Por orden de Juez federal,el Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores son instados a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir casos individuales de desaparición.
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda llamó al Estado mexicano a cumplir con esta resolución y a abstenerse de impugnarla. Para el Consejo el cumplimiento de esta orden es una: “oportunidad única para que el nuevo gobierno refrende su compromiso con la protección de los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición forzada”.
Por Dalia Souza López / @DalhiaSouza
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, mediante un boletín de prensa, exigió al Gobierno Mexicano -a través del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER)-, a que complete el trámite para aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en casos individuales de desaparición. Esta acción, precisan en el documento, “significaría un avance más en la nueva etapa de colaboración con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano, anunciada a partir de la creación de la Comisión Presidencial para acceder a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”.
La resolución judicial tiene origen en la batalla legal emprendida por la señora María Herrera y su hijo Juan Carlos Trujillo, quienes buscan a Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, desaparecidos en distintos eventos entre el año 2008 y el 2010. En marzo de 2018, madre e hijo, originarios de Michoacán, interpusieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México para obligar al Estado mexicano a admitir la intervención del Comité CED en casos particulares.
En dicha demanda de amparo se hace énfasis en el recuento de las averiguaciones previas iniciadas por los crímenes cometidos en contra de sus familiares y en el nulo resultado de las autoridades competentes en la búsqueda de sus seres queridos; además, da cuenta de la lucha que esta familia ha emprendido por recuperar a sus desaparecidos a través de la Red Enlaces Nacionales y del colectivo que encabezan: “Familiares en Búsqueda María Herrera”. Por lo que, se requiere en el documento de forma urgente la intervención de estos organismos internacionales.
Desde el año 2008, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU; no obstante, los gobiernos federales de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-018) se negaron a aceptar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, reciba y analice casos individuales de desaparición de personas ocurridos en el país.
Habrá que precisar que en el año 2016, la ONU de forma enérgica solicitó a México reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias sobre desaparición forzada. Sin embargo, fue hasta febrero de 2018 –diez años después de la ratificación de la convención- que la autoridad mexicana notificó a dicho organismo que ha tomado nota de la recomendación, pero que no la acatará bajo el argumento de que es una decisión que “involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes” y que, por lo tanto, su solicitud estará “bajo consideración”.
A decir del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, lo anterior constituye: “una violación al derecho de las víctimas de acceder a la justicia ante instancias internacionales en materia de desaparición forzada, y con ello entorpecen los mecanismos de defensa contra violaciones a derechos humanos”. Por lo tanto: “aceptar la resolución sería una muestra de voluntad política de cambio, en favor de los derechos de las víctimas de desaparición” en el país.
