsible que puede enfrentar una policía. No hay pretexto para tratar de justificar las respuesta del estado como algo improvisado por las tensiones del momento.
El cuarto es la proporcionalidad: el nivel de fuerza debe corresponder al nivel de resistencia y de riesgo, bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo. Diferenciado quiere decir que no se responde igual ante todas las personas. Progresivo quiere decir que se empieza por lo menos.
El quinto es la rendición de cuentas y vigilancia: deben existir controles que permitan evaluar cada acción de uso de la fuerza. En este punto creo que tanto ciudadanos como medios de comunicación nos hemos quedado cortos y tenemos una gran área de oportunidad en exigir a nuestras autoridades los documentos que respaldan las decisiones tomadas, de acuerdo a la misma legislación.
El sexto es la racionalidad: la decisión debe valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias y las características tanto de las personas como de los agentes.
El séptimo es la oportunidad: debe evitarse toda actuación innecesaria cuando haya riesgo para personas ajenas a los hechos, y la fuerza debe aplicarse en el momento y el lugar que reduzcan al máximo los daños. En una marcha donde caminan familias, personas mayores, niñas y niños, este principio no fue convocado a las filas de antimotines. Se les olvidó también que la ley exige, además, que los protocolos atiendan la perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Es importante mencionar que los dos últimos principios no estaban en el texto original. Se agregaron en 2024 porque la Suprema Corte, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obligó al Congreso a incluirlos. Volveré a ese punto.
Tercer apunte: la escala del uso de la fuerza
La ley establece cinco niveles de uso de la fuerza y dice expresamente que deben agotarse en orden. Primero, la presencia de la autoridad: el uniforme, el equipo adecuado a las circunstancias, una actitud diligente. Después, la persuasión o disuasión verbal. Luego, la reducción física de movimientos, cuerpo a cuerpo. En cuarto lugar, las armas incapacitantes menos letales. Y al final, solo frente a resistencias de alta peligrosidad, las armas de fuego.
Cada peldaño corresponde a un tipo de conducta. La ley distingue tres. La resistencia pasiva es negarse a obedecer una orden legítima, pero sin violencia. Frente a ella, la autoridad sólo puede usar indicaciones verbales, advertencias y control mediante contacto. La resistencia activa es negarse empleando la violencia, el amago o la amenaza; solo ahí se abren las técnicas de sometimiento y las armas menos letales. La resistencia de alta peligrosidad es la que busca causar lesiones graves o la muerte, y es la única que permite la fuerza letal.
Esta simple distinción ya evidencia todo lo que estuvo mal de la respuesta del estado el pasado domingo 11 de octubre. Gritar consignas, negarse a retirarse o permanecer frente a una puerta sin violencia no autoriza, en los términos de la ley, el uso de armas.
La ley incluye una condición más al establecer que la fuerza solo está justificada cuando la agresión es real, actual o inminente. No se vale usar la fuerza por lo que alguien supone que podría pasar.
Cuarto apunte: las mangueras y el gas también son armas
Este es uno de los detalles que más me importa subrayar. Para esta ley, las mangueras de agua a presión y las sustancias irritantes en aerosol son armas. Las clasifica como armas incapacitantes menos letales, y su uso corresponde al cuarto peldaño de la escalera, el que está reservado para someter una resistencia activa. Cuando la ley gradúa el impacto de la fuerza sobre las personas, coloca el uso de sustancias químicas irritantes en el nivel de “incapacitación”: fuerza física de máxima intensidad, con alta probabilidad de causar lesiones.
Y en su capítulo sobre manifestaciones, la ley es tajante: por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.
Y hablando de la obligación de las fuerzas públicas por actuar de conformidad a la protección de las personas, esta protección debe asegurar la protección de quienes se manifiestan, y no solo de terceros o del orden público.
Como en todas las marchas que se han salido de control, el argumento de la autoridad fue que “alguien” dentro del grupo de manifestantes fue el que lanzó la primera piedra. Independientemente de si existen o no medios para probar esa declaración, la ley prevé también qué pasa cuando una manifestación se torna violenta: la policía debe actuar conforme a los niveles de fuerza.
Cuidado con esta parte, porque hay que estudiar este punto en conjunto con el principio de uso diferenciado, de lo cual podemos concluir que eso no autoriza a tratar a todo un contingente como si cada persona fuera agresora. Y aun en ese escenario, la ley exige contar con agentes capacitados para negociar, disuadir y persuadir, y buscar a los liderazgos de la protesta para entablar el diálogo. Quien negocia debe estar en comunicación directa con el mando operativo, y este a su vez con el mando superior. La ley también exige que intervengan personas con experiencia y capacitación específica para estas situaciones, bajo protocolos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y ordena que la capacitación policial incluya negociación, mediación, manejo de multitudes y manejo de crisis, estrés y emociones.
No he visto una sola foto de esta (y de las otras marchas) del personal especializado en negociar o realizar el manejo de crisis. Habrá que cuestionarse no solo si había violencia. sino si alguien intentó dialogar antes de abrir las mangueras.
Quinto apunte: el reporte del que nadie habla
La parte de la ley que más me interesa que conozcamos es la que dice que el uso de la fuerza no se debe improvisar. Todo operativo que pueda requerirla debe planearse. La ley exige designar a los agentes al mando, que serán responsables de su cumplimiento, que se lleven a cabo las reuniones de coordinación para definir estrategias y toma de decisiones, los planes operativos que contemplen el uso progresivo de la fuerza, una evaluación de los factores de riesgo y la definición de rutas para poner a salvo a las personas ajenas.
Antes del operativo debe pasarse revista de agentes, equipo y armamento, y esa revista debe constar por escrito. Durante el operativo, el mando debe mantenerse en comunicación constante con sus superiores para la toma de decisiones. Y la ley aclara que es legal grabar el operativo de principio a fin.
Después, cada agente que haya usado la fuerza debe entregar a su superior un reporte pormenorizado. Ese reporte debe decir qué nivel de fuerza se utilizó, en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar, y cuáles fueron las razones que motivaron la decisión de emplear ese nivel. Una copia va al expediente del agente al mando del operativo.
Y es que contrario a los discursos de nuestros líderes políticos, de acuerdo con la Ley en comento, la responsabilidad administrativa o penal de los abusos de la fuerza no se quedan en el cuerpo operativo. Los superiores deben responder cuando saben, o deberían saber, que sus agentes usaron la fuerza de manera ilícita y no hicieron nada para impedirlo, detenerlo, ni denunciarlo. Los mandos tienen la obligación de verificar que se esté actuando conforme a lo establecido en las leyes que les regulan, y cualquier integrante de una institución de seguridad que sepa de un uso indebido está obligado a denunciarlo.
Una nota para los próximos meses: las instituciones, además, están obligadas a evaluar periódicamente su uso de la fuerza y publicar informes anuales. Esos informes deben incluir los datos de las detenciones, los resultados de la evaluación corporal de las personas detenidas y las recomendaciones que hayan emitido los organismos de derechos humanos, junto con la atención que se les dio.
Dicho de otra forma: si este domingo hubo agua, gas y golpes en torno a Casa Jalisco, tendría que existir un plan escrito, un mando con nombre y apellido, y reportes firmados que expliquen quién lo decidió y con qué razones. Sería bueno conocerlos. Ojalá esos apuntes no se hayan perdido también.
Sexto apunte: detener no es castigar
La ley también trata el delicado asunto de las detenciones, que no está de más señalar que las garantías que establecen los límites de estas prácticas y todos los derechos involucrados se encuentran en múltiples artículos de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 22). ante una detención, se le debe comunicar de inmediato a la persona agraviada las razones de su detención. Se le debe avisar ante qué autoridad será puesta a disposición, y debe ponerla a disposición de esa autoridad de forma inmediata, cumpliendo con la ley que obliga a registrar cada detención.
Lo que sucedió el domingo de llevarse a la gente sin claridad sobre a dónde, y por qué razones, es exactamente lo que estas reglas buscan impedir.
Cuando la detención requiere fuerza, el agente debe procurar no ocasionar daño y velar por la vida y la integridad de la persona. Debe usar los niveles de fuerza de forma racional, subsidiaria y proporcional, y no exponerla a tratos denigrantes, abuso de autoridad o tortura. Y una vez que la persona está bajo custodia, las instituciones deben abstenerse de ejercer la fuerza contra ella, salvo que sea necesario para mantener el orden o proteger la integridad de alguien. Los agentes responden, bajo su más estricta responsabilidad, de que durante la custodia se resguarde la integridad de la persona detenida y se impidan la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los golpes y macanazos que, según los testimonios, sufrieron las personas detenidas el domingo no caben en ninguna de las figuras que la ley autoriza.
El apunte que no encuentro
Vuelvo a los apuntes extraviados. En 2020, el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos y la indignación que desembocó en el Halconazo obligaron al gobierno de Enrique Alfaro a acelerar una estrategia que ya venía construyéndose: los 100 días por la seguridad ciudadana. Fue un esfuerzo valioso y bien diseñado, con más de veinte objetivos, en el que me tocó participar. Uno de esos objetivos era generar un protocolo local para moderar el uso de la fuerza.
En su momento intenté hacer notar a los integrantes del equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no partíamos de cero, puesto que ya existía un marco nacional. Qué bueno que se generen instrumentos locales, dije, pero no estábamos faltos de herramientas. El protocolo se creó. Y hoy no aparece en ningún lado. Si no se encuentra ni en las páginas de transparencia, es difícil creer que alguien lo esté aplicando. Muy probablemente es letra muerta.
La primera violencia
Tenemos entonces una ley nacional, una sentencia de la Corte, una reforma, esfuerzos de colaboración interinstitucional y protocolos locales. Apuntes, hay. Y aun así, este domingo hubo gas, mangueras, detenciones y golpes. Me parece que la primera violencia es la negligencia: no querer estudiar, no querer aprender, no querer tomar en cuenta todo lo que ya se ha construido para que podamos ejercer nuestro derecho a la protesta en un esquema de paz. Esa es la peor parte de todo.
Por eso insisto en que estas leyes no son asunto de policías. Son asunto nuestro. Mientras la ciudadanía no conozca su marco de protección, el Estado seguirá actuando desde el abuso de la fuerza en total impunidad. Mientras no sepamos que debe existir un reporte, nadie lo pedirá. Conocer la ley no evita el gas, pero sí nos permite nombrar las omisiones y señalar las responsabilidades concretas.
Lo que no viene en ningún apunte
Escribo todo esto con algo más que indignación jurídica. Este domingo, Valeria, mi pareja, nos invitó a marchar con ella a mis hijos y a mí. Para mis niños fue una experiencia muy impactante. Ya habían estado en otras activaciones ciudadanas, pero ninguna con ese tono de reclamo, con esa molestia tan a flor de piel. Los gritos, los insultos, la voz colectiva del enojo hicieron que mi hija empezara a sentirse nerviosa.
Nos retiramos antes de llegar a Casa Jalisco, pero no sin antes tomarnos un momento para platicar. Les expliqué a mis dos hijos que ese enojo era distinto a las conductas que se reprochan en la escuela, y que son una señal sana de nuestra sociedad. Cuando la gente sale a la calle a reclamar por algo tan básico como el agua, lo que hace es expresar una empatía común, principalmente hacia los que siempre terminan siendo los más afectados. Les dije que protestar es un derecho y que es parte de lo que nos ayuda a tener mejores gobiernos.
Media hora después, por los chats que comparto con otras personas defensoras de derechos humanos, me fui enterando de cómo todo había escalado. Al llegar a Casa Jalisco, los contingentes se toparon con un despliegue policial que ya no buscaba contener, sino cerrar el paso. Gas lacrimógeno, detenciones sin claridad sobre a dónde se llevaban a la gente. Y una imagen que se escribe sola: a una marcha que reclamaba por la falta de agua y por su calidad, el gobierno respondió con mangueras de agua.
Una hora y media más tarde, Valeria, que se estaba quedando sin batería, me pidió que pasara por ella. Ella sí había seguido con los contingentes hasta el final. La recogimos con los ojos y la garganta todavía irritados por el gas, y con el shock de haber visto cómo reprimían de la misma manera a las compañeras con las que caminaba. Esa misma noche, algunas de las personas detenidas fueron liberadas, pero hasta hoy (lunes 12 de octubre) seguimos esperando la liberación y localización de al menos 15 personas más. Lamentable ha sido también, que aquellas que fueron liberadas reportaron haber sufrido golpes y otras agresiones durante su detención y su retención.
Una hora antes, caminando por calles aledañas de regreso a donde habíamos dejado la camioneta, mis hijos me habían preguntado si ese era un lugar seguro. Les respondí que tenía que serlo, porque estábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la protesta. Cuando supe lo que pasó después, me sentí vulnerable, expuesto y molesto, porque no se los puedo garantizar. Cuando el ahora gobernante de Jalisco era alcalde de Zapopan y de Guadalajara, pregonaba en su discurso que su administración buscaba crear ciudades para las niñas y los niños. Este domingo no vi una ciudad para las niñas y los niños.


