Aunque un Tribunal Colegiado ordenó sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, el juez Jorge Enrique Ledezma determinó mantenerla privada de la libertad. Su familia denuncia irregularidades judiciales y posibles actos de violencia institucional.
Por María Mendoza / @paablohoney
Tras la decisión del juez Jorge Enrique Ledezma de mantenerla en prisión, Yazmín Aziyade Romo Piñera concluyó su audiencia deseando que ninguna mujer llegue a estar con alguien como su exesposo, quien es la persona por la cual hoy se encuentra privada de la libertad.
El 2 de noviembre se cumplen nueve meses desde que Yazmín entró al Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil “La Esperanza”, en Tepic, Nayarit. El motivo de su ingreso se debió a una denuncia falsa de fraude interpuesta por su ex marido, el empresario Abel Manuel “N”.
Como se documentó anteriormente en este medio, el origen del caso se encuentra en una disputa patrimonial por un departamento ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, cuya propiedad, de acuerdo con las resoluciones judiciales y documentos presentados por su defensa, corresponde a Yazmín desde la liquidación de su sociedad conyugal en 2017.
La mujer firmó en abril de 2019 una promesa de compraventa del inmueble. Sin embargo, seis años después, en febrero de 2025, su expareja presentó una querella por presunto fraude, argumentando que la propiedad también le pertenecía. Esto derivó en un proceso penal que terminó con Yazmín privada de la libertad, pese a que los tribunales civiles de Jalisco ya habían reconocido sus derechos sobre el departamento.
El pasado 8 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Nayarit concedió la suspensión definitiva a Yazmín, ordenando que se le impusiera una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Esto quiere decir que Yazmín debía salir de prisión.
Tanto el juez a cargo del caso, como el centro en el que se encuentra recluida fueron notificados de esta decisión, y tenían un lapso de 48 horas para cumplir con lo requerido; sin embargo, hasta el 17 de octubre se celebró la audiencia judicial, en la cual se resolvió que Yazmín debía permanecer en prisión.
Entre los argumentos expuestos para negar su libertad, el juez Jorge Enrique Ledezma sostuvo que ella sabía que no podía vender el departamento y que había celebrado un contrato de compraventa a plazos, aunque en realidad se trató de una promesa de compraventa.
También se argumentó que Yazmín no tenía un domicilio registrado en Guadalajara, aunque durante la audiencia se presentaron comprobantes para acreditar su residencia. Otro de los razonamientos fue que existía la posibilidad de que pudiera fugarse y que Nayarit no cuenta con dispositivos de monitoreo electrónico, como brazaletes.
Para la familia, estos argumentos no justifican que continúe privada de la libertad, especialmente cuando existen otras medidas cautelares que podrían garantizar su comparecencia durante el proceso.
En entrevista con ZonaDocs, Ignacio Martínez Hernández, esposo de Yazmín y quien ha encabezado parte de las acciones de acompañamiento y denuncia pública, expresó la frustración de la familia ante la resolución judicial.
“Estamos verdaderamente frustrados, pero no sorprendidos”, señaló.
Martínez cuestionó que, pese a existir resoluciones judiciales del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco que reconocen la validez del convenio patrimonial y los derechos de Yazmín sobre el inmueble, el proceso penal continúe utilizándose para mantenerla en prisión.
Explicó que también existe una orden para escriturar el departamento a nombre de Yazmín, mientras que su expareja ha realizado contratos de arrendamiento con otras personas sobre ese mismo inmueble, pese a que, de acuerdo con la documentación presentada por la defensa, la propiedad corresponde a ella.
Uno de los momentos que más preocupación generó durante la audiencia fue cuando, según relató Ignacio, el juez preguntó por qué Yazmín no se acercaba a la contraparte para negociar su libertad.
Para la familia, este planteamiento resulta especialmente grave, pues interpretan que se está condicionando la recuperación de su libertad a una negociación con la persona con quien mantiene el conflicto patrimonial.
“Es como si yo llego a tu casa, te robo tus cosas y encima te dejo encerrada, y para salir te digo que tienes que entregarme tus cosas”, expresó Martínez al cuestionar la lógica de esta situación.
La familia considera que la resolución desconoce no solamente los antecedentes jurídicos del inmueble, sino también el contexto de violencia económica y patrimonial que Yazmín ha enfrentado durante casi diez años por parte de su expareja.
La prisión preventiva debe responder a criterios excepcionales y estar debidamente justificada, no puede convertirse en una pena anticipada ni utilizarse para presionar a una persona a renunciar a derechos que le corresponden.
En este sentido, la defensa y la familia han insistido en que su petición no consiste en obtener un trato privilegiado, sino en que las autoridades revisen el caso con perspectiva de género, respeten las resoluciones judiciales previas y garanticen el debido proceso.
La situación también ha generado temor en Yazmín, quien, de acuerdo con su familia, teme por su integridad y por posibles represalias, incluso ante la posibilidad de que sea trasladada a otro centro penitenciario fuera de Nayarit.
Frente a la resolución, Ignacio Martínez aseguró que la familia continuará recurriendo a las instancias correspondientes para exigir que se cumpla la determinación del Tribunal Colegiado y se modifique la medida cautelar de Yazmín.
Entre sus exigencias se encuentran que las autoridades federales intervengan, que se revise la actuación del juez Jorge Enrique Ledezma y que, de encontrarse irregularidades, se establezcan las sanciones correspondientes.
También hizo un llamado a las instancias judiciales de Nayarit y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atiendan las condiciones en las que se está desarrollando el proceso.
“Hay orden de que se le escriture, resoluciones del supremo tribunal de que el contrato es válido(…) nos enfrentamos ante un poder que no sabemos si es solo económico o también es político, resultó ridículo la manera en la que el juez llevó la audiencia, nosotros buscaremos, ya no solo por Yazmín sino también por las demás personas, hasta donde podamos presionar a ese juez para que no repita lo mismo con otra persona”.
