Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
La Recomendación 11/99 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) documentaba el caso lamentable de Víctor Castañeda Casas, privado de la vida por tortura en los separos de las recién inauguradas instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco.
En la investigación resaltaba la evidencia sobre la actuación de un médico forense cuya función era certificar el estado de salud de cada uno de los detenidos, en eso que le llamamos un parte médico.
Para algunos es un procedimiento rutinario para describir los “signos y síntomas” de los usuarios, para los protocolos investigar la existencia de la tortura es la ventana para revisar el estándar de trato a la integridad física, el debido proceso y hasta la vida. Es cumplir con los fines de un sistema de justicia que busca para aquellos que están en conflicto con la ley u ofensores, que cuenten con un proceso que rinda cuentas e imponga sanciones ejemplares.
En este caso, el profesional de la salud ante la gravedad de la tortura que sufrió el detenido optó por describir en el parte médico todo lo que no presentaba la persona, es decir, describió su estado mental, su movilidad, su lenguaje etcétera, pero no una certificación minuciosa de cada uno de los golpes que le habían propinado y sus consecuencias. El propio Doctor Mario Rivas Souza, de gran memoria, al referirse al caso, señaló que prácticamente “lo habían crucificado” los policías judiciales de aquel entonces.
Podemos con facilidad deducir que la finalidad del “médico”, no fue la de garantizar en ese momento la salud o cumplir con determinado juramento, sino favorecer la impunidad de los torturadores, dificultar la documentación del estado de la integridad física ante su terrible fallecimiento.
Este hecho me recordó el Boletín de Prensa de la CEDHJ, en el que descartó posibles actos de tortura por la represión ocurrida el pasado 11 de octubre y añadía:
“No obstante, continúa siendo fundamental esclarecer los señalamientos sobre el posible uso excesivo de la fuerza policial y el presunto incumplimiento de los protocolos de actuación, a partir de la evidencia disponible y con objetividad”. (Boletín 59/26)
Señaló que mantuvo “presencia” – lo que eso signifique para ella- en las distintas manifestaciones:
“realizaron labores de observación y acompañamiento antes, durante y después de la manifestación. Asimismo, personal de este organismo dio seguimiento a la situación de las 39 personas detenidas, con el objetivo de vigilar que se respetaran sus derechos y garantías. Como parte de las acciones de acompañamiento a las movilizaciones posteriores, el personal de la Comisión también estuvo presente el 18 de octubre con 39 personas y el domingo 25 de octubre con 40”.
Acompañar, observar, dar seguimiento, incluso vigilar, estar presente, sin describir hallazgos, sin aplicar protocolos internacionales (que si los hay y que tiene obligación de cumplir), sin intervenir o recabar testimonios e incluso evitar realizar acciones proactivas para evitar consumaciones de violaciones a los derechos humanos, implica en realidad haberse percatado de las graves conductas del personal policial y no haber hecho nada por evitar la represión.
La vehemencia e insistencia del personal de la CEDHJ en diversas entrevistas afirmando la inexistencia de tortura, sin evidencia y sin haber actuado, comprueba que no estamos ante una función institucional que se guía por leyes y procedimientos, sino de una reacción que proviene de un espacio ajeno, el político, que paulatina y continuamente con diversos Ombudsperson ha terminado de infartar a dicho organismo.
La evidente falta de independencia y autonomía ha terminado por transformar al organismo en uno utilizado como pieza de una defensa a ultranza de una autoridad señalada de graves violaciones a los derechos humanos, ya antes el propio Congreso del Estado la convirtió en una ventanilla para descuentos ante el SIAPA.
Una cosa es que la institución se vea a ella misma como una especie de organismo filantrópico o un ente certificador y otra proyectarla como una caja de resonancia de los intereses ajenos a la defensa de los derechos humanos, como una deficiente y cínica vocera de intereses del poder.
Se trata de un muro gris más, que se suma a los ofrecidos por Jalisco: coordinaciones de seguridad que no coordinan, ni rinden cuentas; policías que no brindan seguridad ciudadana, pero si represión; fiscalías que no investigan, pero criminalizan a las víctimas, amplían la dinámica de tortura y utilizan el sistema penal para crear miedo, silencio; bomberos que ahora lesionan a quienes se manifiestan: instituciones que no ofrecen escucha, consuelo, verdad y justicia.
La alternativa de esperanza, de nueva cuenta se encuentra en las voces firmes de quienes están sobreviviendo a las desapariciones y torturas, el periodismo comprometido, las organizaciones civiles que una y otra vez han denunciado el origen represivo de las instituciones y practican coherentemente una verdadera defensa compasiva de los derechos humanos; el propio debate público sea en sede pública como el Congreso del Estado de Jalisco, en mesas de debate o notas periodísticas, ha sido útil para revelar que vivimos momentos en el que cualquiera puede ser desaparecido o torturado por manifestarse y que desde los mínimos intereses del poder político se busca colocar el silencio, la mordaza y la violencia como nuevo mecanismos de “comunicación política”.
