Quince días antes del 29 de septiembre en 2012, Gilberto Vázquez Cortés amenazó a su esposa Imelda Virgen de que iba a matarla. Días antes se vengó cuando ella le avisó que se separarían, matando una de las perritas de ocho que ella había rescatado. Sucedió el feminicidio anunciado y el giro que dio la vida de la familia Virgen Rodríguez no terminó al reconocer su cuerpo; a 7 años de haber iniciado el juicio y estar en prisión preventiva cuatro inculpados, se celebró la última audiencia en el Décimo Cuarto Juzgado Penal, en Puente Grande, Jalisco.
Durante cinco horas estuvieron frente al esposo, autor intelectual, más las tres personas que contrató para simular un asalto, agredirla sexualmente y asesinarla. La dignidad y persistencia con que hermanas, hermano, cuñado, sobrinos y amigas permanecieron en pie esa mañana y en cada acto público donde se exige justicia para ella y todas las demás, es una de las lecciones más admirables que están dando a la sociedad con más de 200 feminicidios por año desde que se tipificó el delito en 2012.
Por Jade Ramírez / @jadercv
Puente Grande, Jalisco.- Entrar al juzgado Décimo Cuarto de lo penal es sencillo, lo difícil es encontrar espacio dónde permanecer entre los laberintos de expedientes amarillentos que parece no se han movido en años y de donde salen como duendes a caminar de un lado a otro, los oficiales y secretarios. Todos los empleados saben que es un día diferente pues está enlistada y anunciada la última audiencia, careo y momento para agregar o emprender otro artilugio la defensa de los cuatro inculpados del feminicidio a Imelda Virgen Rodríguez.
Lo que hace diferentes a estas audiencias, es que no sólo arriban abogados y el ministerio público, también la abogada coadyuvante de la investigación, Alejandra Cartagena y, desde luego, la numerosa familia de Imelda portando además de firmeza, camisetas donde se plasmó su rostro mirando al horizonte con la leyenda de: Justicia.
Cinco horas de pie escuchamos los alegatos y señalamientos del acompañamiento legal de la familia, de los abogados de oficio de los inculpados y las aclaraciones del juez de primera instancia en el Primer Partido Judicial, Carlos Fregoso Reyes, sobre quien pesa la responsabilidad de resolver uno de los feminicidios más mediáticos y controversiales de Jalisco; el procurador de justicia del estado se negó a investigar como tal cuando una semana antes de los hechos la tipificación del delito había quedado establecida; Tomás Coronado Olmos -denunciado por pederastia, trata de menores y pornografía infantil-, se negó a iniciar las investigaciones y acusaciones bajo ese concepto “por no contar con los protocolos” que estuvieron listo hasta un año después.
La primera hora se perdió en la llegada del juez y la definición de en qué actuaría se desahogaría la audiencia. De pronto a nadie le corría el tiempo y de un espacio semi abierto donde cualquiera podía escuchar en barandilla a los acusados que ya esperaban instrucciones detrás del vidrio blindado, se avisó que en una sala contigua de dos por dos metros, donde no cabían el secretario de actas, el juez, los ministerios públicos, los tres abogados y la coadyuvante, se realizaría la audiencia para obviamente dejar fuera a la familia.
Gilberto Vázquez Cortez, Sergio Sánchez Belmontes y David Calzada Ceja acusados de parricidio, violación y homicidio doloso, esperaban indicaciones para acercarse a la ventanilla y su nerviosismo era notorio, se resistían a mirar de nuevo a la familia de Imelda.
Aunque la defensa del trío intentó cerrar la audiencia en una cabina pequeña, el reclamo de la abogada de apoyo cobró frutos cuando arribó Joseline Juviana Ceja Calzada otra implicada en el feminicidio; ella resultó ser el contacto que cerró “el negocio” con Gilberto Vázquez para a cambio de 25 mil pesos conseguir cómplices y concretar la petición de matarla después de sufrir. La mujer de 27 años que ya se casó en prisión preventiva llegó con dos custodias, entonces, fue evidente que el espacio “íntimo” que pretendían en el juzgado usar, no era apropiado.
La primera hora la familia de Imelda tuvo que presenciar las indefiniciones sin que nadie les diera una explicación de nada y menos una disculpa por el retraso. Ya de por sí llegar a los juzgados penales es un viaje en autobús de mínimo una hora, el proceso final donde volverían a ver el rostro de quien atormentó la vida de Imelda los últimos años con violencia psicológica, chantajes y malos tratos para finalmente asesinarla, impregnaba de estrés el momento.
La paciencia de la familia fue enorme y pacífica. Ya en audiencias anteriores habían resultado lesionados simbólicamente cuando una anterior jueza pidió la presencia de siete policías estatales con armas largas para intimidar la puntual presencia de hermanas, madre y demás aliados en la exigencia de justicia. Ni eso los hizo desistir. Llegaron preparados con agua, semillas y aromaterapia.
En disputa de peritajes, no se acreditó tortura
Aunque confesaron los imputados los delitos y en el acta ministerial 1302/2012 de la Agencia 33/A del Servicio Médico Forense, Gilberto Vázquez dejó claro que la noche del 29 de septiembre él ordenó el asesinato disfrazado de robo, porque pretendía quedarse con los bienes de Imelda y no podría conseguirlo si se divorciaban, a cinco años de juicio, repentinamente, argumentó la defensa de Gilberto que cambió de un particular a uno de oficio, el ejercicio de tortura en su contra para declararse culpable.
Se realizaron tres peritajes: uno por la defensa que salió afirmativo, uno por la autoridad, que no determinó resultados contundentes de la declaración de haber sido víctima de tortura y el promovido por la defensa de la familia donde, también, resultó negativo.
Lo que languideció el juicio varios años más, volvió a indagarse en el periodo de preguntas por parte del ministerio público en la audiencia final, pero no hubo respuesta de los detenidos. Se reservaron el derecho a no responder a la petición de describir físicamente a las personas que supuestamente habían ejercido amenazas y tortura durante el proceso de declaración.
Su estrategia: responsabilizar a una hermana de Imelda de estar en prisión
El ministerio público se refirió al careo del 27 de noviembre de 2013 cuando Gilberto afirmó que su declaración que “los judiciales le habían hecho firmar hojas que no le dejaron leer ya que lo torturaron y le dijeron que les acaban de pagar para que declarara lo que ellos habían puesto y que tal pago había sido una fuerte cantidad de dinero que hizo la doctora hermana de la esposa” del acusado.
MP: Que describa el acusado las características físicas de las personas que afirma le hicieron saber tal situación.
JUEZ: Gilberto ¿Entendiste la pregunta?
SECRETARIO: El Agente del Ministerio Público solicitó interrogarte (…)
JUEZ: ¿Qué deseas manifestar al respecto?
Hubo silencio.
Vino la segunda pregunta: También manifestó que cuando llegó al preventivo lo fue a buscar el que antes estaba encargado “del pueblo” conoció como “El Pacheco” y que “nomas estaba esperando que pasada a pueblo, ya que había ido una persona en representación de una doctora que la había dado una fuerte cantidad de dinero para que desapareciera al acusado, ¿Qué diga el acusado las características físicas de la persona al que identifica como El Pacheco?
JUEZ: ¿Escuchaste la pregunta? ¿Tienes algo que agregar?
El procesado giró la cabeza.
El juez Carlos Fregoso Reyes explicó que ante la negativa del procesado de responder apelando a su derecho, instó a la abogada Alejandra Cartagena quien apoyó al ministerio público de la Fiscalía General del Estado, “omitir más preguntas” pero ella pidió una última.
MP: ¿Que diga el interrogado si después de haber sido trasladado al Centro de Reinserción Social en el que actualmente se encuentra, la persona a la que se refiere como “El Pacheco” ha tenido algún tipo de contacto con él?
JUEZ: Aprobado Gilberto ¿Algo que manifestar?
GILBERTO: No voy a contestar.
En la audiencia celebrada el 10 de junio en los juzgados penales de Puente Grande, a los co-acusados también se les cuestionó quién había financiado el peritaje independiente promovido por la defensa de Gilberto Vázquez Cortez en el alegato de tortura, y tanto David Ceja, Joceline Juviana Ceja y Sergio Sánchez Belmontes, se acogieron al derecho de no responder.
Para cuando terminó el primer episodio largo y decepcionante sobre la estrategia de Gilberto Vázquez de perjudicar a la hermana mayor de Imelda -que sí es doctora- al señalarla como la responsable de permanecer en prisión y haber pagado por ello, sofocado estaba el ambiente y el aire en la actuaría donde siguió la audiencia.
Hasta ahí llegaron dos familiares de Juviana Ceja Calzada quien permaneció sentada de frente a los otros tres acusados sin hacer contacto visual con ellas, quienes reclamaron la presencia de medios de comunicación y pidieron al juez retirarnos; Carlos Fregoso Reyes explicó estar impedido a ello.
Una sentencia ejemplar: que se juzgue con perspectiva de género
En 2017 la familia Virgen Rodríguez conoció una sentencia de condenatoria para las cuatro personas por el asesinato de Imelda de 50 años, pero en la segunda instancia los magistrados de la Décima Sala repusieron el proceso, se cerró el juzgado décimo por la transición al nuevo Sistema Penal Acusatorio, se encuentra, otra vez, en el juzgado Décimo Cuarto.
En el foro regional para una Ley General contra los Feminicidios al que convocó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el mes de mayo, los discursos oscilaron entre citas textuales de pensadoras del feminismo, hasta la exaltación de contar con “23 sentencias ejemplares en materia de feminicidio” según el magistrado presidente Ricardo Suro Esteves.
Los señalamientos de las familias víctimas del delito que acudieron a ese foro, se refieren a la burocracia y la falta de aplicación correcta de los protocolos.
Alejandra Cartagena abogada integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), cuestiona el anuncio del magistrado en dicho foro “habría que saber si esas sentencias están firmes porque nosotras tenemos tres sentencias y ninguna se encuentra firme”.
Explica la abogada coadyuvante de casos de violencia de género que las sentencias por feminicidio dan la mínima condena que se contempla de 25 años y no hacen un concurso de delitos claro.
“Blanca es una chica que vivió violencia todo el tiempo, hay antecedentes de ello y ese caso ameritó 25 años; otra joven de veinte años, Brenda con tentativa de homicidio a la abuela por parte de un vecino que las atacó a las dos con un martillo, la joven muere y el juez da la misma sentencia: 25 años y la misma reparación del daño”.
En ambos casos apeló Cartagena pero señala que ambos casos son sin perspectiva de género y las secuelas sociales que esto implica, la posición de poder entre la víctima y el agresor, la vulnerabilidad en que se coloca previamente a la víctima, los antecedentes de agresión, amenazas, entre otros.
Sin contemplar el contexto, nunca un juez impartirá justicia
Las últimas “manifestaciones” de Alejandra Cartagena giraron en señalamientos de burocracia y falta de notificación a las partes con tiempo y forma; describió los daños causados con el feminicidio a Imelda Virgen Rodríguez y finalizó colocando las exigencias:
1.- Se juzgue a resolver en definitiva con perspectiva de género; efectúe el incremento de la pena privativa de la libertad de cada uno de los acusados conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Código Penal de Estado de Jalisco, todo lo anterior atendiendo la naturaleza y condiciones esenciales de los delitos en agravio de Imelda Josefina Virgen Rodríguez, toda vez que las lesiones que le provocaron los hoy acusados en su contra por su intensidad, gravedad y ubicación tienen características de infamia y degradación que expresan la saña y crueldad a la que fue sometida la académica y que firmemente le causaron la muerte; que no solo la atacaron en una zona vital del cuerpo con el objetivo de privarla de la vida de una forma brutal sino por la cantidad de golpes que le provocaron la muerte.
2.- Se aplique las sanciones correspondientes por cada uno de los delitos cometidos por los acusados aplicando el concurso de delitos conforme a lo previsto en los artículos 15, 54 y 55 del Código Penal del Estado de Jalisco.
3.- Se condene a Gilberto Enrique Vázquez Cortez, David Calzada Ceja, Sergio Sánchez Belmontes, Joceline Juviana Calzada Ceja a pagar la reparación del daño en los términos previstos por el Código Penal del Estado de Jalisco, la ley procesal penal para la entidad y de más legislaciones e instrumentos internacionales.
Así también se ordene al estado la reparación integral del daño a las víctimas de los delitos cometidos por dichos acusados en agravio de Imelda: entendido como todo detrimento, alteración, perdida, o menos cabo que pueda afectar a una persona en si misma, su familia, patrimonio y proyecto de vida.
Próximos a las cuatro de la tarde, familia y amigos de Imelda salieron del juzgado que ya había quedado vacío de personal. Regresaron a Guadalajara exhaustos emocionalmente pero fortalecidos por la presencia de otras familias que atraviesa también el duelo de un feminicidio en casa; de nuevo les sigue esperar la sentencia del juez.
En el regreso, me contó Sofía Virgen el recuerdo de la primera audiencia “se le revolvía el estómago de ver a Gilberto” quien fue su cuñado, pero supo desde antes del desenlace que era un problema para ella. Entre sus recuerdos también está que en otra audiencia llegó la madre de Joceline Juviana -quien cerró el trato con Gilberto e invitó a su hermano y otro amigo a ejecutar el crimen- aclamando con llanto “piedad para su hija”, pero que todas las Virgen Rodríguez le aclararon que su hija “debía hacerse responsable de lo que hizo y provocó”.
En la palabra de cada una puede percibirse profundo dolor, pero no venganza. Han recabado aprendizajes y la fortaleza de su peculiar familia las distingue como activistas que sí están exigiendo justicia para Pina, su hermana, pero también para todas.
Paralelamente mientras no exista una sentencia firme del caso, para la Universidad de Guadalajara institución en la que trabajó Imelda más de una década como administrativa y profesora, el esposo sigue siendo el beneficiario de los derechos y prestaciones adquiridas; en vida la señora Mary madre de Imelda, trató de hacer gestiones sin éxito.
Lo que más lastima a la familia y organizaciones acompañantes, es que la UDG no fijó una postura en el caso ni se involucró en la defensa de Imelda, por lo que el mensaje a la comunidad universitaria les resulta “de permiso” para que continúe la violencia de género.
A dos meses de haber concluido la audiencia final, no se sabe cuánto tiempo más le llevará al juez Carlos Fregoso Reyes resolver. ZonaDocs solicitó por escrito entrevista con el juzgador pero al cierre de esta crónica, no se obtuvo respuesta de su parte.
