Por Montserrat Narro / @MontseNarro
El 21 de mayo, a propósito del caso de Karla Vázquez y Nayeli Herrera, desaparecidas el 2 de mayo, la fiscal Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, dijo que “estas dos chicas comúnmente deambulaban por zonas que ya de por sí tienen una connotación peligrosa que son bares donde hay tráfico de estupefacientes, donde hay actividad hasta altas horas de la noche”.
Esta declaración implica dos afirmaciones graves: primero, se culpabiliza a las víctimas, y segundo, se acota el caso a la responsabilidad individual de las dos jóvenes. Se individualiza –en definitiva- la situación generalizada de violencia e inseguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Y hay que dejar algo en claro: en Jalisco no te desaparecen porque “en algo andabas” o porque “frecuentabas una zona peligrosa”. En Jalisco las personas desaparecen porque hay una crisis de violencia y de impunidad.
No haré aquí un recuento de las cifras, pero sí señalaré un par que me parecen relevantes. La primera, revelada por la misma fiscal Blanca Trujillo: del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019 se descubrieron 14 fosas clandestinas en Jalisco, con un total de 73 cuerpos. La segunda, dicha por Enrique Alfaro: en Jalisco hay 7,117 personas desaparecidas.
No son casos individuales, es que el estado está en llamas.
Ángel García Trejo desapareció el 24 de marzo en las inmediaciones de la central de autobuses de Zapopan. Tiene 29 años y es músico. Carolina Maldonado tiene 22 años y desapareció el 6 de abril en la Colonia Progreso, en Guadalajara. Valeria Devora Lucio, de 17 años, desapareció el 11 de enero en la colonia Las Huertas en Tlaquepaque… Y la lista sigue. De nombres y de lugares que atraviesan toda la ZMG
Si bien estamos iniciando una nueva administración, que se ha comprometido públicamente a enfrentar el asunto y ha entablado procesos de diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo cierto es que el problema es más grande, y los esfuerzos deben venir de todas las dependencias de Gobierno. Es por eso que declaraciones como la de la Fiscal Trujillo y las más recientes del Coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, diciendo que “Quien se mete al mundo del delito en automático está en más posibilidades de ser víctima del delito” -refiriéndose a las víctimas de desaparición- son tan irracionales como lamentables.
Si realmente el Gobierno del Estado de Jalisco quiere hacer un cambio en la manera de abordar el problema, también hay que cambiar el discurso. Si las autoridades siguen refiriéndose a las víctimas de una desaparición como personas relacionadas con la delincuencia, lo que nos están diciendo es que fue responsabilidad de las personas, y no una consecuencia del contexto de violencia e impunidad en el que vivimos.
¿Qué nos toca entonces? Tener siempre presente que la culpa no la tiene la víctima de una desaparición, ni sus familiares. Exigir por todos los medios que tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas funcionen de manera eficaz ante todos los casos, sin revictimizar. Estar atentos y atentas a las acciones que vayan tomando tanto el gobierno estatal como los municipales. Exigir transparencia en los procesos y las investigaciones.
Y, sobre todo, nos toca ser solidarias y solidarios con la lucha de los familiares de las más de siete mil personas desaparecidas que hay en Jalisco. Porque ninguno está exento de ser víctima de la violencia.
