SE-SIPINNA plantea modificar la ley para proteger a niñas, niños y adolescentes en producciones audiovisuales

Tras los señalamientos de posibles vulneraciones a los derechos de una actriz de 13 años durante el rodaje de la película Manos Negras, en Veracruz, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, anunció que impulsará una propuesta legislativa para establecer mecanismos de autorización, supervisión y protección para infancias que participan en actividades artísticas.  Desde Tejiendo Redes Infancia advierten que la responsabilidad no puede recaer únicamente en familias, sino también en las empresas y las autoridades.

Por: Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo

La participación de infancias y adolescencias en producciones audiovisuales debe realizarse bajo condiciones que garanticen su integridad física, emocional y psicológica, así como sus derechos a la educación, al descanso y una vida libre de violencia. Así lo planteó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), luego de los señalamientos sobre posibles vulneraciones a los derechos de una actriz de 13 años durante el rodaje de la película Manos Negras en Veracruz.

La Secretaría Ejecutiva hizo un llamado a las autoridades de gobierno, instituciones públicas y privadas, familias y sociedad en general para garantizar la protección integral de las infancias y adolescencias, que participan en actividades cinematográficas y audiovisuales.

Además, manifestó su disposición a brindar orientación jurídica a la adolescente y a su madre, padre o personas responsables de su cuidado, así como informarles sobre sus derechos y las instancias competentes para solicitar protección y atención especializada.

En su comunicado se reconoce la necesidad de fortalecer el Marco normativo que regula la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades artísticas. La SE-SIPINNA señaló que el artículo 175 bis de la Ley Federal del Trabajo establece algunas condiciones para quienes tienen menos de 15 años, entre ellas contar con un acuerdo por escrito y el consentimiento de madres, padres o tutores; que las actividades no interfieran con su educación, esparcimiento y recreación ni se ponga en riesgo su integridad o salud, además de recibir un pago no menor al salario de una persona adolescente trabajadora.

Sin embargo, esta legislación no considera estas actividades como un trabajo, por lo que tampoco exige una autorización previa de la autoridad ni establece un límite de horas para su realización. Este vacío llevó a la Secretaría a anunciar que impulsará una propuesta legislativa para ajustar la ley conforme a los estándares internacionales. Así como, para establecer reglas claras sobre la autorización previa que existe respecto a los horarios y jornadas laborales de acuerdo con la edad, acompañamiento, supervisión independiente y prevención de riesgos, así como protección de los ingresos que generan niñas, niños y adolescentes.

SE-SIPINNA agregó que el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México, permite excepciones a la edad mínima de admisión al empleo mediante permisos individuales de autoridad competente, los cuales deben establecer las horas de actividad y conexiones que se realizan. 

Además, las obligaciones de protección ya existen y deben cumplirse desde ahora sin esperar una modificación legislativa, por lo que, las autoridades y casas productoras deben atender lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y los tratados internacionales.

Para Juan Martín Pérez coordinador de Tejiendo Redes infancia, la discusión no puede limitarse únicamente a la responsabilidad de las familias o de las personas agresores, sino que debe colocar en el centro de las obligaciones de las empresas y del Estado frente a las posibles violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de la industria del entretenimiento.

El coordinador comentó que la respuesta de la industria frente a estos señalamientos de violencia sexual o explotación han evidenciado resistencias para asumir responsabilidades. También cuestionó la manera en que algunas producciones han representado estos hechos al considerar que pueden romantizar la violencia y trasladar la responsabilidad a las víctimas.

Es por ello que, insistió en que las empresas no están excentas de obligaciones en materia de derechos humanos, por tratarse de entidades privadas: “las empresas son corresponsables de la violación a derechos humanos”, comentó, y aunque no forman parte del Estado cuentan con estructuras, recursos y poder de decisión que les hacen responsables de garantizar condiciones de protección dentro de sus actividades.

Además, Juan Martín señaló que uno de los principales problemas es la falta de una normativa que esté actualizada y que sea específica para niñas, niños y adolescentes que participan en la industria del entretenimiento, ya que estas situaciones también se extienden para quienes generan contenido en plataformas digitales como YouTube, TikTok e Instagram.

La autorización de madres, padres o tutores no constituye una garantía suficiente, pues las infancias pueden encontrarse en condiciones de dependencia emocional y económica respecto de sus familias, incluso cuando son quienes generan los ingresos: “Los niñas y niños que fueron involucrados por decisión de su familia como parte de un negocio familiar, de un ingreso familiar tienen poca posibilidad de poder negarse porque dependen emocional y económicamente”.

Aunado a esto, no hay mecanismos para proteger su imagen y su huella digital. Juan Martín advirtió que la exposición pública de infancias y adolescencias pueden permanecer en internet, incluso cuando dejan de participar en la producción o alcanzan la mayoría de edad, sin que necesariamente hayan tenido la posibilidad de decidir sobre el uso futuro de su imagen.

Agregó que la responsabilidad de las familias debe analizarse en relación con las obligaciones de las empresas. Si bien, para algunos hogares la participación de sus hijas e hijos en actividades artísticas puede representar una oportunidad de mejora para sus condiciones económicas, esto no justifica que se vulneren sus derechos.

Juan Martín también señaló que las experiencias de violencia pueden afectar la autoimagen, dignidad y el desarrollo de infancias y adolescencias. Entre las posibles consecuencias mencionó: el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión; por ello, las medidas de protección deben aplicarse antes de que ocurran las vulneraciones y no limitarse a la tensión posterior a las víctimas: 

“Por eso es tan importante entender que es prioridad la prevención, porque aun cuando podamos tener al mejor terapeuta, al mejor psiquiatra o la mejor paidopsiquiatra llegamos tarde”, expresó.

Si bien, Juan Martín respaldó el posicionamiento de la Secretaría Ejecutiva advirtió que la modificación del marco legal no depende exclusivamente de la misma, sino de la voluntad política de los procedimientos institucionales, necesarios para impulsar los cambios.

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Alondra Angel
Alondra Angel
Soy estudiante de Comunicación Pública. Me gusta el color blanco, escuchar música y tomar café. Me encanta estar con mi familia. Creo que el periodismo es una manera de hacer algo frente a las problemáticas de hoy y las que tendrán un impacto en el futuro.

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