Nadie nos preguntó
Por Verónica Ortega Godínez / Edufem, Asociación de Educación Feminista A.C.
Por mandato jurídico y vocación democrática, los consejos ciudadanos nacen bajo una promesa explícita: fungir como órganos auxiliares y consultivos encargados de tender puentes vivos entre las dolencias de la sociedad civil y la toma de decisiones gubernamentales. Sobre el papel, representan el espacio donde la experiencia técnica, barrial, empresarial, educativa y comunitaria de las mujeres debería incidir directamente en las políticas públicas que definen nuestras vidas.
Sin embargo, al cruzar la puerta y sentarse a la mesa, la expectativa democrática se estrella casi de inmediato contra un techo de cristal burocrático: una vitrina institucional que nos permite mirar hacia adentro, pero que nos impide incidir de verdad en la participación ciudadana.
No estoy aquí para descalificar personas ni para caer en la queja estéril; se trata de nombrar una falla estructural de gobernanza. Los consejos ciudadanos de mujeres están diseñados para el desgaste, no para la incidencia. Ser electa consejera representó para mí un reto profesional y la esperanza de disputar mejores condiciones para las mujeres, las adolescentes y las niñas desde la trinchera de una organización de la sociedad civil con perspectiva de género y educación feminista.
No obstante, en el tránsito por esta experiencia, el primer gran candado que encontré no es ideológico, sino normativo. Al revisar los reglamentos internos de estos órganos, la trampa queda al descubierto: las atribuciones asignadas a las consejeras son tan etéreas y limitadas que operan como un auténtico chaleco de fuerza. El margen de maniobra se ahoga entre la falta de presupuesto, la ausencia reiterada de quórum y la firma sistemática de minutas. Al día de hoy no existe un solo mecanismo vinculante que obligue a la autoridad a acatar o dar seguimiento a las observaciones técnicas que emitimos. Una recomendación ciudadana puede dormir el sueño de los justos en el escritorio de una dirección general sin consecuencia jurídica o administrativa alguna: total, solo somos consejeras.
Bajo estas reglas, la participación se degrada en un voluntariado de alto desgaste personal e intelectual. El tiempo y el saber especializado de mujeres con trayectoria social y solvencia metodológica son absorbidos únicamente para maquillar la foto institucional de una supuesta «pluralidad». Como consejera me niego a convalidar un simple club social de mujeres preparadas donde el disenso, la crítica fundamentada o la negativa al aplauso fácil sean leídos por el oficialismo cortesano como deslealtad o falta de educación.
No llegué a este espacio para ser cómoda: los consejos ciudadanos deben ser lugares de tensión constructiva y contrapeso real. La gobernanza no es un pacto de silencio ni un campo de batalla; es el ejercicio maduro de sentarse a una mesa con autonomía crítica, empatía y firmeza para poner en el centro las historias de las mujeres de a pie: las violencias, las desigualdades y la vida de todas aquellas a quienes las circunstancias les han arrebatado la voz, el andar y la paz. Ser consejera debe permitir señalar errores, exigir correcciones y diseñar soluciones técnicas sin ser señalada como traidora o ignorante. La lealtad de una consejera ciudadana no le pertenece a ninguna administración ni a ningún partido político; le pertenece, de manera irrenunciable, a las mujeres que viajan con miedo en el transporte público, a las que exigen agua limpia como derecho humano, a las que buscan a sus seres queridos desaparecidos, a quienes sostienen en soledad las jornadas de cuidados y a las niñas y adolescentes en las aulas: a todas las mujeres.
La igualdad sustantiva no se sostiene con buenas intenciones, fotos de ocasión ni talleres decorativos que reducen la autonomía económica y la agencia a cursos de manualidades o bienestar superficial para unos cuantos sectores. La agenda real exige abordar el litigio estratégico en derechos humanos y violencia vicaria; la redistribución y remuneración de los cuidados; la planeación urbana y la movilidad con perspectiva de género; la defensa comunitaria del territorio y el agua; y el conocimiento directo de las fallas que colapsan los servicios de salud y procuración de justicia. Un consejo sostenido por saberes técnicos y vivenciales sólidos no puede ser ninguneado por la burocracia estatal: sus argumentos tienen peso, solvencia metodológica y raíz social.
Las mujeres en Jalisco no necesitamos consejos de papel que simulen participación ciudadana para rellenar un informe de gobierno. Sentarse a esta mesa no es una concesión benévola del poder: es un derecho democrático que ejercemos. Es momento de transitar de la consulta ornamental a la incidencia sustantiva. De lo contrario, seguiremos prestando nuestro tiempo, trayectoria y prestigio para maquillar una democracia que, en el fondo, sigue decidiendo sin nosotras.
Porque para transformar la realidad y construir un Jalisco con igualdad y justicia para las mujeres, seguiremos insistiendo, persistiendo y resistiendo hasta que la dignidad se haga costumbre.
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Verónica Ortega es académica, activista y feminista.
