#HastaEncontrarles
El colectivo Luz de Esperanza y los diputados Mariana Casillas Guerrero, de Futuro, y Leonardo Almaguer Castañeda, del Partido del Trabajo (PT), presentaron una iniciativa para permitir que la Comisión Estatal de Búsqueda realice búsquedas humanitarias y extrajudiciales en terrenos y viviendas deshabitadas o abandonadas a los que se pueda ingresar libremente, sin necesidad de una orden judicial.
Por Miguel Ángel Vidal / @Vidal_PMiguel (IG)
La propuesta plantea reformar los artículos 4 y 30 de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, esta modificación al artículo 4 incorpora definiciones de terrenos baldíos, viviendas deshabitadas y casas abandonadas, para precisar qué espacios podrían ser objeto de búsquedas humanitarias.
Por su parte, la reforma al artículo 30 busca facultar a la Comisión Estatal de Búsqueda para realizar diligencias en estos lugares sin necesidad de una orden judicial, siempre que sean de libre acceso. La iniciativa no autoriza forzar la entrada a inmuebles cerrados ni ingresar a viviendas habitadas sin el consentimiento de quien las ocupa legalmente o una orden judicial.
Si durante una búsqueda se encuentran indicios de un posible delito, la Comisión deberá detener su intervención y entregar el mando a la Fiscalía del Estado.
Búsquedas detenidas por órdenes de cateo
Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, expuso que tienen pendientes dos órdenes de cateo solicitadas desde enero para realizar búsquedas en espacios abiertos de Zapopan.
De acuerdo con su testimonio, en uno de esos sitios localizaron un fémur y, en otro, nueve costales que, afirmó, contenían alrededor de tres cuerpos cada uno. Sin embargo, señaló que no han podido continuar con las diligencias porque siguen a la espera de las autorizaciones.
El caso muestra una de las dificultades que las familias buscadoras buscan atender con la reforma: la diferencia entre contar con indicios sobre un posible sitio de búsqueda y tener autorización para intervenir en él.
Flores también relató que, durante búsquedas en inmuebles abandonados de Tlajomulco, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda permanecía afuera por impedimentos legales, mientras las familias ingresaban por su cuenta. La iniciativa pretende que las autoridades puedan participar directamente en búsquedas de este tipo, en lugar de dejar que las familias asuman solas los riesgos.
Se sostuvo que la búsqueda de personas debe comenzar sin demora y mantenerse como una obligación humanitaria, independiente de que exista o no una investigación penal en curso.
El periodista Lauro Rodríguez, invitado a la presentación, afirmó que Jalisco acumula al menos cuatro años de retraso en la atención de las búsquedas en viviendas abandonadas, pues las familias realizan estas labores desde 2022.
Como ejemplo, recordó que el 25 y 26 de febrero de ese año se localizaron ocho fosas clandestinas en dos días, la mayoría en casas abandonadas de Tlajomulco. Añadió que ese municipio llegó a 100 fosas clandestinas en septiembre de 2026.
Advirtió que los cambios legales deben acompañarse de más personal y presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda. De lo contrario, señaló, la institución podría convertirse en otro cuello de botella para las familias que necesitan respuestas.
Durante el encuentro, familiares de personas desaparecidas también expusieron las consecuencias de las demoras. María Rivera, madre de Christian Emmanuel Rivera Cedeño, desaparecido el 2 de agosto de 2023 pidió a los legisladores considerar la iniciativa y expresó su temor de que, después de años de búsqueda, su hijo sea localizado sin vida y reducido a restos óseos.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de Jalisco y deberá seguir el proceso legislativo antes de que pueda entrar en vigor.
En Jalisco hay más de 16 mil 250 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos del Sistema de información sobre víctimas de desaparición (SISOVID) al 22 de octubre de 2026, expuestos durante la presentación de la iniciativa.
Por separado, los promoventes señalaron que buscan agilizar otra propuesta de reforma para atender las búsquedas en viviendas habitadas, donde actualmente se requiere el consentimiento de sus ocupantes o una orden judicial para ingresar.
