Fondo Resiliencia
Por Jesús Bustamante Rivera / @jbustamanteriv (IG / X)
Mientras las autoridades presumen estar conteniendo a los criminales, la percepción de inseguridad no disminuye y los verdaderos estragos de la violencia parecen diluirse entre la burocracia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Más de cuatro mil personas han muerto en los últimos dos años. Algunas fueron asesinadas; otras, localizadas sin vida, encontradas en fosas o abatidas por elementos de alguna corporación. Pero en los registros de las autoridades no todas estas personas cuentan igual: entre clasificaciones y criterios, las estadísticas terminan desapareciendo institucionalmente a parte de las víctimas de la violencia.
Territorial logró documentar al menos 4 mil 098 personas muertas entre el 9 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2026. El 93 por ciento de los casos se concentró en las zonas centro y sur de Sinaloa, y más del 60 por ciento de las muertes ocurrió en Culiacán. De ellas, 810 no aparecen en las cifras oficiales de homicidios dolosos y feminicidios, casi una de cada cinco víctimas.
Los reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) excluyeron al 19.8 por ciento de las personas muertas en ese mismo periodo, pero ahora, el registro podría volverse imposible de medir. A finales de agosto, la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, negó que la institución manipulara las estadísticas. Días después, el 1 de septiembre, la Fiscalía dejó de emitir su reporte diario de hechos, el mismo que permitió a esta investigación rastrear, caso por caso, a las víctimas que quedaban fuera del conteo oficial.
En dos años, la fiscalía informó de 3 mil 142 homicidios dolosos y 146 feminicidios, también de otras 375 personas encontradas sin vida, pero a estas les otorgó clasificadas distintas, por lo que no llegaron a los informes del Gabinete de Seguridad.
Sin embargo, la FGE dejó fuera de sus reportes 40 cuerpos encontrados en avanzado estado de descomposición, dentro de fosas o reducidas a restos óseos y 166 personas de cuya muerte existen notas periodísticas, donde se evidencia violencia. Además, se tuvo conocimiento de 229 personas sin vida cuya carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), pero que tampoco aparecen en los reportes de víctimas de homicidio a nivel federal.
Para esta investigación se construyó una base de datos propia en la que se documentó cada persona asesinada o encontrada sin vida en Sinaloa. Día tras día se registró la clasificación inicial otorgada por la FGE en su reporte de hechos, con el objetivo de identificar cuáles casos eran contabilizados y cuáles quedaban fuera. Algunos fueron reclasificados oficialmente con el paso del tiempo, pero la mayoría permaneció sin seguimiento institucional.
Para Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, una organización civil que promueve la transparencia y rendición de cuentas, estas diferencias en las clasificaciones tienen consecuencias que van más allá de una cifra, las cuales influyen en que las estrategias de seguridad se mantengan sin cambios, a pesar de los resultados.
“El hecho de que un homicidio lo clasifiquen o busquen clasificarlo en otras variantes que no sabemos de dónde salieron, permea o indica que el Gobierno del Estado puede decir que está bien cuando en realidad no es así”, señaló, al considerar que detrás de estas prácticas existe la intención de reducir estadísticamente la violencia.
Algunas de esas clasificaciones otorgadas por la FGE a las personas sin vida, no se encuentran contempladas en el Manual Metodológico para el Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, en seguimiento a los casos de las personas no registradas como homicidios dolosos, ni siquiera como causa de muerte pendiente por determinar, se pudo encontrar que la FGE dejó por fuera cuerpos encontrados envueltos en cobijas, plástico o lonas; tampoco personas con signos visibles de golpes o tortura, personas calcinadas durante enfrentamientos o algunos casos con registro de ataques directos perpetrados por sicarios.
Otra constante fue que no se contabilizaba como homicidio a quienes morían días después de haber sido agredidos, mientras recibían atención en hospitales. Lo mismo ocurrió con un número importante de víctimas colaterales de la violencia: personas que murieron por impactos de bala, tras quedar en medio de ataques o enfrentamientos.
Eso le pasó a doña Efigenia, de 47 años, quien recibió una bala en el tórax, cuando se encontraba sentada en una banca del malecón de Culiacán. Ella -y decenas de personas- quedaron en medio de un enfrentamiento, cuando un grupo armado intentó quitarle la vida a un comandante de la Policía Municipal. En circunstancias similares perdió la vida Laura Cecilia, de 56 años; recibió un balazo durante un atentado contra un elemento de la Policía Estatal. Murió tras varios días hospitalizada.
Efigenia y Laura Cecilia fueron víctimas colaterales, pero sus muertes no se incluyeron en los reportes diarios de la fiscalía. Al periodista Jesús Verdugo le ha tocado reportar algunos hechos que luego las autoridades no incluyen o buscaron otras maneras de nombrarlos en sus reportes. Las considera tácticas para reducir las estadísticas, buscando mejorar la percepción de la ciudadanía.
“Asesinados o cuerpos encontrados en lonas, en cobijas, con signos evidentes de violencia, con mensajes criminales junto a ellos y la autoridad los informaba como muerte por determinar. Esos eufemismos legaloides que utiliza todavía la fiscalía para bajar así, poco a poco, el número de homicidios registrados”, detalló.
La misma base de datos construida por Territorial reveló que, de las más de 4 mil víctimas, al menos 245 han sido mujeres, 84 policías o expolicías locales, 24 elementos activos o retirados de las fuerzas federales y 21 hombres recluidos en centros penitenciarios. Además, se tiene registro de por lo menos 204 personas abatidas por alguna autoridad.
Cada una de las cifras representa una vida, pero cientos de personas han sido excluidas de los registros oficiales. En suma, las cifras oficiales no cuentan: 229 casos con carpetas de investigación en la FGR, 166 muertes por diversas causas que no fueron registradas, 108 víctimas clasificadas bajo categorías fuera del RNID y 307 cuerpos o restos encontrados, como víctimas de la violencia que ha golpeado a Sinaloa durante los últimos dos años.
El presidente de Culiacán Participa IAP, Javier Llausás Magaña, considera que las autoridades deberían tener la madurez suficiente para informar y manejar con transparencia estos datos, pues contar con información clara es uno de los primeros pasos para enfrentar una crisis de seguridad como la que actualmente vive Sinaloa.
“Pero si las instituciones no quieren compartir los datos o no quieren esclarecerlos por temor a que sean juzgadas de su capacidad, entramos en un círculo vicioso donde nunca vamos a solucionar los problemas”, afirmó.
A través de una solicitud de acceso a la información, se intentó obtener una cifra oficial de la FGE con el número total de víctimas, contabilizando homicidios, feminicidios y las otras tipificaciones señaladas, además del número de cuerpos encontrados en fosas, pero no se obtuvo dicho registro.
Sin embargo, en una entrevista con medios, realizada a finales de agosto, la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, negó estar clasificando incorrectamente los homicidios.
“No hay manoteo en las estadísticas, somos una institución seria, somos una institución responsable y de esa manera tratamos nuestras estadísticas, basados en una necropsia, en un acto de investigación y en toda la actividad que se deriva después del hecho”, argumentó.
Aseguró que dar la información preliminar era un compromiso de la institución con los medios de comunicación, pero el 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía del Estado dejó de emitir su reporte de hechos. Ese día, las autoridades actualizaron las cifras oficiales en 3,181 homicidios y 166 feminicidios, contemplados desde septiembre de 2024, sin explicar la diferencia en los datos.
También se le preguntó a la FGR sobre el número de personas abatidas o neutralizadas por el Ejército, Guardia Nacional, Marina o de la SSPC en el estado de Sinaloa, pero dijeron no tener esa información, justificando que no se cuenta con un módulo estadístico que dé cuenta a cabalidad de lo solicitado, a pesar de haberlo estado informando durante los primeros meses de la violencia.
Riesgos a los suyos les puede costar la vida
Alma Rosa sufrió un atentado a balazos cuando viajaba en un auto junto a otros integrantes de su familia; ella y su hija resultaron heridas, mientras algunas de sus nietas sufrieron crisis nerviosas. El ataque se perpetró en Culiacán, a finales de agosto de 2026.
La fundadora del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, quien busca a su hermano Miguel Ángel Rojo Medina, desaparecido en 2009, sobrevivió al atentado. Integrantes de otros colectivos no han tenido la misma suerte.
Rubí Patricia buscaba a su hijo; María Azucena intentaba localizar a su padre y a uno de sus primos. Ambas fueron asesinadas al sur del estado: una en Mazatlán y otra en Escuinapa. Además, María de los Ángeles se encuentra en calidad de desaparecida desde octubre de 2025.
Además de quienes han perdido la vida, la crisis de seguridad ha provocado un aumento de desaparecidos. La Fiscalía General del Estado habla de 4 mil 177 personas reportadas como desaparecidas, de septiembre de 2024 a agosto de 2026, y un 53 por ciento continúan sin ser localizadas. De las halladas, mil 538 fueron con vida y 407 muertas.
Son las cifras oficiales, pero no todos los familiares llegan a formalizar una denuncia ante las autoridades. Los colectivos tienen nombres y fichas de búsqueda que no lograron difundir por el temor de sus familiares, pero los continúan buscando.
Pero seguir haciéndolo ha traído sus propios riesgos. Al sur del estado se han reportado incidentes con explosivos de fabricación casera, uno de ellos costó la vida de dos elementos de la Marina al acompañar una jornada de búsqueda en la zona rural de Mazatlán, en julio de 2026.
Entre los casos registrados y la cifra negra, las madres buscadoras estiman entre 7 y 8 mil personas desaparecidas en los últimos dos años. En este tiempo, además de los casos anteriores, integrantes de colectivos han sido intimidadas o amenazadas por grupos delincuenciales para impedir visibilizar casos y realizar búsquedas.
Además, la lucha interna en el Cártel de Sinaloa ha dejado al descubierto otro problema: el reclutamiento forzado de menores, enganchados en otras entidades y que luego terminan en las filas de grupos criminales, lo que dificulta el trabajo de búsqueda de sus familiares.
Apenas en agosto, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Jalisco. Ambos tenían ficha de búsqueda desde julio de 2026: uno fue visto por última vez en Tlajomulco de Zúñiga y el otro, en Tonalá.
Los adolescentes, de 15 y 14 años, fueron encontrados a unos 500 kilómetros de distancia, en Mazatlán, Sinaloa. Aparentemente, lograron escapar de un lugar donde había otros menores retenidos por integrantes de una célula delictiva.
Pero un año antes, en julio de 2025, Carlos Alejandro y Paul Alexander, ambos de 16 años, fueron encontrados sin vida en la sindicatura de Imala, al norte de Culiacán. Ambos fueron localizados al interior de una camioneta, vestidos con ropa táctica y portando chalecos antibalas. También tenían fichas de búsqueda activas desde mayo de ese mismo año. Eran originarios de Zapotlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Territorial también ha documentado alrededor de 50 personas asesinadas, abatidas o detenidas, provenientes de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela y Cuba. Sin embargo, en ninguno de los casos las autoridades han esclarecido la manera en que llegaron a Sinaloa.
Balas contra personas civiles
El mito de que el narco no atenta contra la sociedad parece desmoronarse en Sinaloa. Otra estadística que pocas veces conocemos es la del número de personas que han muerto en ataques o enfrentamientos, consideradas víctimas colaterales.
Territorial estuvo registrando los incidentes y contabilizó cerca de 100 casos donde se presumían personas inocentes en medio de los hechos violentos, logrando registrar al menos 172 víctimas, entre personas muertas y heridas, hasta agosto de 2026. Después de cada suceso, se daba seguimiento público a las historias, para confirmar o descartar el daño colateral.
Janeth, llamada de esta manera para proteger su identidad, conocía a una de las víctimas: una adolescente de 17 años que murió después de ser alcanzada por una bala. Viajaba con su familia cuando quedó en medio del fuego cruzado entre hombres armados, en la comunidad de Villa Juárez.
Desde ese momento, sentía que en cualquier momento podría quedar en una situación similar. Originaria del municipio de Navolato, todos los días debe trasladarse hasta Culiacán para asistir a la escuela, pero en los meses de mayor violencia no pudo hacerlo debido a los enfrentamientos en la comunidad donde vive.
Esa situación la hizo perder un año en otra universidad a la que se había inscrito, porque, asegura, los maestros no fueron tan comprensivos con ella. Los hechos violentos eran tan recurrentes que no le perdonaron las faltas.
“No tenían hora de agarrarse (enfrentarse), se podían agarrar en la mañana, en el día o en la noche. Muchas veces se agarraban en las mañanas y en la noche”, explica.
En su comunidad nadie necesitaba recibir una amenaza personalmente para sentirse con miedo. En redes sociales circulaban supuestos comunicados que establecían qué podían hacer los habitantes, cómo debían circular e incluso a qué horas era conveniente permanecer en sus casas.
“Salían comunicados de que, si te miraban en la noche te podían llegar a matar y que no querían autos con los vidrios arriba ni con polarizados. Tampoco las luces prendidas a cierta hora”, recuerda.
En ese conteo desde la ruptura del Cártel de Sinaloa, se contabilizaron 53 personas muertas registradas como víctimas colaterales, de las cuales: 20 perdieron la vida al quedar en medio de algún enfrentamiento. Además de las personas que perdieron la vida, hay otras 119 heridas, y entre ambas cifras aparecen 45 menores de edad.
Janeth aprendió a convivir con situaciones que antes resultarían extraordinarias. En sus recorridos diarios entre Navolato y Culiacán todavía observa escenarios de riesgo. Tiene miedo, pero intenta adaptarse para no caer en depresión, pensando que la única manera de mantenerse a salvo es encerrándose en casa.
“A veces que miro a la gente que pasa con sus aparatos (armas) y sí es como que un pánico porque uno no sabe cómo actúan, pero uno se tiene que acostumbrar sí o sí porque no puede hacer nada al respecto”, lamenta.
Para ella, seguir estudiando significa continuar recorriendo el mismo camino. Una rutina que parece ordinaria: salir de casa, llegar a la escuela y regresar a su comunidad. Pero ahora su vida cotidiana requiere calcular riesgos para evitar ser parte de una estadística desoladora.
En estos dos años de violencia, Territorial ha contabilizado más de 100 personas han sido asesinadas o encontradas sin vida en la comunidad de Villa Juárez o en tramos carreteros de los alrededores, por donde Janeth tiene que transitar.
Abrir temprano para cerrar antes: los negocios que resisten en Culiacán
Los estragos de la violencia de los últimos dos años también pueden medirse en empleos, ventas y negocios cerrados. Los empresarios y las autoridades han estado en desacuerdo con las cifras de cierres de negocios y afectaciones desde las primeras semanas.
Pero basta caminar por las calles del centro para comprender lo que ocurre en Culiacán. Entre comercios que intentan mantener su actividad aparecen locales con las cortinas abajo y anuncios de “Se renta”. Algunos establecimientos desaparecieron; otros modificaron horarios, redujeron gastos y buscaron nuevas estrategias para resistir.
Edith Millán forma parte de estos últimos. Es una pequeña empresaria que se niega a cerrar el negocio que tanto esfuerzo le ha costado construir. Su cafetería se encuentra en el primer cuadro de la ciudad y depende, en buena medida, del movimiento cotidiano de estudiantes, trabajadores y personas que recorren el centro.
En su misma calle, otros establecimientos ya cerraron. Los primeros meses de esta nueva etapa de violencia fueron los más difíciles. A casi dos años, las ventas todavía no regresan a los niveles que tenían antes.
“Tuvimos que cerrar varios días, como unos 10 días. Después, cuando ya empezamos a trabajar, tuvimos que reducir el horario (…) Las ventas bajan y los gastos no paran: luz, agua, renta, internet”, detalla.
Durante un tiempo, Edith comenzó a cerrar su cafetería a las cinco de la tarde. A esa hora, el centro empezaba a vaciarse. La gente procuraba no permanecer en las calles cuando caía la noche y los padres de familia tenían miedo de enviar a sus hijos a las escuelas. Para su cafetería, esto último representó otro golpe: los estudiantes forman parte importante de su clientela.
Cuando las personas volvían a salir, bastaba el reporte de una balacera, un enfrentamiento o cualquier otro hecho violento para que las calles volvieran a quedar vacías. Edith recuerda que, al menos en una ocasión, tuvo que abandonar la cafetería junto con sus clientes después de que comenzó a circular información sobre un enfrentamiento ocurrido a poca distancia.
“Se empezó a escuchar en las redes que estaba pasando algo, la gente se fue, la gente se va corriendo”, recuerda.
El miedo comenzó entonces a modificar hasta los horarios comerciales de la ciudad.
Algunos negocios encontraron una alternativa: abrir más temprano para poder cerrar antes. La estrategia comenzó a repetirse tanto en el centro como en plazas comerciales.
Incluso algunos restaurantes cambiaron temporalmente sus dinámicas y comenzaron a ofrecer desayunos, aunque originalmente su actividad estuviera enfocada en otros horarios. Había que adaptarse.
Durante 2025, Sinaloa registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social un promedio de 592 mil 529 trabajadores. En comparación con el mismo periodo de 2024, se observó una pérdida promedio de 9 mil 156 empleos, equivalente a una disminución del 1.5 por ciento, de acuerdo con un análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin).
La comparación entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 muestra una pérdida de 11 mil 427 empleos, equivalente a una disminución del 1.9 por ciento. Entre las actividades con las mayores reducciones en el número de puestos de trabajo estuvieron las primarias, la industria de la transformación y los servicios sociales y comunales.
Otro análisis de Codesin muestra que solamente cuatro municipios lograron generar empleos durante el primer trimestre de 2026: Ahome, Sinaloa, Choix y Mocorito. Culiacán, en cambio, perdió 7 mil 731 empleos.
Los datos del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa (SIGSIN) también permiten observar el comportamiento de la desocupación durante este periodo. De acuerdo con la información consultada, la tasa alcanzó el 3.10 por ciento en el segundo trimestre de 2026, pero era 2.40 en el segundo trimestre de 2024, antes del recrudecimiento de la violencia.
Para los pequeños comerciantes, detrás de cada establecimiento que desaparece puede estar también el patrimonio de una familia. De acuerdo con un registro propio de la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC), alrededor de 3 mil negocios formales e informales han cerrado, la mayoría de ellos en el centro de la ciudad.
Edith estuvo cerca de formar parte de esa estadística. Para evitar bajar definitivamente la cortina de su cafetería, tuvo que negociar el pago de la renta con la propietaria del inmueble. Para ambas había algo en juego: Edith necesitaba mantener vivo su negocio y la dueña prefería llegar a un acuerdo antes que perder a una inquilina y arriesgarse a mantener vacío el local durante un largo periodo.
Actualmente hay un poco más de gente en las calles, pero Edith asegura que el movimiento todavía está lejos de parecerse al que existía antes del recrudecimiento de la violencia. Hay días en los que regresan los clientes y las ventas parecen comenzar a recuperarse, pero basta otro hecho violento para que las ventas se desplomen.
“Hasta el sonido de los helicópteros provoca pánico”, expresó.
Al caer la noche, las calles ofrecen una realidad más severa de la crisis. Basta recorrer el centro de Culiacán para encontrar negocios que bajan sus cortinas antes de lo acostumbrado. Lo mismo sucede en plazas comerciales, donde incluso establecimientos pertenecientes a grandes marcas internacionales han reducido sus horarios.
A dos años, quienes todavía pueden, levantan sus cortinas esperando clientes. Los trabajadores y estudiantes salen de sus casas y el tránsito vuelve a llenar las principales avenidas, pero la normalidad sigue siendo vulnerable a una ráfaga de disparos, los sobrevuelos de helicópteros en la ciudad o a un reporte de violencia en redes sociales.
Edith lo observa desde su cafetería: cuando hay tranquilidad, las personas vuelven a ocupar las calles; cuando ocurre un nuevo hecho violento, desaparecen. Y entonces, antes de que termine el día, las cortinas vuelven a bajar.
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Esta investigación periodística fue desarrollada en colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), a través del Fondo Resiliencia y el Observatorio para América del Norte. Su contenido fue producido de manera independiente y no refleja necesariamente las opiniones o posiciones de GI-TOC, del Fondo Resiliencia ni del Observatorio para América del Norte.
