Por Celia Magaña García **
El asesinato a Vanesa Gaitán Ochoa como a Marisela Escobedo constituyen casos paradigmáticos porque tienen la capacidad de cimbrarnos, al exhibir la dimensión de la indolencia de las instituciones para hacer frente, de manera efectiva, a la violencia contra las mujeres y para acceder a la justicia. Comparten además el peso simbólico de haber pedido ayuda a la casa del gobierno de sus respectivas entidades, y de haber hecho todo para no ser víctimas. Por eso nos indigna y nos duele aún más.
Marisela, recordémoslo, murió asesinada el 16 de diciembre de 2010, afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ella estaba en plantón para exigir justicia por el feminicidio a su hija Rubí, en 2008, de apenas 16 años, a manos de su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Él, a pesar de haber confesado, fue liberado. Marisela emprendió entonces y hasta que su último aliento le permitió, una lucha en búsqueda de justicia para su hija. Ella hizo las investigaciones, ella se convirtió en activista. La historia no terminó bien. Ante el inminente ataque a su vida, buscó ayuda en el Palacio de Gobierno pero las puertas no se abrieron para Marisela; la asesinaron ahí mismo.
Tampoco se abrieron para Vanessa de 25 años. Ella había hecho todo lo que el sistema le pidió, denunció desde diciembre del 2017. Obtuvo órdenes de protección. Emprendió el trámite de divorcio. ¿Se imaginan lo que significa estar una año y cuatro meses viviendo el acoso, con el miedo y el desgaste de energía de que en cualquier momento se te puede “aparecer” tu “ex” y violentarte? Porque para él, él no, no fue suficiente.
Si la mayoría de las mujeres estamos hartas de vivir con miedo al salir a la calle, imagínense lo que significa tener un acosador específico designado a tiempo completo. Y resulta que en el estado de Jalisco son 948 mujeres con órdenes de protección; 948 que tienen este miedo y enfrentan este riesgo potencial. Y resulta que el caso de Vanesa nos pone sin concesiones ante una evidencia, es un problema urgente en la entidad que ha sido sistemáticamente desdeñado, subestimado por los gobiernos actual y precedentes, una problemática ante la cual, las instituciones han sido insuficientes e ineficaces y que, lamentablemente, se traducen en la pérdida de la vida de mujeres, que no debieron haber muerto.
Varias compañeras han mostrado las fallas sistemáticas en todos los niveles que el asesinato de Vanessa ha exhibido. Y es que además de la incapacidad y la falta de efectividad de las instituciones responsables para protegerla y dar seguimiento a su caso, la manera de comunicar su asesinato fue deficiente. En efecto, tanto los comunicados oficiales como la mayoría de coberturas mediáticas (salvo honrosas excepciones de reporteras sensibles al tema) se hicieron sin perspectiva de género, con lo cual quedaron en evidencia diferentes estrategias de comunicación ideológicas que terminan por invisibilizar, discriminar, banalizar, culpabilizar y estigmatizar a las mujeres víctimas de feminicidio. De hecho, fue tan desafortunado que uno de los primeros comunicados se escribió en un tono de querer calmar la situación porque la seguridad en Casa Jalisco había sido resguardada y “sólo había sido” un asunto “entre particulares”.
Esto es el reflejo de cómo se concibe la violencia de género como un tema menor y privado. Mientras no exista la voluntad política de dimensionar el problema como lo que es, un asunto prioritario de salud pública urgente, sinceramente, veo muy difícil que se pueda salir de este estado de permanente simulación en la materia. Los medios de comunicación tienen también una responsabilidad que ha sido eludida y que los tiempos les demandan de manera urgente una autorreflexión crítica y un cambio en la manera de abordar el tema de la violencia de género y los feminicidios.
¿Por qué la violencia de género es visible en los medios hasta que se convierte en feminicidio? ¿Por qué el feminicidio está en la sección de las notas rojas?
Al igual que en la Fiscalía General del Estado: hasta que no hay sangre, no se ve. Las palabras construyen, pero también ocultan realidades. ¿Hasta dónde volvemos a asesinar a las víctimas de feminicidio con nuestras palabras? ¿Qué responsabilidad como reporteras y reporteros tienen para dar cuenta de un feminicidio? Uno de los compromisos del gobierno actual del estado de Jalisco ha sido investigar cada asesinato de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, ¿Por qué? Porque el feminicidio ha sido históricamente invisible. Porque si no lo buscamos, se corre el riesgo de seguir siendo omisos a la hora de identificarlo y nombrarlo. Es necesario que los medios dejen también de ser omisos para identificar y nombrar la violencia de género y los feminicidios. La filtración del video mostró otra vez la insensibilidad y la torpeza para tratar el tema.
Escenarios posibles…
¿Y qué hacemos con tanto dolor, con tanta indignación? Sin duda ha resultado sanadora la respuesta colectiva organizada. Una cosa ha quedado clara: a pesar de no querer darse cuenta, el cambio de la sociedad ya está sucediendo, lento si se quiere, no tan generalizado como quisiéramos, pero sí hay un cambio de dirección y un legítimo y amplio movimiento social de base que está cimbrando las bases de este sistema patriarcal. Por el simple y sencillo hecho de que estamos Hartas. En cambio, ha sido desesperanzador constatar que ni las instituciones gubernamentales, ni los medios de comunicación, ni la mayoría de los hombres jaliscienses han estado a la altura de la situación.
En la lista de escenarios posibles, una posible “salida política” de la situación pudiera consistir en “subcontratar” la seguridad de las mujeres de Jalisco a través de otorgar recursos públicos a asociaciones civiles dedicadas a la materia. Si bien considero que esto pudiera coadyuvar a generar estrategias de solución, considero que es indispensable que el gobierno de Jalisco, a través de Enrique Alfaro y de la titular de la recién creada Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo, no eludan su responsabilidad y realicen acciones para que sean las instituciones mismas y, por ende, su personal quienes atiendan a cabalidad su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres jaliscienses. Ese sí sería un cambio histórico, poner un alto a la simulación institucional.
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