La crisis forense en México no se limita a los miles de cuerpos que permanecen sin identificar: también comprende investigaciones insuficientes, deficiencias en el manejo de la información y obstáculos para garantizar una restitución digna a las familias.
Durante el foro público Miradas desde los derechos humanos ante la crisis forense en México, organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), especialistas y familiares de personas desaparecidas advirtieron que las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes y que el Estado no puede reducir esta problemática a cifras, reformas legales o falta de presupuesto. La búsqueda, señalaron, no termina con el hallazgo de un cuerpo, sino con el esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación y la garantía de los derechos de las víctimas y sus familias.
Por Michelle Correa
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. organizó el foro público “Miradas desde los derechos humanos ante la crisis forense en México”, un espacio en el que especialistas, integrantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda analizaron la desaparición de personas y la situación de los servicios forenses en el país.
Iveth Galván García, coordinadora de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que antes “la desaparición era utilizada como modo de represión del Estado” y que ahora “la desaparición está asociada a múltiples violencias”.
No existe un solo tipo de desaparición, y ese es uno de los retos: la complejidad de sus modalidades, causas y responsabilidades.
Agregó que no existe un programa en la agenda del gobierno, es gracias a las madres buscadoras que se intenta dar una respuesta al fenómeno. Han sido las familias quienes han obligado al Estado a mirarles.
Por ello menciona cinco retos para entender el fenómeno:
- Las desapariciones, según el gobierno, son del narcotráfico y del crimen organizado, una misma narrativa, sin embargo, hay unas vinculadas con el gobierno y con corporaciones policiacas. La ONU dijo que es el crimen perfecto porque no existe una investigación, hay impunidad.
- Dejar de pensar que la respuesta está en las normas o leyes. El gobierno siempre quiere reformar leyes para responder al problema, ahí no está la respuesta. Es una herramienta, pero no la solución.
- Que un fenómeno tan grande se reduzca a una discusión de cifras, como el registro nacional de desaparecidos no identificados, y a decir que son menos.
- Atender la crisis forense. Implica identificar y decir qué ocurrió a sus familiares. No termina cuando se encuentra un cuerpo, las investigaciones son insuficientes.
- Los riesgos que enfrentan las personas buscadoras. Por las deficiencias institucionales, lo hacen en contexto de violencia y riesgo. Se ha normalizado que las familias lo hagan.
Jonathan Ávila, de CEPAD, afirmó:
“la crisis forense en Jalisco no es solamente una crisis de capacidades institucionales para identificar los cuerpos, también hay varias cuestiones alrededor, hay una crisis en términos de la búsqueda, de la investigación, sí, de la identificación, pero también de la restitución digna y de garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares”.
No hay una cifra pública e integral de cuántas personas fallecidas han identificado. Hasta agosto, son 13,000 personas sin identificar, una cifra diferente a la de alrededor de 457 de las autoridades. Este año se dijo que se iba a trabajar en documentar y ver realmente la cifra, hasta la fecha no se ha dado ninguna. Se necesita un trabajo multidisciplinar de antropólogos, médicos forenses y genética.
Hay cuerpos a los que no se les hace ningún dictamen. Están en juego el derecho a la identidad, el acceso a la verdad y a la justicia, la trazabilidad de cada cuerpo y el mal manejo de la información, que es obligación de las autoridades.

El banco nacional de datos forenses
Olivia Montoya Juárez, del colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajauto, afirmó que el banco nacional de datos forenses “debería de permitir que las familias dejaran de peregrinar… debería ser la respuesta de una madre”.
Las familias dependen de las fiscalías y del ministerio público, y deben esperar incluso años para obtener una respuesta. Hay que luchar porque sea una herramienta y es una deuda del Estado mexicano. Mientras no funcione, las familias seguirán peregrinando.
Presupuesto, ley y responsabilidad del Estado
Alejandra Cartagena, consejera de búsqueda nacional, señaló “presupuestos que aumentaron muy poco”. Debe haber mejores condiciones y presupuesto, aunque no es solo cuestión de dinero. Cada estado ha creado sus herramientas ante la falta del Estado. La ley general se hizo enteramente por los colectivos y los estados “todavía no la entienden”.
La responsabilidad del Estado es “prevenir y atender”. No podemos entender la crisis de desaparecidos sin la crisis forense. La búsqueda no termina en el hallazgo: debe haber una restitución digna y una política nacional para la crisis forense.


