“En lugar de gastar en intervenciones que te salvan la vida, por el contrario, se crean intervenciones relacionadas con la seguridad pública que más bien ponen en riesgo tu vida”, indica Ricardo Baruch. Con esto se refiere al peligro que supone un encuentro con elementos de la seguridad pública.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, realizada en 2021, de las personas detenidas por posesión ilícita de drogas, el 35% reportó ser golpeada o pateada después de su detención, el 22% fue asfixiada y el 12% recibió descargas eléctricas.
Por otro lado, el Informe sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos que publicó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en diciembre de 2024 muestra que entre 2022 y 2024 se presentaron 786 quejas contra personal operativo de las instituciones de seguridad pública y las principales violaciones señaladas son al derecho a la seguridad jurídica, la prestación indebida del servicio público y lesiones.
Además, de acuerdo con las estadísticas de quejas de la Comisión, tanto el año pasado como lo que va de este, la autoridad con más quejas ha sido la Fiscalía del Estado: sólo en los primeros dos meses de 2025 acumulaba ya 119 quejas. También en los primeros dos meses del año ya había 16 quejas de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas por agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
En enero de este año, un grupo de investigadores y periodistas presentó un informe que analiza 160 casos de desaparición forzada y revela que más de la mitad de estas desapariciones son atribuibles a policías municipales y un tercio a elementos de la Fiscalía estatal. Una de las formas en que sucedieron estas desapariciones fue a través de detenciones por delitos menores.
Un delito que no debería existir
En 2022, México Unido Contra la Delincuencia –la organización en la que trabaja Cristina Reyes- publicó un informe sobre el delito por posesión simple en México. El documento expone todos los motivos por los que sus autoras consideran que el delito de posesión simple debería ser eliminado, con argumentos jurídicos y evidencia documental.
“Para verdaderamente despresurizar el sistema penitenciario en México y satisfacer los derechos de los ciudadanos, debemos exigir una despenalización generalizada de la posesión simple de drogas”, señala el informe.
Pero incluso en los modelos de regulación de cannabis que se han planteado, se mantiene la existencia de este delito. “¿Cómo vas a tener un mercado de cannabis que va a generar un montón de ganancias para los empresarios que entren, mientras sigues deteniendo personas, sobre todo, marginalizadas y vulnerables?”, cuestiona Reyes al respecto.
Esta incongruencia también se ve reflejada en las cifras de detenciones y personas privadas de la libertad por la posesión de cannabis aún cuando en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de cannabis en adultos por afectar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hasta el año pasado, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, esta fue la sustancia por la que se realizaron más detenciones y el 42% de las personas que están en prisiones de Jalisco por posesión simple es por cannabis.
Otras formas de pensar el consumo
“La prohibición no nos permite pensar otras formas alternativas de regular el consumo y, sobre todo, de reducir sus riesgos y sus daños”, expone Cristina Reyes y menciona otro tipo de medidas que funcionan como los espacios de consumo seguro o -en consonancia con Ricardo Baruch- la disponibilidad de información basada en evidencia.
“Tenemos que tener una visión mucho más transversal y que priorice el tema de salud por arriba de los temas penales y judiciales”, añade Baruch.
Para él, además de la información y educación, la prioridad del Estado debería ser las intervenciones de reducción de riesgos y daños, “que reconocen que ante el uso de alguna sustancia se debe tratar de minimizar los potenciales riesgos a la salud y que las personas puedan tomar decisiones sobre si usar alguna sustancia con base en la evidencia científica disponible y con una perspectiva de derechos humanos”.
En la necesidad de otras políticas también coincide Catalina Pérez Correa. “Yo estoy convencida, por los estudios que hemos hecho, que si no cambiamos la política de drogas no vamos a cambiar las condiciones de violencia e inequidad que existen en este país”.
Con políticas basadas en los derechos humanos y la evidencia científica, las historias de Lucía y Daniel podrían tomar otra dirección: la del acceso a la información y servicios de salud y no la de la criminalización.
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El siguiente gráfico se aprecia mejor colocando el teléfono celular de manera horizontal.
