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Por Eduardo Enrique Aguilar / Departamento de Ciencias Sociales /Universidad de Monterrey
Fotografía de portada Leslie Zepeda / @lesszep (IG)
La relación de los seres humanos con el agua no ha sido necesariamente una historia de armonía y lucidez. Desde una perspectiva histórica, es posible advertir cómo las infraestructuras de abastecimiento hídrico han sido blanco de guerra. Según el Pacific Institute, se tienen registros de conflictos por el agua desde el siglo XI a. C. —como en las disputas entre los godos y Roma— o en el siglo XII, durante las incursiones de Saladino contra los cruzados.
Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la lógica del conflicto cambió. El agua dejó de ser únicamente un objetivo bélico para asegurar la victoria de un bando; a partir de la década de 1850, los enfrentamientos se transformaron en luchas por el acceso frente al acaparamiento empresarial. Muestra de ello es que “una empresa en New Hampshire, que suministraba agua a las industrias de la zona, fue atacada por vecinos descontentos por su impacto en los niveles del río aguas abajo”. Es decir, el conflicto se convirtió en una disputa de distribución entre la industria y la población.
Posteriormente, a lo largo del siglo XX, se consolidó la idea de que las siguientes guerras serían por el agua, una realidad ya palpable en el siglo XXI. El punto es que las confrontaciones actuales no son como las de Saladino o los romanos, sino que hoy, en realidad, constituyen una guerra capitalista por el recurso: una contienda entre quienes lo acaparan para uso industrial y quienes lo necesitan para vivir.
En México estos conflictos tienen una tendencia cada vez más pronunciada, no solamente se empezaron a dar en las áreas rurales y campesinas, pensemos en Chiapas por el acaparamiento de las fuentes de agua por parte de Coca cola, en Puebla con el acaparamiento de agua por Bonafont, o en Sonora contra la industria cervecera donde hubo una lucha campal para el impedimento de la instalación de una industria cervecera, sino que, ahora también, se ha trasladado a los principales centros urbanos del país: Monterrey con la sequía de 2022-23 que movilizó a la población de formas muy diversas y Guadalajara con las grandes marchas por el agua limpia. De fondo, lo que la gente está pidiendo es contar con acceso a un medio de vida.
El conflicto en Jalisco del día 11 de octubre de 2026 resalta por exceso de uso de la fuerza en que el gobierno del Estado atacó a personas dentro de la primera marcha y lo grotesco y cínico que fue, además, de utilizar chorros de agua para reprimir. La movilización era por agua limpia y las fuerzas estatales rociaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y con chorros de agua limpia. Hubo detenciones ilegales y la instalación de una pedagogía del miedo. Esto tiene que abrirnos paso a cuestionarnos por qué resultó de esa forma, cuál es el mensaje que se está transmitiendo con semejante uso de la violencia represiva.
Para poder ofrecer una interpretación adecuada es necesario hacer una historización de cómo llegamos hasta aquí. Por una parte, la dan los estudios técnicos sobre el envejecimiento de la infraestructura, la falta de inversión y el bajo presupuesto del sistema de agua SIAPA, la corrupción e incapacidad de los directivos de ese organismo, el desinterés de gobiernos pasados, así como el poco interés de incorporar a científicos e ingenieros para mejorar el sistema de agua y alcantarillado de una zona metropolitana en expansión extrema. Además de esta visión es necesario incorporar una lectura desde la ecología política.
En los años 60 del siglo XX a Jalisco, por su gran potencial energético y su cercanía con grandes puertos en el Pacífico, se le asignó como uno de los espacios donde se instalarían polos de desarrollo, en específico, el que devendría en el “Silicon Valley mexicano”, las empresas IBM y Hitachi llegaron en esta década. Con ello, en las décadas posteriores se fue conformando lo que hoy conocemos como el corredor industrial de El Salto. Asimismo, el desarrollo de la agroindustria es otro de los grandes hitos que formaron la configuración socioeconómica del Estado, hasta el punto en que se sostuvo la consigna del “gigante agroalimentario”.
Los estudios sociales son contundentes en correlacionar el desarrollo económico industrial y agroindustrial de Jalisco con la contaminación de las aguas, la polución de ecosistemas, el ecocidio generalizado hasta convertirlo en un infierno ambiental; organizaciones como Un Salto de Vida llevan denunciando décadas este hecho. El agua sucia de Jalisco no se da por la infraestructura vieja o deficiente, sino porque la han estado contaminando y envenenando con diversos tipos de tóxicos las grandes corporativas trasnacionales continuamente y sin cesar desde al menos sesenta años, porque las políticas de polo económico ha generado una conglomeración humana que ha superado los límites regenerativos de la tierra, así como por corrupción de las élites económicas y políticas que activamente han destruido las condiciones de sustentabilidad del entorno para poder enriquecerse fácilmente.
El punto de reflexión es que lo que sucede actualmente en Jalisco no es un hecho aislado, sino una expresión de una lógica que ya está instalada y se seguirá reproduciendo en las grandes urbes del mundo. No es que la guerra por el agua se presente en este momento histórico como grandes conflictos bélicos internacionales. Al momento solamente este tipo de conflicto internacional se está dando con energéticos como los hidrocarburos, piénsese en el petróleo con la guerra contra Irán o el secuestro de Maduro en Venezuela o con el gas y sus infraestructuras como la guerra entre Rusia y Ucrania. Y las guerras del agua se están gestando no entre los Estados-nación, sino por corporativos empresariales contra los pueblos.
Entonces, lo que sucede en Jalisco es la representación contemporánea de la guerra del agua. Es decir, un conflicto de distribución ecológica por el acceso y usufructo de esta entre los grandes capitales y las poblaciones urbanas. Lo que estaremos presenciando en un futuro es el crecimiento de este tipo de protestas en cada vez más ciudades y un aumento de la violencia represiva. El gobierno de Jalisco se mostró como el policía de quienes acaparan y contaminan el agua; a través de los abusos que realizó buscó dar una lección a las personas manifestantes para desmovilizarles y que las cosas siguieran su curso.
Ante la respuesta de la gente, el gobernador tuvo que recular, buscar controlar la narrativa y realizar la gestión de los daños. Sin embargo, su rol no ha cambiado, tan solo los medios para lograr los objetivos, los cuales no son ligados al interés general, sino al de unos pocos con los que dialoga y realmente representa: la misma élite económica y política que se beneficia de la destrucción de los medios de vida.
